Soja: ROSARIO
$432.000 0.00%
Maíz: ROSARIO
$253.820 0.60%
Trigo: ROSARIO
$260.680 0.00%
La Justicia bonaerense ordenó este 9 de abril de 2026 al municipio de Baradero, en la provincia de Buenos Aires, presentar en un plazo de diez días hábiles un informe detallado sobre el uso de los fondos provenientes de la tasa vial, tras reclamos de productores agropecuarios por la falta de mantenimiento de los caminos rurales y la escasa rendición de cuentas. La decisión, tomada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata, adquiere relevancia porque podría sentar un precedente sobre el control del uso de recursos públicos en distritos con fuerte actividad agropecuaria, segun informo TNCampo.
El fallo obliga a la administración local a desagregar los ingresos por período fiscal, detallar los gastos ejecutados en obras viales —incluyendo contratos, facturas y localización de los trabajos— y explicitar los costos operativos vinculados a la recaudación del tributo. La medida responde a una demanda impulsada por productores del distrito, quienes cuestionaron la falta de transparencia en la utilización de los fondos destinados al mantenimiento de la red vial rural.
El conflicto se originó a partir de denuncias del sector agropecuario local, que advirtió una brecha entre la recaudación creciente de la tasa y el deterioro persistente de los caminos rurales. Según los productores, esta situación afecta directamente la logística de la producción, encarece los costos y compromete la competitividad de las explotaciones.
De acuerdo con estimaciones presentadas en la causa judicial, la tasa vial habría generado más de $1000 millones entre 2023 y 2025, con un pico significativo en 2024 tras el incremento de alícuotas que alcanzaron hasta el 1,5% del valor de la producción bruta.
Este tributo es abonado por los productores de manera trimestral, ya sea a través de boletas municipales o mediante retenciones aplicadas en acopios. Su objetivo principal es financiar el mantenimiento y mejora de los caminos rurales, infraestructura clave para el traslado de granos, hacienda y maquinaria.
Sin embargo, desde el sector denuncian que solo entre el 20% y el 30% de lo recaudado se habría destinado efectivamente a obras viales. El resto, aseguran, habría sido utilizado para cubrir gastos generales del municipio, como combustible o salarios, sin una relación directa con la red de caminos.
El deterioro de la infraestructura vial rural es uno de los ejes centrales del reclamo. Según los datos presentados, más de 500 kilómetros de caminos terciarios del partido se encuentran en condiciones deficientes, lo que afecta a unas 10.000 hectáreas productivas.
En estas áreas predominan cultivos como soja y maíz, además de la actividad ganadera, sectores que dependen de la transitabilidad de los caminos para garantizar la salida de la producción y el abastecimiento de insumos.
La falta de mantenimiento no solo incrementa los costos logísticos, sino que también genera demoras, pérdidas de productividad y dificultades operativas, especialmente en períodos de lluvias.
El municipio de Baradero había rechazado inicialmente el pedido de acceso a la información, argumentando razones de reserva administrativa y seguridad fiscal. No obstante, la Cámara desestimó estos argumentos y reafirmó que el acceso a la información pública es un principio constitucional.
En su resolución, el tribunal sostuvo que la rendición de cuentas sobre fondos provenientes de los contribuyentes es una obligación esencial para garantizar el control ciudadano y la transparencia en la gestión pública.
El fallo establece además que la información a presentar debe permitir reconstruir la trazabilidad completa de los recursos, desde su recaudación hasta su ejecución, incluyendo detalles precisos de cada gasto.
Aunque el conflicto se centra en Baradero, el alcance del fallo podría extenderse a otros municipios de la provincia de Buenos Aires donde existen tributos similares y cuestionamientos sobre su utilización.
En distintos distritos, los productores han planteado reclamos vinculados a la falta de mantenimiento de caminos rurales y a la escasa transparencia en la gestión de los fondos específicos. En ese contexto, la decisión judicial podría abrir la puerta a nuevos pedidos de acceso a la información e incluso auditorías sobre la ejecución de estos recursos.
El caso también pone en debate el vínculo entre el sector productivo y los gobiernos locales, especialmente en lo que respecta a la asignación de recursos y la prestación de servicios esenciales para la actividad agropecuaria.
Desde la administración municipal adelantaron que apelarán la resolución ante instancias superiores, lo que podría prolongar el conflicto judicial. Sin embargo, la orden vigente establece condiciones claras y plazos concretos para la presentación de la información requerida.
La ausencia de datos oficiales actualizados sobre la ejecución de la tasa vial ha generado expectativas tanto en el sector productivo como en la comunidad local, que aguardan conocer el destino de los fondos recaudados.
Para los productores, el objetivo es acceder a información precisa que permita evaluar la correspondencia entre lo aportado y las obras realizadas. Para el municipio, el desafío será demostrar que los recursos fueron utilizados conforme a su finalidad.
Más allá del caso puntual, la disputa refleja una problemática estructural vinculada a la transparencia fiscal en los gobiernos locales y al uso de recursos provenientes de sectores productivos.
En regiones donde la calidad de los caminos rurales incide directamente en la competitividad, la rendición de cuentas se convierte en un elemento clave para el desarrollo económico.
El fallo judicial introduce un precedente relevante en este debate, al reforzar la obligación de los municipios de informar y justificar el uso de fondos específicos. En un contexto de creciente demanda por mayor transparencia, el caso de Baradero podría marcar un punto de inflexión en la relación entre el Estado local y el sector agropecuario.
