Los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rolando Figueroa (Neuquén) volvieron a poner sobre la mesa la necesidad de avanzar hacia un nuevo pacto fiscal en la Argentina, durante su participación en la cumbre anual de la AmCham en la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de ordenar el sistema tributario, reducir distorsiones y mejorar la competitividad económica.
Frigerio sostuvo que es “imperativo” avanzar en un nuevo acuerdo y pidió eliminar impuestos considerados distorsivos en los tres niveles del Estado. En ese sentido, apuntó contra tributos como Ingresos Brutos, el impuesto al cheque y las retenciones, al señalar que encarecen la actividad productiva y no tienen equivalentes en muchas economías desarrolladas.
El mandatario entrerriano insistió en que la reforma debe ser integral y abarcar a Nación, provincias y municipios, con el fin de simplificar la estructura impositiva y reducir la presión sobre el sector productivo. Su planteo busca instalar la idea de una coordinación fiscal más amplia y sostenida en el tiempo.
Alfredo Cornejo acompañó el planteo y volvió a cuestionar el impacto de Ingresos Brutos, al que definió como uno de los tributos más distorsivos del sistema argentino por su efecto acumulativo en la cadena productiva. Según señaló, este impuesto encarece costos y afecta la competitividad regional.
Rolando Figueroa sumó otra mirada al proponer la posibilidad de avanzar hacia un esquema de IVA diferencial por jurisdicción. Según explicó, ese modelo podría permitir que provincias como Neuquén reduzcan su carga impositiva y generen mayor atractivo para inversiones, en un contexto de competencia entre regiones.
La discusión por un nuevo pacto fiscal no es nueva en la Argentina. Uno de los antecedentes más relevantes fue el acuerdo de 2017, que buscaba reducir gradualmente la incidencia de Ingresos Brutos y ordenar el sistema tributario provincial para evitar superposiciones y distorsiones en la actividad económica.
Ese esquema también intentaba limitar el impacto de los regímenes de retenciones y percepciones, que generan saldos a favor permanentes en empresas y afectan su capital de trabajo. Sin embargo, con el paso del tiempo, varios de sus compromisos fueron modificados o suspendidos.
En 2018 se realizaron ajustes por necesidades fiscales, en 2019 se frenaron reducciones previstas y en 2021 se consolidó un nuevo consenso más enfocado en la coordinación administrativa y el intercambio de información entre jurisdicciones, sin metas concretas de reducción impositiva.
El abogado tributarista Diego Fraga explicó que el principal problema de esos acuerdos fue la falta de mecanismos de cumplimiento efectivos que obligaran a sostener las reformas en el tiempo. Según su análisis, las urgencias fiscales de las provincias terminaron debilitando los compromisos asumidos.
Fraga consideró que un nuevo pacto fiscal debería concentrarse en reducir la carga de Ingresos Brutos sobre la producción y en simplificar los sistemas de recaudación anticipada, que generan costos financieros adicionales y complican la operatoria entre provincias.
También advirtió que sin cambios estructurales en esos puntos, cualquier acuerdo corre el riesgo de convertirse en un esquema formal sin impacto real sobre la economía, limitándose a ordenar aspectos administrativos sin modificar la presión tributaria efectiva.
En este escenario, el debate vuelve a instalarse como un eje central de la agenda económica argentina, con coincidencias sobre la necesidad de reforma pero diferencias en su alcance y en la viabilidad política de los cambios. El cierre de la discusión dependerá de la capacidad de Nación y provincias para construir consensos sostenibles en el tiempo, en un contexto de restricciones fiscales y demandas crecientes de competitividad, según publicó El Economista.
