Chevron Corp inició negociaciones con el gobierno de Donald Trump para evaluar una posible extensión de la licencia especial que le permite operar en Venezuela, en un escenario marcado por tensiones diplomáticas, sanciones económicas y la intención de Washington de redefinir su estrategia energética en el país sudamericano. La empresa es actualmente la única petrolera de origen estadounidense habilitada para producir y exportar crudo venezolano, un rol que la coloca en una posición clave dentro del vínculo bilateral.
Los contactos entre funcionarios de la administración republicana y directivos de Chevron se produjeron en las últimas semanas y apuntan a revisar el alcance temporal y operativo del permiso vigente, que exceptúa a la compañía del régimen de sanciones impuesto por Estados Unidos contra Venezuela. La discusión es relevante porque la licencia permitió sostener parte de la actividad petrolera venezolana y, al mismo tiempo, garantizar el suministro de crudo pesado a refinerías estadounidenses.
En paralelo a estas conversaciones, el presidente Trump tiene previsto recibir este viernes en la Casa Blanca a ejecutivos de las principales empresas energéticas de Estados Unidos. El encuentro buscará delinear un plan de mayor participación privada en la industria petrolera venezolana, con el objetivo declarado de “recuperar” la capacidad productiva del sector y reforzar la presencia de compañías estadounidenses en la región.
Actualmente, Chevron produce y exporta crudo venezolano bajo un esquema de autorización especial otorgado por el Departamento del Tesoro. Ese permiso fue considerado estratégico tanto por la empresa como por el gobierno estadounidense, ya que permitió canalizar exportaciones sin realizar pagos directos al Estado venezolano y sin levantar formalmente las sanciones vigentes.
En las últimas semanas, la compañía reforzó su operatoria logística. Chevron despachó al menos once buques petroleros con destino a terminales venezolanas, entre ellas José y Bajo Grande, ubicadas en el noroeste del país. El movimiento representa un incremento respecto de diciembre, cuando se habían registrado nueve embarcaciones, y se acerca al máximo observado en octubre, con doce buques operando de manera simultánea.
De acuerdo con datos de seguimiento de tráfico marítimo, uno de los barcos ya completó la carga de crudo, mientras que otros dos permanecen atracados en puertos venezolanos. Este despliegue permitió elevar el volumen de exportaciones y consolidar el flujo de petróleo hacia refinerías de Estados Unidos, entre las que se destacan Valero Energy Corp, Phillips 66 y Marathon Petroleum Corp.
Toda la producción que Chevron obtiene en Venezuela tiene como destino el mercado estadounidense, lo que refuerza el vínculo energético entre ambos países en un contexto político todavía inestable. Para Washington, este esquema contribuye a diversificar el abastecimiento y reducir presiones sobre el mercado interno de combustibles, mientras que para la petrolera representa una oportunidad de mantener activos campos de crudo pesado que requieren inversión y know how técnico.
Las negociaciones por la licencia se desarrollan en un marco más amplio de revisión de la política exterior y económica de la administración Trump. El republicano ha manifestado su intención de incrementar la influencia de empresas estadounidenses en sectores estratégicos de América Latina y de utilizar el peso del sector privado como herramienta de presión y negociación política.
En ese sentido, distintas petroleras estadounidenses expresaron en las últimas semanas su interés en evaluar oportunidades en Venezuela, aunque condicionaron cualquier desembarco a la existencia de garantías jurídicas, estabilidad regulatoria y claridad en el régimen de sanciones. La situación de Chevron es observada de cerca por el resto de la industria como un posible precedente para futuras habilitaciones.
La licencia vigente fue clave para que Chevron pudiera sostener su presencia en Venezuela en momentos en que la mayoría de las empresas extranjeras redujeron o abandonaron sus operaciones debido a las restricciones financieras y comerciales. A través de empresas mixtas con la estatal PDVSA, la petrolera estadounidense logró mantener niveles de producción que, si bien están lejos de los máximos históricos del país, resultan significativos en el actual contexto.
Desde el gobierno de Estados Unidos, el debate interno gira en torno a hasta qué punto una ampliación del permiso puede coexistir con la estrategia de presión política sobre Caracas. Sectores más duros del Partido Republicano plantean que cualquier flexibilización debe estar atada a compromisos políticos concretos, mientras que otros funcionarios priorizan los beneficios energéticos y económicos de mantener el flujo de crudo.
La agenda energética se cruza además con la coyuntura internacional del mercado petrolero. La volatilidad de los precios, los conflictos geopolíticos y los ajustes en la oferta global llevaron a Washington a mirar con mayor atención las capacidades productivas disponibles en el hemisferio occidental. En ese marco, Venezuela, que posee una de las mayores reservas de crudo del mundo, vuelve a aparecer como un actor relevante, pese a sus limitaciones operativas actuales.
Para Chevron, la extensión de la licencia significaría mayor previsibilidad operativa y la posibilidad de planificar inversiones de mantenimiento y mejora en los campos que explota. Sin ese horizonte, la empresa se vería obligada a operar con plazos cortos y con restricciones que limitan su capacidad de expansión.
Según informó Ámbito, las conversaciones entre la Casa Blanca y la petrolera forman parte de un esquema más amplio de diálogo con el sector energético, que busca definir el rol de las empresas estadounidenses en escenarios complejos desde el punto de vista político pero estratégicos en términos de recursos naturales.
El resultado de estas negociaciones será clave no solo para Chevron, sino también para el futuro de la industria petrolera venezolana y para el equilibrio energético regional. Una eventual ampliación de la licencia podría abrir la puerta a nuevos esquemas de cooperación, mientras que un endurecimiento de las condiciones profundizaría el aislamiento del sector.
Por ahora, las partes mantienen un tono cauteloso y evitan definiciones públicas. Sin embargo, el aumento de la actividad logística y la convocatoria de Trump a los principales ejecutivos del sector sugieren que la política energética hacia Venezuela volvió a ocupar un lugar central en la agenda de Washington.
