El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno no avanzará en el corto plazo con la eliminación del cepo cambiario, en un contexto de crecientes presiones del mercado y de economistas que reclaman una apertura. La definición se conoció tras una entrevista televisiva reciente, en la que el funcionario también expresó un fuerte optimismo electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2027, al asegurar que ese proceso será “un paseo por el parque”. La decisión se explica por la necesidad de evitar sobresaltos financieros que puedan afectar la estabilidad económica.
La postura oficial se da en medio de un debate cada vez más intenso sobre la conveniencia de liberar el mercado de cambios. Diversos analistas sostienen que una flexibilización permitiría alcanzar un tipo de cambio de equilibrio, incentivar el ingreso de inversiones extranjeras y reducir el riesgo país. Sin embargo, en el equipo económico prevalece una estrategia de prudencia, centrada en sostener el control sobre la demanda de divisas.
Caputo, quien tuvo un rol clave durante la crisis cambiaria de 2018, busca evitar que se repita un escenario de volatilidad. En ese sentido, considera que una apertura abrupta podría generar una fuerte presión sobre el dólar y desestabilizar las variables macroeconómicas en un momento políticamente sensible. Desde su entorno reconocen que el antecedente reciente refuerza esa cautela y condiciona cualquier intento de flexibilización.
Tensión entre expectativas del mercado y estrategia oficial
El mantenimiento del cepo contrasta con el discurso optimista del propio ministro respecto del rumbo económico. Durante su intervención, Caputo defendió el actual modelo económico, al que presentó como un cambio estructural frente a gestiones anteriores, a las que responsabilizó por el estancamiento y el aumento de la pobreza. Según su visión, la continuidad de este esquema es clave para consolidar el respaldo político en los próximos años.
Sin embargo, la experiencia reciente expone los riesgos de avanzar demasiado rápido. La flexibilización parcial del cepo para personas físicas en 2025 provocó una fuerte demanda de dólares, que alcanzó los 30.000 millones en apenas seis meses. Ese fenómeno obligó a implementar medidas extraordinarias para contener la presión sobre el mercado cambiario y evitar un salto brusco en la cotización.
En la actualidad, las empresas siguen sin acceso pleno al mercado oficial de cambios y deben recurrir a mecanismos alternativos, como el contado con liquidación, para girar divisas al exterior. Además, continúa vigente la restricción cruzada, que limita la operatoria en el mercado oficial durante 90 días para quienes hayan realizado transacciones financieras en dólares.
Presión de economistas y antecedentes que condicionan
Entre los principales impulsores de una liberación total del cepo se encuentran economistas como Domingo Cavallo y Carlos Melconian, quienes consideran que una normalización del mercado permitiría mejorar la previsibilidad económica, atraer capitales y facilitar el acceso al financiamiento externo. También sostienen que eliminar las restricciones ayudaría a reducir distorsiones y mejorar la competitividad.
No obstante, dentro del Gobierno predomina la idea de que los riesgos superan a los beneficios en el corto plazo. El antecedente de la gestión de Mauricio Macri sigue siendo un factor determinante: tras eliminar el cepo al inicio de su mandato, debió restablecerlo en 2019 en medio de una crisis financiera y tras un cambio en las expectativas del mercado.
Mientras tanto, las restricciones actuales permiten al Banco Central avanzar en la acumulación de reservas, un objetivo clave para sostener la estabilidad. En el primer trimestre del año, la entidad logró comprar cerca de 4.500 millones de dólares, fortaleciendo su capacidad de intervención.
A pesar de ello, algunos especialistas advierten que una mayor apertura podría incrementar la oferta de divisas y acelerar el regreso a los mercados internacionales de crédito. En paralelo, el Tesoro continúa con la emisión de deuda de corto plazo en el mercado local, con vencimientos concentrados en 2027 y 2028, para afrontar compromisos inmediatos.
Uno de los desafíos más importantes será el vencimiento del 9 de julio, cuando el país deberá afrontar pagos por 4.200 millones de dólares entre capital e intereses. En este contexto, la estrategia oficial apunta a sostener la estabilidad financiera y evitar movimientos que puedan alterar las expectativas.
Con el calendario electoral en el horizonte y un escenario económico aún delicado, el Gobierno mantiene su apuesta por la cautela. Según reconstruyó este medio a partir de información publicada por Infobae, la definición sobre el futuro del cepo seguirá atada a la evolución de las variables financieras y al objetivo de evitar cualquier episodio de inestabilidad.
