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El Ministro de Economía, Luis Caputo, encabezará esta semana una serie de reuniones clave con gobernadores y representantes de la Ciudad de Buenos Aires para avanzar en la versión final del Presupuesto 2026, que el Gobierno deberá enviar en los próximos días a la Cámara de Diputados. Los encuentros buscan definir ajustes políticos y técnicos en un contexto de tensiones por la coparticipación, los subsidios energéticos y los fondos que las provincias reclaman recomponer. Según informó Infobae, las conversaciones se dan en un momento en el que la administración nacional intenta cerrar un esquema que preserve el superávit fiscal sin ceder a presiones locales.
Hasta el momento, los mandatarios provinciales y el jefe de Gobierno porteño no habían recibido un borrador actualizado con las últimas modificaciones. La redacción del proyecto continúa en manos del secretario de Presupuesto, Carlos Guberman, y su equipo del Palacio de Hacienda, quienes ajustan artículos sensibles para los gobiernos subnacionales.
En paralelo al recorrido federal del ministro del Interior, Diego Santili, Caputo tomará un rol más activo en la negociación política. Hacia la mitad de la semana, planea recibir al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, con quien ya mantuvo un encuentro días atrás al firmar el acuerdo para la baja gradual de retenciones al petróleo. En ese entendimiento se estableció una escala según el precio internacional del crudo: hasta USD 65, retención cero; entre USD 65 y USD 80, un esquema escalonado; y por encima de ese nivel, un 8%. Ese mismo día también visitó el Palacio de Hacienda el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, otro actor central para los ingresos petroleros del Estado.
Aunque desde Economía no confirmaron ni descartaron oficialmente el nuevo encuentro con Vidal, se espera que el diálogo avance sobre los puntos que preocupan a las provincias productoras y sobre los criterios de distribución del presupuesto nacional. Desde el entorno de Santili no precisaron si participará del cónclave, aunque la semana pasada ya había mantenido reuniones con el mandatario santacruceño y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La presencia de Caputo en estas mesas representa un cambio en su estrategia. Antes de las elecciones de medio término, el ministro había reconocido públicamente que había mantenido una postura demasiado técnica y que debía involucrarse más en las negociaciones políticas. “Fue un error de mi lado no haberme involucrado más en lo político”, admitió en una entrevista. Su participación directa ahora busca evitar cortocircuitos entre gobernadores y funcionarios de Hacienda en un momento de alta sensibilidad fiscal.
A pesar de la apertura al diálogo, la administración nacional tiene definidos algunos límites. El Ejecutivo no está dispuesto a avanzar en la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos ni en la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), dos reclamos que los gobernadores pusieron sobre la mesa y que impulsaron por su cuenta en el Congreso. Esa iniciativa llegó a prosperar: las provincias lograron la aprobación de una ley que luego fue vetada por el presidente Javier Milei, con el argumento de que afectaba el superávit fiscal.
Otro de los temas que generó fricciones es el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas. La primera versión del proyecto de Presupuesto 2026 incluía un artículo que eliminaba la ampliación del régimen de Zonas Frías, aplicada en 2021, lo que dejaría fuera del beneficio a más de tres millones de hogares que accedieron a descuentos en sus facturas en los últimos años. El recorte afectaría especialmente a usuarios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, donde los inviernos son más templados, pero el régimen había ampliado de forma considerable la cobertura.
Desde la Casa Rosada relativizaron la polémica. “Córdoba estaba en Zonas Frías”, ironizó un alto funcionario involucrado en las negociaciones, al sostener que la nueva estructura de subsidios anunciada el viernes para luz, gas y garrafas permitiría ordenar el esquema sin sostener beneficios que califican como “distorsivos”.
Además de las conversaciones con los gobernadores, esta semana habrá un capítulo específico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El martes se realizará un encuentro técnico entre los equipos del Ministerio de Economía y del Gobierno porteño, mientras que el jueves Santili recibirá al jefe de Gobierno, Jorge Macri, en la Casa Rosada.
El 11 de noviembre ambas partes ya habían mantenido una reunión considerada “positiva”, en la que se avanzó sobre la deuda que la Nación mantiene con la Ciudad por el 1,55% de la coparticipación, conforme al fallo de la Corte Suprema. Desde agosto, el Estado nacional adeuda $274.000 millones, correspondientes a las transferencias semanales que deben enviarse al distrito. El Gobierno porteño exige que se normalicen los pagos, se salde la deuda acumulada y se incluya la partida correspondiente en el Presupuesto 2026.
La Ciudad insiste en que no se trata de un reclamo político sino judicial, amparado en la resolución del máximo tribunal. Si bien la negociación podría extenderse, ambas partes reconocen que la definición debe quedar incluida en el proyecto que el Gobierno enviará al Congreso.
En el trasfondo de todas estas negociaciones está el objetivo central del Gobierno: mantener el orden fiscal. El Ejecutivo busca evitar que las modificaciones exigidas por gobernadores pongan en riesgo el superávit primario, uno de los pilares de la política económica durante el último año. Por eso, incluso cuando se muestra dispuesto a dialogar, sostiene posiciones inflexibles en materia tributaria y de distribución de fondos.
Las provincias, por su parte, enfrentan un escenario de ingresos tensos tras la reducción de transferencias discrecionales y la eliminación de partidas que se mantenían desde hace años. Gobernadores patagónicos, del centro y del norte del país vienen advirtiendo sobre la dificultad de sostener gastos esenciales sin una recomposición de fondos o un rediseño de la distribución. Aunque algunas administraciones muestran superávit propio, los presupuestos provinciales aún dependen en gran medida de la coparticipación nacional.
En este equilibrio complejo, Caputo retoma el rol político que él mismo reconoció haber descuidado. La semana que comienza será decisiva para determinar cuánto margen concede el Gobierno y cuánto respaldo tendrá en el Congreso una ley clave para el funcionamiento del Estado durante el próximo año.
