Reino Unido impulsa un presupuesto con alza de impuestos y nuevos apoyos sociales en medio de tensiones internas

El gobierno del Reino Unido anunció este miércoles un nuevo presupuesto que incluye una suba de impuestos, ampliación de beneficios sociales y medidas para aliviar el costo de vida, en una iniciativa presentada por la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, en Londres. La propuesta, impulsada por el primer ministro Keir Starmer, busca apuntalar las cuentas públicas, promover el crecimiento económico y reducir la pobreza infantil, en un contexto de tensión política interna y caída en la imagen del Partido Laborista.

El presupuesto establece un incremento impositivo estimado en 26.000 millones de libras hasta 2029, un movimiento que marca una ruptura con la promesa electoral laborista de no aumentar la carga fiscal sobre los trabajadores. Pese a ello, el gobierno argumenta que las medidas son necesarias para sostener el gasto social, ampliar la capacidad fiscal ante posibles crisis económicas y mantener la estabilidad macroeconómica.

La presentación, sin embargo, estuvo atravesada por un episodio inesperado: una filtración anticipada del contenido del presupuesto por un error técnico de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR). Reeves calificó el hecho como “profundamente decepcionante y un grave error”, según informó la prensa británica, mientras que la OBR anunció que reportará el incidente a las autoridades correspondientes.

Entre los ejes centrales del paquete fiscal sobresale la decisión de extender por tres años —a partir de 2028— la congelación de los umbrales del impuesto a las ganancias, una medida que hará que más empleados queden incluidos en tramos superiores conforme aumenten los salarios. Esta decisión, que había sido cuestionada en anteriores gobiernos conservadores, ahora será utilizada por el laborismo como mecanismo para incrementar la recaudación sin elevar directamente las tasas tributarias generales.

A esta política se suman nuevas cargas impositivas sobre sectores y patrimonios específicos. Por un lado, se incorpora un impuesto sobre propiedades valuadas en más de 2 millones de libras, junto con ajustes a los tributos sobre ganancias de capital. También habrá incrementos en los gravámenes aplicados al juego y las apuestas, así como la introducción de un nuevo tributo destinado al uso de automóviles eléctricos, una medida que sorprendió a parte del electorado laborista por su potencial contradicción con las políticas de transición energética.

El presupuesto también limita las provisiones libres de impuestos de las pensiones privadas, lo que permitirá sumar 4.700 millones de libras adicionales mediante el recargo de la Seguridad Social. En paralelo, la suba de dos puntos porcentuales en las tasas aplicadas a dividendos, ingresos inmobiliarios y ahorros generará otros 2.100 millones de libras en el mismo período.

El esquema se complementa con una actualización del impuesto municipal para inmuebles de alto valor, que aportará cerca de 500 millones de libras, y un aumento en los tributos vinculados al sector del juego que sumará 1.100 millones de libras más. Con este abanico de medidas, Reeves busca asegurar que el Estado cuente con recursos suficientes para financiar programas sociales y políticas de estabilización económica.

En el plano social, el Ejecutivo anunció la implementación de iniciativas orientadas a mejorar el poder adquisitivo de los hogares. Entre ellas, se destaca el aumento del salario mínimo, una de las promesas centrales del laborismo durante la campaña. El gobierno también resolvió congelar las tarifas ferroviarias, algo que no ocurría desde hace tres décadas, y establecer una reducción en los impuestos aplicados a las facturas de energía residencial, con el objetivo de atenuar el impacto del encarecimiento de los servicios públicos.

Una de las decisiones más relevantes —y políticamente sensibles— es la eliminación del límite de ayudas sociales para familias con más de dos hijos, una política que según el Ejecutivo beneficiará a 450.000 menores y demandará una inversión estatal estimada en 3.000 millones de libras. Esta medida fue celebrada por organizaciones sociales, pero generó recelos entre sectores conservadores que consideran que podría incentivar el gasto público sin generar retornos claros en términos de empleo o productividad.

Reeves reconoció que el aumento impositivo contradice el espíritu de las promesas electorales de no incrementar la carga tributaria sobre los trabajadores, pero aseguró que “no existían alternativas más justas ni viables” para enfrentar las presiones fiscales actuales. En ese sentido, remarcó la necesidad de preservar un margen fiscal amplio que permita reaccionar con rapidez ante eventuales crisis económicas globales.

El escenario político no es menos desafiante para el gobierno. El laborismo atraviesa un momento de debilidad en las encuestas, ubicándose detrás del partido de ultraderecha Reform UK, encabezado por Nigel Farage, un dirigente que ha ganado terreno impulsando un discurso crítico hacia los impuestos y las políticas de asistencia social. En este marco, el presupuesto se convierte en una prueba crucial para la administración de Starmer, que busca consolidar su conducción y recuperar apoyo social luego de meses de desgaste.

Desde la oposición conservadora, la dirigente Kemi Badenoch lanzó duras críticas a Reeves, a quien acusó de utilizar la suba de impuestos para financiar gastos que “no impulsan la productividad ni la inversión privada”. Incluso afirmó que, si la ministra fuera “decente”, debería renunciar por incumplir las promesas que el laborismo sostuvo durante la campaña. El gobierno desestimó estos cuestionamientos y defendió el enfoque elegido, señalando que la prioridad es proteger a los sectores más vulnerables y recuperar la solvencia fiscal tras años de déficits persistentes.

En cuanto a las perspectivas macroeconómicas, el Tesoro británico estima que la economía crecerá 1,5% en 2025, una cifra medio punto por encima de lo previsto anteriormente. Sin embargo, el panorama a mediano plazo sigue siendo moderado, con proyecciones de crecimiento del 1,4% en 2026 y del 1,5% entre 2027 y 2029. El informe oficial también anticipa que la deuda pública alcanzará el 96,1% del PBI para el cierre de ese período, mientras que la inflación se ubicaría en 3,5% en 2025, acercándose al objetivo del 2% en los años siguientes.

En este contexto, el presupuesto británico combina un aumento de la presión fiscal, la ampliación de beneficios sociales y una proyección económica moderada. La efectividad del plan se evaluará en los próximos meses, mientras el gobierno intenta equilibrar las cuentas públicas y sostener la cohesión interna en medio de un clima político desafiante, según reconstruyó Infobae.