La discusión por la distribución de recursos, la coparticipación federal y el financiamiento de los gobiernos subnacionales volvió a ocupar un lugar central en la agenda política durante un encuentro realizado en Rosario, donde más de 300 intendentes, gobernadores y empresarios de distintas provincias del país coincidieron en un diagnóstico común sobre la necesidad de fortalecer la gestión local en un contexto de reordenamiento fiscal impulsado por el gobierno de Javier Milei. La reunión, organizada por la Red de Innovación Local (RIL), se desarrolló en el Salón Metropolitano y reunió a referentes de distintos espacios políticos, con foco en el funcionamiento de los municipios y la continuidad de los servicios públicos.
Durante la denominada “Noche de los Intendentes”, los jefes comunales plantearon preocupaciones vinculadas a la reducción de transferencias nacionales, el impacto en la infraestructura urbana y la necesidad de avanzar en estrategias para la generación de recursos propios. El encuentro se dio en paralelo al reclamo sostenido por el Consejo Federal de Intendentes de Capitales Provinciales (Cofein), que viene advirtiendo sobre la baja de fondos destinados a obras y programas federales.
El intendente de Rosario, Pablo Javkin, anfitrión de la jornada, volvió a poner en agenda el debate sobre el esquema de distribución tributaria y la relación entre lo que generan las ciudades y lo que efectivamente reciben. En esa línea, señaló que una parte limitada de la recaudación nacional por impuestos como IVA, Ganancias e Impuesto a los Combustibles retorna a los municipios, que a su vez deben sostener servicios clave como transporte, salud y mantenimiento urbano.
En el mismo sentido, distintos dirigentes coincidieron en que los gobiernos locales han comenzado a asumir responsabilidades que históricamente dependían de la administración nacional. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, destacó la importancia de avanzar en una mirada federal de la gestión pública y señaló que las provincias atraviesan un escenario que exige coordinación institucional y planificación de largo plazo.
“El desafío que tenemos es seguir construyendo federalmente”, expresó durante la apertura del evento, donde también remarcó la necesidad de impulsar políticas vinculadas a la producción, la industria y el desarrollo energético como motores del crecimiento.
Uno de los ejes más debatidos fue la situación de los fondos nacionales, tanto los transferidos como los que fueron reducidos o interrumpidos. Según expusieron varios intendentes, durante el último año se registraron recortes en partidas destinadas a obra pública, infraestructura vial y mantenimiento urbano, además de cuestionamientos a la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y de los fondos fiduciarios utilizados para proyectos estratégicos.
El intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, planteó la necesidad de revisar el vínculo fiscal entre Nación, provincias y municipios. Sostuvo que la falta de devolución de recursos impacta directamente en la capacidad de gestión local. “No podemos pensar la provincia sin los gobiernos locales. Los recursos que se generan no vuelven en infraestructura o educación”, afirmó, en referencia al esquema actual de financiamiento.
En esa línea, remarcó que la inversión pública es un factor determinante para el desarrollo económico. “No hay país que pueda generar bienestar sin infraestructura”, señaló al pedir una redistribución más equilibrada de los recursos hacia las jurisdicciones subnacionales.
Desde otro sector del arco político, la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, advirtió sobre el impacto del recorte de fondos en la administración cotidiana de los municipios. Si bien destacó la capacidad de gestión local, sostuvo que sin financiamiento suficiente se vuelve difícil sostener políticas públicas de alcance amplio.
“La falta de fondos está asfixiando las economías locales”, afirmó, al tiempo que reclamó mayor participación en la recaudación de impuestos nacionales y la reactivación de obras hídricas, viviendas y mejoras en rutas.
Según expusieron distintos jefes comunales, la paralización de proyectos de infraestructura ya genera efectos concretos en los servicios urbanos y en el mantenimiento de las ciudades, que deben reorganizar sus presupuestos para cubrir demandas crecientes con menores transferencias.
En contraposición, algunos representantes alineados con el oficialismo nacional defendieron el proceso de ajuste fiscal y plantearon la necesidad de fortalecer la autonomía municipal. Ese fue el caso de Rodrigo Aybar, representante de Tres de Febrero, quien destacó la importancia de avanzar hacia modelos de gestión más eficientes y orientados a la atracción de inversiones.
“El desafío es tener municipios eficientes y atractivos para las inversiones”, sostuvo, al señalar que la reducción de transferencias obligó a los gobiernos locales a ordenar sus cuentas y depender en mayor medida de sus propios ingresos. “Aprendimos a generar recursos propios y nuestras obras se hacen con fondos municipales”, agregó.
El debate también incluyó intervenciones del plano legislativo nacional. La diputada de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, advirtió sobre la caída de la recaudación y su impacto en la actividad de provincias y municipios. Según indicó, la reducción de ingresos impositivos se traduce en menos recursos para infraestructura, rutas y servicios esenciales.
En conjunto, la cumbre dejó en evidencia un punto de coincidencia transversal entre los gobiernos locales: la necesidad de revisar el esquema de financiamiento vigente y fortalecer la sostenibilidad fiscal de los municipios en un contexto de transformación económica. Más allá de las diferencias políticas, intendentes oficialistas y opositores coincidieron en que el debate sobre el federalismo fiscal y la distribución de recursos se volvió estructural para el funcionamiento del sistema.
El encuentro en Rosario consolidó además el rol creciente de los gobiernos locales dentro del debate público, en un escenario donde las ciudades buscan nuevas herramientas para sostener servicios, planificar obras y responder a una demanda social en aumento, con menor asistencia directa del Estado nacional.
