Tierra del Fuego redefine su política acuícola y habilita proyectos con foco en sustentabilidad

La Legislatura de Tierra del Fuego sancionó una nueva ley que establece un marco integral para el desarrollo de la acuicultura en la provincia y deja sin efecto la normativa anterior que prohibía la salmonicultura. La iniciativa, aprobada por una ajustada mayoría, segun informó  LA NACION , en nota de Belkis Martinez,  generó un inmediato impacto en el sector productivo, que proyecta inversiones de entre 550 y 600 millones de dólares.

Un cambio de paradigma normativo

La flamante legislación sustituye a la Ley 1355 y propone pasar de un esquema restrictivo a uno regulado, orientado al crecimiento planificado de la actividad. El texto habilita proyectos de hasta 1000 toneladas de producción —muy por encima del límite previo de 50 toneladas— y adopta los principios de la Ley Nacional de Desarrollo Sustentable del Sector Acuícola N.º 27.231, con eje en la sanidad animal y la protección ambiental.

Si bien la norma permite avanzar en la producción de salmónidos bajo condiciones específicas, el alcance es más amplio: busca posicionar a Tierra del Fuego como un polo de producción sustentable de organismos acuáticos, sin intervenir lagos ni lagunas y manteniendo la prohibición de instalaciones en el Canal de Beagle.

Inversiones y especies con potencial

Desde el sector privado estiman que el nuevo marco legal podría atraer inversiones cercanas a los US$600 millones. De acuerdo con especialistas, el mayor potencial no se limita al salmón, sino que incluye el desarrollo de mejillones, trucha arco iris y experiencias piloto con centolla y algas.

En diálogo con LA NACION, el exdirector nacional de Acuicultura y consultor del Banco Mundial, Guillermo Abdala Bertiche, explicó que la actividad debe entenderse como una rama agropecuaria integral. “La acuicultura no es solo criar peces: abarca algas, moluscos y otros organismos que se producen y reproducen en ambientes controlados”, señaló.

Sustentabilidad y control ambiental

Uno de los ejes centrales de la ley es la sustentabilidad. La norma establece condiciones ambientales consideradas “irrenunciables” y un ordenamiento territorial que busca evitar impactos negativos observados en otros países. Entre los puntos destacados, se regula el uso consuntivo del agua y se priorizan tecnologías de recirculación cerrada, capaces de reutilizar hasta el 93 % del recurso hídrico.

Además, cada emprendimiento deberá presentar una Guía de Aviso de Proyecto (GAP) y un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), que serán evaluados antes de su aprobación. El objetivo es asegurar un control estricto desde la planificación hasta la operación.

Un modelo de nicho y alto valor agregado

Según Abdala Bertiche, el esquema que propone Tierra del Fuego no apunta a competir en volumen con países como Chile o Noruega, sino a diferenciarse por calidad y trazabilidad. “El diseño argentino se alinea con las directrices internacionales acordadas en la FAO en 2023 y busca densidades bajas y bienestar animal, cuidando especialmente el ambiente”, afirmó.

Guillermo Abdala Bertiche, exdirector nacional de acuicultura, consultor del Banco Mundial y asesor del Consejo Federal de Inversiones (CFI)

A nivel global, la acuicultura mueve cerca de 330.000 millones de dólares anuales y produce entre 250 y 280 millones de toneladas, lo que muestra la magnitud de un sector en expansión.

Investigación, mercado interno y tecnología

La ley también contempla la creación de un Centro de Desarrollo Pesquero y Acuícola destinado a la investigación y la transferencia de conocimientos. Asimismo, fija que una parte de la producción deberá destinarse al consumo local, fortaleciendo el abastecimiento interno.

El componente tecnológico será clave: aunque la provincia aún no opera plenamente con sistemas cerrados, la norma establece parámetros mínimos y máximos para que el crecimiento sea progresivo y ambientalmente responsable.

Repercusiones políticas y debate social

La aprobación generó reacciones inmediatas. Desde el Gobierno nacional, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la medida en redes sociales y sostuvo que la acuicultura puede convertirse en una ventaja competitiva para la provincia. En la misma línea, el senador Agustín Coto destacó el potencial de generación de empleo y exportaciones.

En contraste, sectores de la oposición expresaron fuertes objeciones. La legisladora María Laura Colazo, del Partido Verde, advirtió que la modificación de la ley representa un retroceso ambiental y anticipó que continuarán las acciones para defender los ecosistemas fueguinos.

María Laura Colazo, presidenta del Partido Verde ecologista