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El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, quedó en el centro de cuestionamientos tras promocionar los servicios de una consultora internacional vinculada al entorno de una asesora de su cartera, en un contexto donde no se registran acuerdos formales con el Estado, lo que despertó dudas sobre un posible conflicto de interés.
Una serie de acciones oficiales en Santa Fe generó interrogantes sobre la relación entre el Estado provincial y una consultora extranjera. El eje de la polémica es la promoción de servicios privados desde estructuras públicas, algo que, según especialistas, no es habitual si no existe un convenio formal o acuerdo institucional.
La firma en cuestión es Genamex, una consultora con base en Texas y escasos antecedentes conocidos. Su aparición en la agenda pública provincial se dio a través de presentaciones ante empresarios e intendentes, donde se ofrecían soluciones bajo la promesa de “convertir basura en millones”.
Las dudas surgieron porque estas acciones fueron impulsadas desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, sin que se haya informado oficialmente sobre un vínculo contractual, licitación o acuerdo bilateral que respalde esa promoción.
El caso sumó mayor atención cuando se conoció la relación entre la consultora y una funcionaria del propio ministerio. Se trata de Antonella Colobini, quien se desempeña como asesora técnica dentro del equipo cercano a Puccini. La funcionaria es hermana de Luciano Colobini, vicepresidente de la consultora.
Este vínculo familiar encendió alertas sobre un posible conflicto de interés, especialmente porque la promoción de la empresa coincidió con la presencia de la asesora dentro del organismo estatal.
Según reconstrucciones del caso, la situación se vuelve más compleja por los cambios en la información pública sobre el rol de Colobini en la consultora. En redes profesionales, su cargo en Genamex figuraba inicialmente como activo, luego fue eliminado y posteriormente modificado a una función pasada con fecha de finalización previa a su designación como asesora.
Desde el entorno oficial evitaron dar detalles sobre la relación entre la provincia y la firma. Consultas realizadas a voceros del ministerio y a organismos vinculados, como la empresa estatal Enerfe, no obtuvieron respuestas concretas.
El contexto también suma elementos relevantes. La asesora fue designada mediante decreto como parte del esquema de asistentes técnicos, una figura utilizada para incorporar personal sin concurso, con mayor flexibilidad en las designaciones. Durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, este tipo de cargos se incrementó significativamente, pasando de cientos a más de dos mil en poco tiempo.
En paralelo, la consultora promovida no cuenta con una trayectoria consolidada a nivel internacional, lo que refuerza las dudas sobre los criterios utilizados para su difusión desde el Estado.
El punto central del debate es si hubo un uso indebido de recursos públicos o influencia institucional para beneficiar a una empresa privada con vínculos personales dentro del gobierno. También se pone en discusión la transparencia en la promoción de servicios empresariales y los límites entre lo público y lo privado.
Hasta el momento, no hay una investigación judicial confirmada, pero el caso se instaló como un tema de agenda política en la provincia, con pedidos de mayor claridad sobre los mecanismos de vinculación entre funcionarios y empresas.
El episodio vuelve a poner el foco en la necesidad de reforzar controles, trazabilidad y reglas claras en la relación entre el sector público y el privado, especialmente en áreas sensibles como el desarrollo productivo.
