El Gobierno de Santa Fe fijó posición frente al proyecto nacional de Ley de Biocombustibles que se debate en el Senado y reclamó modificaciones para potenciar la producción, ampliar inversiones y fortalecer la competitividad de la industria. La administración provincial respaldó la actualización del marco regulatorio, aunque cuestionó algunos puntos del esquema propuesto por Nación, especialmente el límite previsto para el biodiésel.
Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo santafesino señalaron que el actual contexto internacional, marcado por conflictos geopolíticos y volatilidad en el precio del petróleo, abrió una oportunidad para el crecimiento de los combustibles renovables.
“El contexto global genera una oportunidad inédita. Las energías renovables hoy son competitivas y Argentina puede posicionarse como líder en vectores energéticos sustentables. Santa Fe tiene toda la cadena productiva instalada; no podemos resignarnos a tener plantas cerradas”, sostuvo el ministro Gustavo Puccini.
Para la provincia, el desarrollo del biodiésel tiene impacto directo sobre la actividad industrial, el empleo y el ahorro de divisas, ya que permite reducir importaciones de gasoil y fortalecer economías regionales ligadas al complejo agroindustrial.
Uno de los principales cuestionamientos del Gobierno santafesino apunta a la diferencia que el proyecto establece entre bioetanol y biodiésel. Mientras la iniciativa prevé una mezcla obligatoria del 15 % de bioetanol en naftas, mantiene un tope del 10 % para biodiésel en gasoil.
“Existe una asimetría regulatoria sin sustento técnico. Mantener el corte en 10 % es un retroceso porque no absorbe la capacidad instalada ni incentiva nuevas inversiones”, afirmó Puccini.
La administración provincial considera que elevar el corte obligatorio al 15 % permitiría incrementar la producción, reactivar plantas industriales y atraer nuevos capitales al sector energético.
Entre las principales propuestas presentadas por Santa Fe figura el pedido de avanzar hacia un esquema B15 de manera inmediata y habilitar un crecimiento gradual hasta B20 cuando el biodiésel nacional resulte más competitivo que el gasoil importado.
Además, la provincia solicitó reservar parte del mercado para productores independientes, mediante licitaciones transparentes y límites de participación económica, con el objetivo de evitar concentración y garantizar competencia.
Otro de los puntos reclamados busca limitar la discrecionalidad estatal. La propuesta santafesina establece que la Secretaría de Energía solo pueda reducir temporalmente los porcentajes obligatorios ante situaciones excepcionales de abastecimiento y por un plazo máximo de 90 días.
El Gobierno provincial también pidió incorporar incentivos para proyectos vinculados a Diésel Renovable (HVO), Combustible Sustentable para Aviación (SAF) e Hidrógeno Verde, mediante beneficios contemplados dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
En paralelo, Santa Fe planteó la necesidad de garantizar competencia en el acceso a materias primas estratégicas como aceite de soja y metanol, con reglas transparentes para productores independientes.
“No venimos a pedir cupos ni mercados administrados. Santa Fe tiene capacidad para producir más biodiésel y generar empleo”, sostuvo Puccini al defender la posición provincial frente al debate legislativo.
El ministro aseguró además que la propuesta busca construir un esquema que permita crecimiento industrial sin perjudicar a otros actores del sector energético.
“Creemos que hay una alternativa superadora donde no haya perdedores”, concluyó.
La posición santafesina se produce en un contexto donde distintos sectores industriales y productivos siguen de cerca el tratamiento parlamentario de la nueva Ley de Biocombustibles, considerada estratégica para el futuro energético y exportador de Argentina.