El Gobierno nacional convocó para el próximo lunes a la Mesa de Enlace a una reunión clave para abordar el régimen de fiscalización de semillas, en un encuentro que contará con la participación del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, autoridades de la Secretaría de Agricultura y representantes del sector agropecuario. La cita, que se realizará en Buenos Aires, adquiere relevancia en medio de los reclamos por una mayor protección de la propiedad intelectual y la necesidad de fortalecer los controles sobre el uso de semillas en el país.
El encuentro fue impulsado por el Gobierno con el objetivo de presentar una propuesta concreta para mejorar el sistema de control y fiscalización, en un contexto donde la industria semillera insiste en la necesidad de garantizar reglas claras, seguridad jurídica y previsibilidad para la inversión en tecnología agrícola. Según pudo saber este medio, la reunión también incluirá a referentes de organizaciones técnicas como CREA, Aapresid y la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), lo que amplía el espectro de actores involucrados en la discusión.
Entre los funcionarios presentes estarán el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y el presidente del Instituto Nacional de Semillas (Inase), Martín Famulari, quienes vienen trabajando junto al sector desde la última edición de Expoagro. En representación de la Federación Agraria Argentina (FAA), participará Andrés Domínguez, mientras que su presidenta, Andrea Sarnari, confirmó que no asistirá al encuentro, aunque fijó la posición institucional.
“Venimos pidiendo hace 20 años que fortalezcan el Inase y que haya más control”, sostuvo Sarnari, quien anticipó que su entidad adoptará inicialmente una postura de escucha activa frente a la propuesta oficial. Según explicó, el sector coincide con la necesidad de mejorar la fiscalización, aunque remarcó que el eje estará en analizar cómo se implementarán las medidas y qué impacto tendrán sobre los productores agropecuarios.
El debate sobre el control de semillas no es nuevo en la Argentina, pero cobra renovada importancia ante la persistencia de prácticas informales como la denominada “bolsa blanca”, que refiere a la comercialización ilegal de semillas fuera del circuito formal. Para las entidades rurales, este fenómeno representa un problema estructural vinculado a la falta de controles efectivos, a la debilidad institucional y a la escasa presencia territorial del organismo encargado de supervisar la actividad.
En ese sentido, desde la FAA insisten en que el Inase debe recuperar protagonismo, contar con mayores recursos operativos, mejorar su capacidad de fiscalización y fortalecer su presencia en todo el territorio nacional. “El contralor estatal lo tiene que seguir ejerciendo el Estado”, planteó Sarnari, quien si bien no descartó la participación del sector privado en tareas específicas —como servicios de laboratorio o análisis técnicos—, subrayó que la fiscalización en campo debe seguir bajo órbita pública.
Uno de los puntos más sensibles de la discusión es el equilibrio entre la propiedad intelectual y el uso propio de semillas, una práctica legal que permite a los productores guardar parte de su cosecha para volver a sembrar en campañas posteriores. Según explicó la dirigente, el pago por tecnología ya está incorporado en la compra de la semilla fiscalizada, aunque reconoció que existen abusos vinculados al circuito informal.
“El uso propio es legal, pero hay un abuso de la bolsa blanca por falta de control del Inase”, señaló. Esta problemática se encuentra en el centro de las tensiones entre productores y empresas semilleras, que reclaman mecanismos más estrictos para garantizar el cobro por el desarrollo de nuevas variedades genéticas.
En marzo pasado, las entidades rurales presentaron una propuesta de proyecto de ley de semillas ante la Secretaría de Agricultura, con el objetivo de actualizar el marco normativo vigente. La iniciativa busca establecer un esquema que combine incentivos a la innovación, reconocimiento a la propiedad intelectual y reglas claras para los productores.
El planteo del ruralismo contempla permitir el uso propio gratuito en determinadas condiciones, especialmente para pequeños y medianos productores, y establecer un sistema de pago progresivo en función del crecimiento de la superficie sembrada. En concreto, se propone un umbral de hasta 500 hectáreas con uso propio sin costo durante tres campañas, así como la posibilidad de pagar por la tecnología desde el momento de la compra de la semilla.
Además, el esquema prevé que el productor pueda reutilizar semillas adquiridas legalmente por un número limitado de multiplicaciones, con una retribución económica acordada. Este enfoque apunta a generar un equilibrio entre el derecho de obtentor y la sustentabilidad económica de los productores.
Otro aspecto clave es la necesidad de dotar de mayor institucionalidad al Inase. Según recordó Sarnari, el organismo carece desde hace más de dos décadas de un consejo directivo completo, tal como establece la ley vigente. “Nunca se conformó. Solo se designa al presidente desde la Secretaría, pero el esquema institucional quedó incompleto”, afirmó.
La falta de previsibilidad normativa es otro de los reclamos recurrentes del sector. En la actualidad, existen contratos privados que, según las entidades, exceden lo permitido por la normativa vigente. “Alguien tiene que poner un límite y ese es el Estado”, advirtió la dirigente, al tiempo que reclamó que la ley tenga carácter de orden público para garantizar su cumplimiento efectivo.
En paralelo, el ministro Sturzenegger había planteado recientemente la posibilidad de que parte del sistema de control sea gestionado por el sector privado, lo que abrió un nuevo frente de debate dentro del agro. Desde la FAA señalaron que no tienen una posición cerrada al respecto, aunque insistieron en que el Estado no debe resignar su rol central en la fiscalización.
El encuentro del lunes será, en principio, una instancia de presentación oficial por parte del Gobierno, sin definiciones inmediatas por parte de las entidades. Sin embargo, se espera que marque el inicio de una nueva etapa de negociación sectorial en torno a uno de los temas más sensibles para el agro argentino.
En este contexto, el avance hacia un nuevo esquema de regulación de semillas, que combine control efectivo, incentivos a la innovación y equilibrio entre actores, será determinante para el futuro del sector, en línea con lo informado por La Nación.
