Brasil avanza con una reforma tributaria que exime del impuesto a los salarios bajos y aumenta la carga sobre los más ricos

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionó este miércoles en Brasilia una reforma del impuesto a la renta que exime del tributo a los trabajadores que perciben hasta 5.000 reales mensuales, eleva las cargas a quienes se ubican en los tramos más altos y cumple una de las principales promesas de campaña del mandatario. La norma, aprobada por unanimidad en el Congreso, apunta a aliviar a los sectores de menores ingresos y a reforzar la progresividad del sistema fiscal, en un contexto político y económico en el que el gobierno busca consolidar apoyo social y sostener el crecimiento.

La legislación duplica el umbral vigente hasta ahora para quedar exento del impuesto a la renta y establece que quienes ganen hasta 7.350 reales recibirán una reducción proporcional de la carga tributaria. El Palacio del Planalto estimó que 15 millones de personas serán alcanzadas por el beneficio: 10 millones quedarán completamente liberadas del pago y otros 5 millones verán una disminución en el monto retenido. Para compensar la caída en la recaudación, el Ministerio de Finanzas estableció nuevas escalas para los tramos más altos, con un mínimo efectivo para quienes superen los 600.000 reales anuales y una tasa máxima del 10% para ingresos superiores a 1.200.000 reales.

Durante la ceremonia de promulgación, Lula definió la reforma como un acto de “justicia fiscal” y recordó que el cambio había sido uno de los compromisos centrales de su campaña electoral. El mandatario volvió a centrar su mensaje en la reducción de la desigualdad y en la necesidad de que el Estado favorezca a quienes dependen de él para acceder a mejores condiciones de vida. La iniciativa se presentó como un paso más dentro de una estrategia que el gobierno viene impulsando para estimular el consumo interno, reforzar la inclusión social y sostener el poder adquisitivo en un escenario de inflación controlada y recuperación del empleo.

Las autoridades económicas destacaron que el país atraviesa un período favorable para avanzar en modificaciones estructurales del sistema impositivo. Según el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, la combinación de un desempleo en niveles históricamente bajos, un índice inflacionario cercano al 5% y la reducción de la brecha salarial permite implementar la reforma sin generar tensiones fiscales graves. Al mismo tiempo, Haddad subrayó que el rediseño del esquema procura reforzar la progresividad del impuesto y acercar la estructura tributaria brasileña a los estándares de los países con sistemas más equilibrados en términos distributivos.

El avance legislativo de la norma se produjo sin objeciones relevantes en el Congreso. La aprobación unánime reflejó el consenso conseguido alrededor de la necesidad de actualizar los parámetros de la imposición sobre la renta, que habían quedado rezagados frente a la evolución de los salarios y del costo de vida. Sin embargo, la ausencia de los presidentes de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, y del Senado, Davi Alcolumbre, en el acto de sanción alimentó especulaciones sobre tensiones internas y disputas vinculadas al inicio del ciclo político hacia las elecciones presidenciales de 2026, escenario en el que Lula ya confirmó su intención de competir.

La reforma da respuesta a un reclamo extendido entre los trabajadores formales, especialmente aquellos ubicados en los tramos medios y bajos del mercado laboral. De acuerdo con el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el 90% de la población tuvo en 2024 un ingreso familiar per cápita por debajo de los 4.040 reales. Ese dato marcó el trasfondo del debate público en torno a la equidad del sistema impositivo y a la necesidad de actualizar los valores de referencia para que más contribuyentes quedaran desafectados del pago o vieran una reducción significativa de su carga mensual.

Tanto Lula como su principal adversario en las elecciones de 2022, Jair Bolsonaro, habían prometido duplicar la base de exención. Sin embargo, solo el actual mandatario logró concretar la iniciativa durante su gestión. La aprobación del proyecto buscó también enviar una señal política hacia los sectores de menores ingresos, base electoral que fue determinante en la victoria del oficialismo en los últimos comicios.

La sanción de la ley coincide con una etapa de recuperación de la imagen pública del gobierno brasileño, que había sufrido un desgaste meses atrás. La reciente decisión de Estados Unidos de revertir los aranceles del 50% aplicados a diversas exportaciones brasileñas durante la administración de Donald Trump redujo tensiones diplomáticas y mejoró la perspectiva comercial del país, lo que generó un impacto favorable en la percepción social del desempeño de la gestión.

En términos económicos, los analistas señalan que el efecto inmediato de la reforma podría traducirse en una mejora del ingreso disponible para millones de trabajadores, con un impacto potencial sobre el consumo interno. Al mismo tiempo, el nuevo esquema impositivo supone un aumento para alrededor de 140.000 contribuyentes de altos ingresos, quienes hasta ahora pagaban un tipo efectivo del 2,5%. La corrección de esa distorsión ha sido defendida por Hacienda como un paso necesario para modernizar la estructura tributaria y adecuarla a un criterio más progresivo.

Entre los puntos destacados de la implementación, el gobierno señaló que el nuevo tramo del 10% para los mayores ingresos busca limitar la evasión y equilibrar la carga fiscal entre los contribuyentes. La medida se articula con otros proyectos que Hacienda evalúa impulsar en los próximos meses, orientados a mejorar la recaudación, simplificar el sistema y unificar criterios entre los distintos gravámenes federales, estatales y municipales.

La aplicación plena de los cambios comenzará con el calendario fiscal del próximo año, lo que permitirá a los trabajadores de salarios bajos ver el impacto inmediato en sus boletas mensuales. Con la reforma ya en marcha, el gobierno apuesta a que el alivio tributario incremente la capacidad de consumo y contribuya al crecimiento económico durante 2025, mientras el país se prepara para un escenario político en el que la disputa por la presidencia promete intensificarse.

Casi dos décadas después de que Lula asumiera su primer mandato, su administración vuelve a apoyarse en un programa que coloca la redistribución del ingreso y el fortalecimiento del poder adquisitivo de los sectores populares en el centro de la agenda. La sanción de la reforma impositiva se inscribe en esa misma línea, con un mensaje claro sobre la dirección en la que el gobierno pretende orientar las políticas públicas en los próximos años, en un escenario social todavía marcado por desigualdades estructurales.

Al cierre, el gobierno destacó que el cambio forma parte de un proyecto más amplio de reorganización del sistema tributario brasileño. La discusión continuará en el Congreso a medida que avancen las propuestas para simplificar impuestos, coordinar responsabilidades entre estados y municipios y fortalecer los mecanismos de control. La administración confía en que el nuevo esquema permitirá construir un sistema más equilibrado y justo, objetivo que definió como prioritario para la etapa que viene. En Brasil señalaron que varios medios internacionales, entre ellos Infobae, siguieron de cerca el impacto político y económico de la medida.