La Unión Europea decidió volver a retrasar la firma del acuerdo comercial con el Mercosur, prevista inicialmente para el 20 de diciembre de 2025, tras la falta de consenso entre los Estados miembro y a pedido de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. La postergación, que desplaza la definición al menos hasta enero de 2026, resulta relevante porque evidencia que, aun después de más de dos décadas de negociaciones, el tratado sigue enfrentando fuertes resistencias políticas dentro de Europa y mantiene en suspenso la creación de una de las mayores áreas de libre comercio del mundo, según informó El Economista.
La decisión fue tomada en Bruselas, donde los gobiernos europeos no lograron reunir el respaldo suficiente para avanzar con la ratificación del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, integrado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. El freno de Italia se sumó a las objeciones históricas de países como Francia, Austria, Irlanda y Polonia, cuyos sectores agrícolas consideran que el pacto podría afectar su competitividad frente a las exportaciones sudamericanas.
El retraso tuvo un efecto inmediato: impidió que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajara a Brasil este fin de semana para concretar la firma formal del acuerdo, tal como estaba previsto en la agenda oficial. Sin un respaldo político mínimo entre los Estados miembro, Bruselas optó por posponer una definición que podría haber profundizado las divisiones internas del bloque.

El acuerdo UE–Mercosur busca eliminar o reducir aranceles, facilitar el comercio de bienes y servicios y establecer reglas comunes en áreas como compras públicas, propiedad intelectual y estándares sanitarios y ambientales. De concretarse, daría origen a un mercado ampliado de más de 700 millones de personas, con un impacto significativo sobre el comercio global. Sin embargo, el capítulo agrícola sigue siendo el principal punto de conflicto, especialmente en Europa, donde los productores temen una mayor competencia de carnes, granos y otros productos agroindustriales provenientes de Sudamérica.
La oposición de los países europeos no es homogénea, pero sí influyente. En Francia e Italia, los sectores rurales tienen un peso político relevante y presionan a sus gobiernos para bloquear o condicionar el acuerdo. En ese contexto, la postura de Meloni resultó determinante para frenar el avance del tratado en esta etapa. La primera ministra italiana solicitó más tiempo para construir consensos internos y evaluar el impacto del pacto sobre su economía, una posición que terminó inclinando la balanza dentro del Consejo Europeo.
Aun si algunos de los países críticos modificaran su postura en las próximas semanas, el camino del acuerdo está lejos de despejarse. El texto también debe ser aprobado por el Parlamento Europeo, donde la resistencia al pacto creció en los últimos años y atraviesa a distintos espacios políticos, desde sectores conservadores hasta grupos ambientalistas y de izquierda. La fragmentación parlamentaria convierte la ratificación en un proceso incierto y potencialmente prolongado.
En este contexto, mediados de enero aparece como una fecha clave. Si para entonces no se logra destrabar el consenso político, el Parlamento Europeo podría avanzar con una resolución para remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ese escenario implicaría un riesgo significativo: la revisión judicial podría congelar la ratificación hasta por dos años adicionales, prolongando una negociación que ya acumula más de veinte años de idas y vueltas.

Desde Sudamérica, la reacción fue de cautela. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aceptó la solicitud de Meloni de contar con más tiempo para asegurar apoyos internos en Europa. Brasil, que actualmente ejerce un rol central en la agenda del Mercosur, había impulsado la firma del acuerdo como un hito político y económico, tanto para la región como para su proyección internacional.
Para los países del Mercosur, el acuerdo con la UE representa una oportunidad estratégica para diversificar exportaciones, atraer inversiones y acceder con mejores condiciones a uno de los mercados más grandes y sofisticados del mundo. En el caso de Argentina, el pacto es visto además como una herramienta clave para fortalecer el perfil exportador, especialmente en sectores como el agro, la industria alimentaria y algunas manufacturas. No obstante, la demora europea vuelve a poner en pausa esas expectativas.
El bloqueo también deja en evidencia las tensiones internas de la Unión Europea en materia de política comercial. Mientras Bruselas busca mostrarse como un actor global capaz de cerrar acuerdos estratégicos frente al avance de China y Estados Unidos, las diferencias entre los Estados miembro dificultan la concreción de esos objetivos. El acuerdo con el Mercosur se convirtió así en una prueba de la capacidad europea para proyectar una política comercial coherente hacia el exterior sin profundizar sus fracturas internas.
En paralelo, el contexto político europeo suma complejidad. La proximidad de elecciones en varios países, el avance de fuerzas euroescépticas y el creciente peso de la agenda ambiental endurecieron las posiciones frente a acuerdos de libre comercio. En ese escenario, el tratado con el Mercosur aparece cada vez más atravesado por debates que exceden lo estrictamente económico.

A más de veinte años del inicio de las negociaciones, el acuerdo UE–Mercosur sigue siendo un proyecto ambicioso, pero frágil. La nueva postergación confirma que el consenso necesario para su ratificación aún no está garantizado y que los plazos continúan sujetos a la dinámica política europea. Para los países sudamericanos, el desafío será sostener el interés estratégico del bloque europeo sin resignar condiciones clave, mientras el reloj político en Bruselas vuelve a correr en contra.