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El Gobierno nacional declaró el estado de emergencia agropecuaria por sequía en la provincia de Neuquén por el plazo de un año, desde el 1 de julio de 2025 hasta el 30 de junio de 2026, con el objetivo de asistir a los productores afectados por la falta de precipitaciones. La medida, formalizada a través de una resolución del Ministerio de Economía publicada este martes en el Boletín Oficial, alcanza a las explotaciones ganaderas, forestales, acuícolas y apícolas, y habilita el acceso a beneficios impositivos y financieros previstos por la legislación vigente.
La decisión resulta relevante porque la provincia atraviesa uno de los períodos de escasez hídrica más persistentes de los últimos años, con impacto directo en la producción primaria, los rodeos ganaderos y la disponibilidad de forraje, especialmente en las zonas cordilleranas y del interior neuquino. El reconocimiento formal de la emergencia permite aliviar la situación de los productores en un contexto de costos crecientes y caída de la productividad.
Según lo dispuesto en la resolución, el estado de emergencia no se extenderá a los valles irrigados de los departamentos de Añelo y Confluencia, donde el acceso al riego mitiga parcialmente los efectos de la sequía. En el resto del territorio provincial, en cambio, las condiciones climáticas adversas han reducido los caudales de arroyos y aguadas, afectando de manera directa a las economías regionales.
La declaración nacional se produjo luego de que Neuquén elevara a la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios el decreto provincial que había reconocido la situación a nivel local. Tras analizar la documentación técnica y los informes climáticos, la Comisión avaló el pedido y recomendó su homologación, en línea con lo establecido por la ley nacional 26.509, que regula el sistema de emergencia y desastre agropecuario en todo el país.
El marco legal habilita al Estado nacional a instrumentar medidas de alivio para los productores afectados, con el objetivo de preservar la continuidad de las explotaciones, sostener el empleo rural y evitar un deterioro mayor del entramado productivo regional.
La emergencia comprende a los sectores ganadero, forestal, acuícola y apícola, actividades particularmente sensibles a la falta de lluvias y a la disminución de pasturas naturales. En amplias zonas de la provincia, la sequía obligó a reducir cargas animales, adelantar ventas o incrementar los costos de alimentación, con impacto directo en la rentabilidad.
En el caso de la ganadería caprina y ovina, clave en el interior neuquino, la escasez de agua y forraje se tradujo en menores índices productivos y dificultades para sostener los rodeos. La apicultura, por su parte, enfrenta una merma en la floración y en la disponibilidad de néctar, lo que afecta la producción de miel. La actividad forestal y los emprendimientos acuícolas también registran complicaciones asociadas a los bajos niveles hídricos.
Para acceder a los beneficios previstos por la normativa, los productores deberán presentar un certificado de emergencia emitido por la autoridad competente de la provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos dentro de los alcances de la medida. Ese documento será la base para tramitar las prórrogas y exenciones contempladas por la ley.
El Gobierno provincial será el encargado de remitir a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios el listado de las explotaciones afectadas, acompañado por las certificaciones correspondientes. Este procedimiento permite validar los casos y garantizar que los beneficios lleguen a quienes realmente enfrentan pérdidas productivas por la sequía.
De acuerdo con la resolución, las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas, junto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), deberán instrumentar los mecanismos necesarios para que los productores alcanzados accedan a los beneficios previstos en los artículos 22 y 23 de la ley 26.509 y sus modificatorias.
Entre esas herramientas se incluyen prórrogas en el pago de impuestos nacionales, facilidades crediticias, suspensión de ejecuciones fiscales y, en algunos casos, la posibilidad de acceder a financiamiento especial para recomponer capital de trabajo. El alcance concreto de las medidas dependerá de la situación particular de cada explotación y del grado de afectación verificado.
La resolución también instruyó al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, Sergio Iraeta, a celebrar los convenios y actos administrativos necesarios para la ejecución de la medida, dentro del marco de sus competencias.
Las primeras advertencias sobre la gravedad de la situación climática comenzaron a surgir a mediados de 2025, cuando entidades rurales del interior neuquino alertaron sobre la persistencia de lluvias por debajo de los promedios históricos. Con el correr de los meses, la falta de precipitaciones se tradujo en bajos caudales de ríos y arroyos, afectando la disponibilidad de agua para consumo animal y riego de pasturas.
Frente a ese escenario, la Sociedad Rural de Neuquén, junto a organizaciones de productores del centro provincial, elevó un pedido formal al Gobierno para que se declarara la emergencia agropecuaria y se avanzara con medidas paliativas. El reclamo incluyó la necesidad de asistencia financiera, alivio impositivo y políticas de acompañamiento para evitar el abandono de la actividad.
La declaración provincial se anticipó en septiembre y fue oficializada en octubre, en la antesala de un verano que se proyecta complejo en términos de disponibilidad de agua. La homologación nacional ahora le otorga mayor alcance y respaldo a esas decisiones.
Especialistas y productores coinciden en que la sequía en Neuquén no es un fenómeno aislado, sino parte de una tendencia climática más amplia que afecta a buena parte de la Patagonia norte. La combinación de menores precipitaciones, temperaturas extremas y cambios en los patrones hídricos obliga a replantear estrategias productivas y de manejo del recurso agua.
En ese contexto, la emergencia agropecuaria aparece como una herramienta de contención, pero no como una solución estructural. Desde el sector productivo insisten en la necesidad de avanzar en planes de manejo sustentable, obras de infraestructura hídrica y políticas de adaptación al cambio climático que permitan reducir la vulnerabilidad de las economías regionales.
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La vigencia de la emergencia hasta mediados de 2026 brinda un marco de previsibilidad para los productores afectados, aunque el impacto final dependerá de la evolución de las condiciones climáticas durante los próximos meses. Si las lluvias no se recuperan, la presión sobre los sistemas productivos podría intensificarse, con consecuencias económicas y sociales en las zonas rurales.
Mientras tanto, la declaración nacional constituye un respaldo institucional clave para Neuquén, al reconocer formalmente la magnitud del problema y habilitar herramientas de asistencia en un contexto de creciente incertidumbre climática.
