Soja: ROSARIO
$430.000 -2.27%
Maíz: ROSARIO
$251.500 0.44%
Trigo: ROSARIO
$262.000 1.31%
La Red de Manejo del Fuego Rural presentó el 9 de abril de 2026 su posición ante comisiones del Senado de la Nación sobre la reforma a la Ley de Manejo del Fuego, en el marco del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La entidad sostuvo que las modificaciones buscan corregir distorsiones jurídicas y económicas del sistema actual sin debilitar la protección de los bosques nativos, un punto clave en el debate por la política ambiental y productiva del país.
La exposición se realizó ante las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, donde representantes del sector argumentaron que el régimen vigente no logró reducir los incendios y, en cambio, generó efectos adversos sobre los propietarios de tierras afectadas.
Según el planteo, la normativa actual —modificada por la Ley N.º 27.604— establece restricciones automáticas sobre el uso del suelo tras incendios, sin diferenciar entre causas ni responsabilidades. Desde la Red señalaron que este enfoque termina afectando tanto a eventuales responsables como a quienes resultan perjudicados por el siniestro.
“Se configuró un esquema que, en la práctica, presume culpabilidad y aplica consecuencias sobre propietarios que también son víctimas del incendio”, indicaron desde la entidad durante su presentación en el Congreso.
Uno de los ejes centrales del planteo fue la falta de efectividad de la normativa actual para reducir la ocurrencia de incendios. Según la Red, el esquema vigente no solo no logró disminuir la siniestralidad, sino que además generó incentivos negativos, como la menor disposición a denunciar focos ígneos por temor a las restricciones posteriores.
Entre los efectos señalados, la organización destacó la pérdida de valor de las tierras, la incertidumbre para inversiones productivas y la aplicación de limitaciones que consideran desproporcionadas.
En particular, cuestionaron los plazos establecidos por la legislación, que pueden llegar a 30 y 60 años de restricciones de uso del suelo, al considerar que no cuentan con suficiente respaldo técnico o científico.
Desde la Red explicaron que los tiempos de recuperación ambiental dependen de cada ecosistema y que, en muchos casos, pueden ser menores a los fijados por la ley. También señalaron que ciertos procesos de restauración pueden incluir cambios en el uso del suelo, lo que no estaría contemplado en el esquema actual.
A pesar de las críticas, la entidad remarcó que la reforma en discusión no implica una flexibilización de la normativa ambiental. Según indicaron, se mantiene intacto el esquema de protección de los bosques nativos, conforme a lo establecido por la Ley N.º 26.331 de Ordenamiento Territorial.
Las modificaciones propuestas se concentran en eliminar restricciones generalizadas que hoy afectan tanto a áreas protegidas como a tierras productivas, sin una diferenciación clara.
El objetivo, según la organización, es lograr un marco regulatorio que combine protección ambiental con seguridad jurídica, evitando efectos contraproducentes para el desarrollo económico.
Más allá de los cambios puntuales en la ley, la Red de Manejo del Fuego Rural planteó la necesidad de avanzar hacia un enfoque más amplio en la gestión de incendios.
“Este debate excede el alcance del proyecto presentado y requiere una discusión específica sobre políticas de gestión integral del fuego”, señalaron.
En ese sentido, propusieron incorporar una mirada que incluya prevención, detección temprana, ataque rápido, control, investigación de causas y restauración de áreas afectadas.
La entidad también subrayó la importancia de identificar responsabilidades en cada evento, en lugar de aplicar sanciones automáticas que no distinguen entre situaciones.
La discusión sobre la Ley de Manejo del Fuego se da en un contexto donde los incendios rurales tienen consecuencias tanto ambientales como productivas. En este escenario, la definición de políticas públicas debe equilibrar la protección de los ecosistemas con la sostenibilidad de las actividades económicas.
Desde la Red consideraron que la reforma en tratamiento representa una oportunidad para alinear la normativa con principios básicos del derecho, como el debido proceso y la proporcionalidad de las sanciones.
“La protección ambiental y el respeto al debido proceso no son objetivos en conflicto. Corregir una regulación que genera distorsiones es un paso necesario para construir políticas públicas más eficaces”, concluyeron.
El debate continuará en el ámbito legislativo, donde distintos sectores buscarán consensuar una norma que responda a los desafíos actuales del manejo del fuego en Argentina, en un contexto marcado por el cambio climático y la creciente frecuencia de eventos extremos.
