Estados Unidos elevó sus demandas en la negociación del T-MEC y condicionó la continuidad del acuerdo

Estados Unidos endureció su posición en las negociaciones comerciales con Canadá y México en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al presentar un amplio listado de exigencias que, según advirtió la administración estadounidense, podrían definir el futuro del acuerdo. El planteo fue confirmado en las últimas horas por el primer ministro canadiense, Mark Carney, y reforzado por declaraciones del representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, quien señaló que la eventual extensión del tratado dependerá de que se aborden una serie de “cuestiones específicas y estructurales”. La discusión es relevante porque el T-MEC rige el intercambio entre las tres mayores economías de América del Norte y su revisión formal está prevista para el próximo año. Así lo informó Infobae, a partir de fuentes oficiales y reportes internacionales.

Durante una conferencia de prensa en Ottawa, Carney confirmó que Estados Unidos presentó docenas de reclamos en las conversaciones en curso. Según precisó, Washington enumeró al menos 54 puntos específicos en su agenda de negociación con México, una cifra que refleja el alcance y la complejidad de las discusiones. El primer ministro canadiense explicó que los tres países han puesto sobre la mesa sus prioridades, aunque remarcó que la cantidad de demandas estadounidenses supera ampliamente las planteadas por sus socios.

El endurecimiento de la postura estadounidense se produce bajo la conducción del presidente Donald Trump, quien ya había mostrado una estrategia más confrontativa en materia comercial durante etapas previas del acuerdo. En esta nueva instancia, la Casa Blanca busca revisar aspectos sensibles del T-MEC, con foco en sectores estratégicos y en políticas que considera distorsivas para el acceso de productos estadounidenses a los mercados vecinos.

Uno de los principales puntos de fricción es el sistema de gestión regulada de la producción agrícola de Canadá, en particular en el sector lácteo. Este esquema, vigente desde hace más de cinco décadas y reconocido dentro de los lineamientos del T-MEC, establece límites a la producción interna y regula el ingreso de productos importados para estabilizar precios y proteger a los productores locales. En la práctica, el sistema restringe la entrada de productos lácteos estadounidenses sin aranceles hasta un 3,5% de la demanda canadiense.

Desde Washington, este mecanismo es considerado una barrera injustificada. La administración Trump acusa a Canadá de aplicar aranceles de hasta 400% sobre productos lácteos estadounidenses que exceden las cuotas permitidas. Por el contrario, el gobierno canadiense defiende el sistema como una herramienta clave para la estabilidad del sector agropecuario, especialmente en provincias como Quebec, donde la producción láctea tiene un peso económico y político significativo.

El propio Carney respaldó públicamente este modelo y lo presentó como una política de largo plazo que cuenta con consenso interno. No obstante, reconoció que se trata de uno de los temas más sensibles dentro de la negociación con Estados Unidos, y uno de los que podría definir el rumbo del acuerdo.

Las exigencias estadounidenses no se limitan al mercado lácteo. Según declaraciones reproducidas por medios norteamericanos y canadienses, Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, sostuvo ante legisladores que la continuidad del acuerdo —conocido en inglés como CUSMA— estará supeditada a la revisión de varios aspectos considerados estructurales. Entre ellos, mencionó no solo el acceso al mercado agrícola canadiense, sino también la forma en que se asignan las cuotas de importación sin aranceles y las reglas que rigen la exportación internacional de proteínas lácteas producidas en Canadá.

Además, Washington manifestó interés en revisar otras áreas sensibles, como las políticas culturales y de medios de comunicación canadienses, que incluyen regulaciones orientadas a proteger contenidos locales frente a plataformas extranjeras. A esto se suman cuestionamientos vinculados a los aranceles aplicados sobre acero, aluminio y energía, sectores que ya fueron foco de tensiones bilaterales en años recientes.

El trasfondo de estas discusiones está marcado por antecedentes de conflictos comerciales no resueltos. De acuerdo con datos citados por la agencia EFE, en octubre Canadá y Estados Unidos estuvieron cerca de alcanzar un entendimiento sobre los aranceles al acero canadiense, que en algunos casos llegaron al 50%. Sin embargo, el proceso se vio interrumpido luego de que el gobierno canadiense emitiera anuncios televisivos en Estados Unidos criticando esas medidas.

Esa campaña provocó una reacción inmediata del presidente Trump, quien decidió suspender el diálogo bilateral y se mostró reacio a retomar las conversaciones, pese a los intentos posteriores de Ottawa por recomponer el vínculo. Este episodio profundizó la desconfianza entre ambos gobiernos y añadió un nuevo elemento de tensión a las negociaciones del T-MEC.

En este escenario, el rol de México también es clave. Aunque gran parte de los reclamos públicos se concentran en la relación entre Estados Unidos y Canadá, Washington presentó una extensa lista de demandas específicas al gobierno mexicano, lo que anticipa negociaciones complejas en áreas como reglas de origen, estándares laborales y condiciones de acceso a distintos mercados sectoriales. Si bien las autoridades mexicanas no detallaron públicamente el contenido de esos 54 puntos, el volumen de exigencias confirma que la revisión del tratado será amplia y potencialmente conflictiva.

La revisión formal del T-MEC está prevista para comenzar el próximo año. En esa instancia, los tres países deberán decidir si extienden la vigencia del acuerdo más allá de 2036, tal como lo establece el propio tratado. El proceso no implica automáticamente una renegociación total, pero sí habilita a cualquiera de las partes a plantear cambios sustanciales o, en última instancia, a cuestionar la continuidad del pacto.

Para Canadá y México, el T-MEC es un pilar central de su relación económica con Estados Unidos. El acuerdo regula cadenas de valor altamente integradas, especialmente en sectores como la industria automotriz, la energía, la agricultura y la manufactura. Cualquier modificación significativa podría tener impactos directos sobre inversiones, empleo y comercio regional.

Desde la perspectiva estadounidense, el endurecimiento de las exigencias responde a una estrategia orientada a reducir déficits comerciales, mejorar el acceso de productos nacionales a mercados externos y revisar políticas que considera contrarias a la competencia. Sin embargo, críticos del enfoque advierten que una postura demasiado rígida podría generar incertidumbre y afectar la estabilidad de las relaciones comerciales en América del Norte.

En Canadá, el debate interno también es intenso. Mientras el gobierno federal defiende sectores estratégicos como el agro, distintas voces empresarias alertan sobre el riesgo de represalias comerciales o de un eventual debilitamiento del acuerdo. En México, en tanto, el foco está puesto en preservar el acceso preferencial al mercado estadounidense, clave para su modelo exportador.

A medida que se acerca la revisión formal del tratado, el escenario se presenta abierto. Las declaraciones de Greer dejaron en claro que Estados Unidos está dispuesto a condicionar la continuidad del T-MEC al resultado de estas negociaciones. Del lado canadiense y mexicano, el desafío será equilibrar la defensa de intereses nacionales con la necesidad de sostener un acuerdo que estructura gran parte del comercio regional.

El futuro del T-MEC, así, dependerá de la capacidad de los tres países para alcanzar compromisos en un contexto de tensiones políticas, reclamos sectoriales y una agenda comercial cada vez más exigente. Lo que está en juego no es solo la letra de un tratado, sino el marco que ordena una de las zonas económicas más integradas del mundo.