El Gobierno nacional formalizó la firma de los contratos de concesión y transferencia de acciones para la operación privada de las principales represas hidroeléctricas del Comahue, un paso decisivo que asegura ingresos por más de US$ 706 millones y marca el tramo final del proceso de privatización de estos activos estratégicos del sistema eléctrico argentino. La medida alcanza a Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados, cuatro centrales clave para el abastecimiento energético del país. La información fue publicada por Más Energía (LM Neuquén).
La firma de los contratos habilita el inicio de una transición operativa hacia las empresas adjudicatarias, que asumirán la gestión de los complejos hidroeléctricos por un período de 30 años. Según el cronograma oficial, este paso completa la etapa administrativa del proceso y abre una nueva fase enfocada en la operación, el mantenimiento y la modernización de las centrales.
El acto oficial contó con la participación de la secretaria de Energía de la Nación, María del Carmen Tettamanti, y del subsecretario de Energía Eléctrica, Damián Sanfilippo. También estuvieron presentes los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, además de representantes de las compañías adjudicatarias.

Desde el Ejecutivo destacaron que el procedimiento se desarrolló bajo criterios de transparencia, reglas claras y seguridad jurídica, lo que permitió una amplia participación del sector privado y confirmó el interés empresario por invertir en infraestructura energética. Ocho compañías presentaron ofertas económicas, cuyo resultado consolidó una valorización relevante de activos estratégicos para el sistema eléctrico nacional.
El monto garantizado, que asciende a US$ 706.885.298,49, surge de las propuestas presentadas en la licitación y representa uno de los ingresos más significativos obtenidos por el Estado en el marco de la privatización de activos energéticos. Las represas del Comahue concentran una porción sustancial de la generación hidroeléctrica del país y cumplen un rol clave en la estabilidad del suministro eléctrico, especialmente en períodos de alta demanda.
Con la firma de los contratos, los nuevos concesionarios deberán cumplir compromisos de inversión, mantenimiento y modernización, orientados a garantizar la continuidad del servicio y mejorar la eficiencia de la generación. Desde la Secretaría de Energía señalaron que estos compromisos serán monitoreados durante toda la vigencia de las concesiones.
El proceso también redefinió el mapa empresario del sector hidroeléctrico. En Alicurá, una central con capacidad instalada cercana a los 1.000 MW, la oferta más alta fue presentada por Edison Inversiones, con US$ 162 millones, superando a AES, que buscaba retener el activo.
En el caso de Piedra del Águila, la central más potente del sistema eléctrico argentino, con 1.400 MW, el control continuará en manos de Central Puerto, que se impuso con una oferta de US$ 245 millones, reafirmando su posición como uno de los principales jugadores de la generación eléctrica nacional.
La licitación del complejo El Chocón–Arroyito mostró una competencia más ajustada. BML Inversora presentó la mejor propuesta económica, por US$ 235,6 millones, superando a Enel y al consorcio Hidroeléctrica Futaleufú, que quedó dentro del margen habilitado para una eventual instancia de desempate.
En Cerros Colorados–Planicie Banderita, BML Inversora volvió a liderar las ofertas con US$ 41,7 millones, aunque la diferencia con la propuesta de Edison Inversiones se ubicó dentro del umbral que permite una mejora adicional. Según informó la Secretaría de Energía, la revisión técnica del proceso ya fue completada y solo en este caso se abrirá una instancia de mejora, mientras que en las restantes represas los montos mínimos quedaron definitivamente asegurados.
El avance de grupos como BML Inversora, Edison Inversiones y Central Puerto refleja un cambio estructural en el control de la energía hidroeléctrica, con un mayor protagonismo de capitales argentinos en activos históricamente operados por multinacionales. En particular, BML Inversora, controlada por Manuel Santos Uribelarrea, se posicionó como uno de los actores más activos del proceso, mientras que Edison Inversiones acelera su expansión dentro del mercado energético local.
Desde el Gobierno subrayaron que la transición operativa será clave para asegurar la continuidad del servicio eléctrico y aprovechar el potencial de las represas en un contexto de creciente demanda y necesidad de inversiones en infraestructura. Con la privatización en su tramo final, el futuro de las represas del Comahue queda ahora en manos de un nuevo esquema de gestión privada, con impacto directo en la matriz energética y en el desarrollo económico de la región patagónica.