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La sanción de la Ley 27.802, que crea el Régimen de Incentivos para Pequeñas Inversiones (RIMI), introduce beneficios fiscales para el agro argentino al reducir la carga impositiva y estimular inversiones en tecnología, maquinaria y genética, en un contexto donde los productores enfrentan altos costos tributarios.
El nuevo esquema surge como una herramienta orientada a las PyMEs agropecuarias, con un diseño similar al RIGI pero adaptado a escalas menores. Según informó La Nación, nota firmada por Santiago Sáenz Valiente, el objetivo central es mejorar la competitividad mediante incentivos concretos que impacten directamente en el flujo de fondos de los productores.
Uno de los principales beneficios del RIMI es la amortización acelerada, que permite computar la inversión en el mismo ejercicio fiscal. Esto genera un efecto inmediato: el productor puede recuperar en forma anticipada parte del capital invertido, estimado en torno al 30% del monto total, lo que fortalece la liquidez.
El régimen también introduce ventajas para inversiones estratégicas sin exigir montos mínimos en determinados casos. Entre los rubros alcanzados se destacan los sistemas de riego, clave para optimizar el uso del agua; los equipos vinculados a energías renovables, orientados a la eficiencia energética; las mallas antigranizo para protección de cultivos; y la genética bovina, incluyendo reproductores de alto valor.
En el caso de la maquinaria agrícola, el RIMI establece umbrales de inversión diferenciados según el tamaño de la empresa. Aun así, el beneficio es significativo: la amortización se reduce a solo dos ejercicios fiscales, frente a los plazos habituales de hasta diez años. Esto mejora la ecuación económica de inversiones en tractores, sembradoras y cosechadoras.
Además, el régimen contempla beneficios para obras vinculadas a infraestructura productiva. En estos casos, la vida útil fiscal se reduce al 60% del plazo estándar, lo que acelera la recuperación impositiva de las inversiones.
En paralelo, el impacto alcanza también al sector ganadero. El nuevo esquema introduce cambios en la valuación de la hacienda para engorde, lo que permite reducir la carga tributaria asociada a la ganancia por tenencia. Esta modificación busca mitigar un efecto histórico que afectaba la rentabilidad del negocio.
En materia de IVA, el RIMI prevé la devolución de saldos a favor en un plazo de tres meses, lo que mejora la disponibilidad de capital de trabajo. También incluye una reducción de la alícuota al 10,5% para el consumo eléctrico en sistemas de riego, un punto relevante para producciones intensivas.
El régimen, sin embargo, establece condiciones para mantener los beneficios. Los bienes adquiridos deben permanecer en el patrimonio por al menos dos años, salvo excepciones como reemplazo o fuerza mayor. Además, quedan excluidos quienes registren deudas fiscales exigibles o situaciones concursales.
En un contexto donde el agro continúa enfrentando una alta presión impositiva, el RIMI aparece como una herramienta concreta para incentivar la inversión productiva. Según explicó Santiago Sáenz Valiente, “estas medidas son una bocanada de aire puro”, al tiempo que destacó la importancia de avanzar en esquemas que promuevan la competitividad y el empleo.
La implementación efectiva del régimen dependerá de su reglamentación y de la capacidad de los productores para acceder a los beneficios. Sin embargo, el consenso es claro: la reducción de la carga fiscal y la mejora del flujo financiero son factores clave para sostener y expandir la actividad agropecuaria.
