El secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, afirmó que el Gobierno nacional avanza hacia una reducción sostenida de los derechos de exportación y proyectó que las retenciones podrían alcanzar el 0% hacia el final de un eventual segundo mandato del presidente Javier Milei, aunque aclaró que se trata de una estimación personal. Lo hizo durante el summit organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (Amcham), en un contexto marcado por el peso del sector agroexportador en el ingreso de divisas y la necesidad de mejorar la competitividad.
Durante su exposición, Iraeta subrayó la relevancia estratégica del agro para la economía argentina. “El 60% de las divisas que ingresan al país provienen del sector agroexportador”, sostuvo, al destacar el impacto de las políticas económicas recientes sobre la producción. Según explicó, la combinación de condiciones climáticas favorables y medidas de desregulación permitió una mejora en los niveles de actividad. En ese sentido, señaló que tanto la cosecha de trigo como la campaña gruesa mostraron resultados por encima de las expectativas iniciales.
El funcionario también hizo un repaso de las decisiones adoptadas desde el inicio de la actual gestión. “Cuando empezó este Gobierno la soja estaba al 33% y ahora en 24%”, precisó, y enumeró reducciones en otros rubros: eliminación de retenciones en economías regionales, lácteos, porcinos y ganado vacuno, además de recortes en cereales como maíz y girasol. Estas medidas, indicó, implicaron un costo fiscal relevante, aunque sostuvo que el sector “lo devuelve en producción y en ánimo”.
A pesar de reafirmar el objetivo de eliminar completamente los derechos de exportación, Iraeta evitó fijar un plazo concreto. “Llegar a retenciones cero es una pregunta muy compleja porque tiene que ver con la responsabilidad fiscal”, advirtió. Sin embargo, agregó: “Mi opinión, esto no es un dato, es que para la finalización del segundo mandato del presidente ocurrirá”.
El optimismo oficial también se apoyó en las proyecciones de cosecha. Iraeta aseguró que la campaña de soja será mejor de lo esperado y calificó a la de maíz como “explosiva”, en línea con el desempeño del trigo, que alcanzó cifras récord superiores a las 27 millones de toneladas. No obstante, fue cauto respecto de los resultados definitivos: “Hasta que uno no mete la cosechadora y tiene el producto en el silo, no sabe cuántos kilos se tiene”, aclaró.
En paralelo, el secretario identificó a la infraestructura como uno de los principales desafíos estructurales para el sector. Señaló que existen déficits acumulados durante décadas en rutas, ferrocarriles y vías navegables, y detalló que el Gobierno avanza en procesos de concesión y licitación para mejorar estos sistemas. Entre ellos, mencionó corredores estratégicos del Mercosur, el sistema ferroviario de cargas y la hidrovía.
En cuanto al escenario internacional, Iraeta consideró que, pese a la volatilidad geopolítica, la Argentina cuenta con ventajas comparativas relevantes. Destacó la disponibilidad de recursos energéticos y la capacidad de producción de alimentos como factores que posicionan al país de manera favorable en el contexto global.
Otro de los ejes centrales de su exposición fue la cuestión de la propiedad intelectual en semillas. En ese marco, el funcionario fue categórico al afirmar que la implementación del convenio UPOV-91 “no está en discusión” y que forma parte de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina. La normativa, que deberá ser tratada por el Congreso, establece estándares para la protección de las obtenciones vegetales y genera debate entre empresas y productores.
Iraeta reconoció que se trata de un conflicto histórico dentro del sector. “El problema de semillas y de propiedad intelectual tiene muchos años en la Argentina”, señaló, y explicó que su rol actual consiste en acercar posiciones entre los distintos actores. Según indicó, el desafío es encontrar un equilibrio que reconozca el valor de la innovación tecnológica sin desconocer las limitaciones económicas de los productores.
“Si uno investiga y aplica tecnología, eso tiene un costo y es lógico que se pague”, afirmó. No obstante, advirtió que el contexto local difiere del de otros países con sistemas más consolidados de protección intelectual, lo que obliga a diseñar una implementación adaptada a la realidad argentina.
En ese sentido, remarcó que el tratado establece un marco general y que el verdadero desafío estará en su reglamentación. “El Gobierno tiene que ver cómo se aplica. UPOV-91 es un marco muy general”, explicó. Por eso, aseguró que el objetivo es avanzar hacia un esquema “racional y justo” que contemple las distintas variables en juego.
El mensaje del funcionario se inscribe en la estrategia oficial de impulsar al agro como motor de crecimiento económico, en un contexto de ajuste fiscal y búsqueda de equilibrio macroeconómico. La reducción de impuestos al sector aparece como una de las principales herramientas para incentivar la producción y aumentar las exportaciones.
Sin embargo, la eliminación total de las retenciones sigue condicionada por las necesidades de financiamiento del Estado. En ese equilibrio entre estímulo productivo y sostenibilidad fiscal se jugará, según consignó La Nación, la viabilidad de alcanzar el objetivo planteado.
