Equilibrio fiscal y desarrollo: el desafío de sostener la industria argentina

Federico Poli, director de la consultora Sistémica, analizó la coyuntura económica argentina, los alcances del superávit fiscal logrado por el Gobierno y los riesgos que enfrenta el país en un contexto de apertura comercial acelerada, y advirtió que el orden macroeconómico no puede alcanzarse a costa de la pérdida de capacidades productivas e industriales. El economista realizó estas declaraciones en una entrevista concedida a Infobae, en la que evaluó la sostenibilidad fiscal, la política cambiaria, la inflación, la competitividad y el nuevo escenario internacional.

En primer lugar, Poli reconoció como un hito relevante el compromiso oficial con el superávit fiscal, al que definió como un cambio significativo luego de años de desequilibrios persistentes. Destacó que el resultado se haya alcanzado principalmente a través de una reducción del gasto público primario, en especial de los subsidios energéticos, y no mediante un aumento de la presión tributaria. En ese sentido, subrayó que se logró instalar en la opinión pública la centralidad del equilibrio de las cuentas públicas como condición necesaria para la estabilidad macroeconómica.

No obstante, advirtió que el ajuste fiscal debe ser revisado con cuidado para evitar efectos negativos de mediano plazo. Según explicó, recortar inversión en infraestructura, ciencia, tecnología y educación superior puede comprometer las bases del crecimiento futuro. Para Poli, la sostenibilidad fiscal no depende solo del control del gasto, sino de que la economía recupere una trayectoria de expansión sostenida.

Al analizar los desafíos para mantener el superávit en 2026, señaló que el margen para reducir impuestos es limitado y que, una vez completada la normalización financiera, el Estado enfrentará nuevas exigencias de ahorro fiscal. A este escenario se suma la reducción de ingresos contemplada en la reforma laboral y la dificultad de sostener las restricciones de transferencias a las provincias, un esquema que, según indicó, será complejo de prolongar en el tiempo.

En materia cambiaria y monetaria, Poli fue crítico con el esquema de bandas cambiarias adoptado por el Gobierno. Consideró que, tras el respaldo político y financiero externo obtenido luego de las elecciones de medio término, existía una oportunidad para avanzar hacia una flotación más libre del tipo de cambio. En cambio, sostuvo que el actual régimen genera incertidumbre y que la acumulación de reservas observada en el arranque se explicó por un endurecimiento monetario y tasas de interés elevadas, poco compatibles con la reactivación de la actividad económica.

El economista remarcó que el actual cuadro de precios relativos, caracterizado por un tipo de cambio bajo y tasas reales positivas, afecta la rentabilidad del sector productivo, en especial de los sectores transables. Esta dinámica, explicó, tiende a incrementar el desempleo de factores productivos y a generar presiones sobre el frente externo.

Respecto de la inflación, Poli señaló que la desaceleración interanual convive con un “piso” mensual elevado, explicado por la inercia inflacionaria y la distorsión entre bienes transables y no transables. Indicó que, desde diciembre de 2023 hasta fines de 2025, los precios de los servicios crecieron muy por encima de los bienes, lo que impactó negativamente sobre la competitividad de la industria y de los sectores exportadores.

En ese contexto, advirtió que una estrategia antiinflacionaria basada exclusivamente en el atraso cambiario puede derivar en una mejora transitoria de los indicadores de precios, pero con costos significativos en términos de empleo, producción y equilibrio externo. A su entender, la economía puede crecer con niveles moderados de inflación mensual, siempre que exista un esquema macroeconómico consistente.

Sobre la agenda de acuerdos comerciales, Poli diferenció el posible entendimiento con Estados Unidos del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. En el primer caso, señaló que la falta de información y consulta a los sectores productivos genera incertidumbre. En cambio, consideró que el acuerdo con la Unión Europea representa una oportunidad estratégica, dado que contempla plazos largos de desgravación y reconoce las asimetrías sectoriales, lo que permitiría ordenar procesos de reconversión productiva.

En cuanto a la competitividad, identificó al costo argentino como uno de los principales obstáculos para la expansión del sector transable. Señaló la elevada carga impositiva, la falta de financiamiento, los costos logísticos y las deficiencias de infraestructura como factores que erosionan la capacidad de competir. En particular, apuntó contra impuestos distorsivos como Ingresos Brutos, el impuesto al cheque y las retenciones, que, según explicó, no existen en la mayoría de los países y afectan directamente la producción exportable.

Poli también analizó el impacto de la reforma laboral y sostuvo que, si bien es necesaria para reducir la informalidad y la litigiosidad, no será suficiente sin una reforma tributaria integral. Valoró, además, las desregulaciones impulsadas en distintos sectores, como la política de cielos abiertos y la expansión del internet satelital, aunque aclaró que estas medidas mesoeconómicas deben complementarse con estabilidad macro y señales claras de precios relativos.

Al referirse al frente externo, destacó el cambio estructural que atraviesan las exportaciones argentinas a partir del impulso del sector energético, en particular de Vaca Muerta, con récords en exportaciones y saldo positivo de la balanza energética. Sin embargo, alertó sobre el estancamiento de las exportaciones industriales y agroindustriales, afectadas por la pérdida de competitividad y la persistencia de retenciones y demoras en la devolución de impuestos.

De cara a 2026, Poli proyectó un crecimiento del PBI del 3% y una inflación anual del 24%, aunque advirtió que la acumulación de reservas dependerá de múltiples variables y de definiciones clave de política económica. Finalmente, sostuvo que Argentina no puede basar su desarrollo únicamente en los sectores primarios y energéticos. Subrayó la necesidad de preservar y fortalecer la industria, tanto por su aporte al empleo y la innovación como por razones estratégicas, y llamó a abrir un diálogo entre el Gobierno y las cadenas de valor para diseñar políticas activas que mejoren la competitividad en un contexto global cada vez más desafiante.