El gobierno de Uruguay confirmó que analiza relocalizar la futura planta de hidrógeno verde que la empresa HIFGobal proyecta instalar en Paysandú, luego de una serie de planteos realizados por autoridades argentinas sobre su posible impacto frente a la ciudad de Colón, en Entre Ríos. La decisión fue confirmada por el canciller Mario Lubetkin, quien explicó que las conversaciones bilaterales buscan evitar tensiones como las que marcaron el histórico conflicto por las pasteras entre ambos países.
El tema adquirió relevancia por la magnitud de la inversión —estimada en más de US$ 5.300 millones— y porque representa una nueva prueba para la relación entre Argentina y Uruguay en una zona fronteriza históricamente sensible a los debates ambientales.
Según explicó Lubetkin durante declaraciones radiales reproducidas por medios uruguayos y argentinos, el diálogo formal comenzó meses atrás a partir de una reunión celebrada en Montevideo entre funcionarios de ambos países. Del lado argentino participaron representantes nacionales, provinciales y municipales que manifestaron preocupaciones por los posibles efectos visuales y ambientales del emprendimiento energético previsto frente a la costa de Colón.
La futura planta forma parte de los proyectos estratégicos que Uruguay impulsa para posicionarse como un actor regional en la producción y exportación de energías limpias. Sin embargo, el gobierno uruguayo optó por abrir canales de consulta antes de avanzar con etapas definitivas.
Lejos de desestimar los cuestionamientos, las autoridades uruguayas decidieron incorporar las observaciones argentinas al proceso de evaluación ambiental. El Ministerio de Ambiente de ese país pidió formalmente que las inquietudes fueran presentadas por escrito para integrarlas al análisis técnico solicitado a la compañía.
La postura fue interpretada como una señal política orientada a priorizar la cooperación bilateral antes que avanzar unilateralmente sobre un proyecto de gran escala.
El recuerdo de las pasteras sigue presente
Durante la entrevista, Lubetkin admitió que el antecedente del conflicto por las plantas papeleras continúa teniendo peso en la relación diplomática entre ambos países. La disputa por la instalación de las pasteras, que alcanzó uno de sus puntos más críticos a mediados de la década del 2000, derivó en protestas, cortes del puente internacional y una fuerte tensión política y social.
El canciller fue explícito sobre ese antecedente: "Ese trauma es el que no se tiene que repetir", sostuvo al recordar uno de los episodios más complejos de la historia reciente entre ambos países.
El funcionario remarcó además que existe una decisión política compartida para evitar escenarios de confrontación similares. Según explicó, tanto representantes del gobierno uruguayo como autoridades argentinas coincidieron desde el inicio en la necesidad de preservar la relación bilateral y resolver las diferencias mediante mecanismos institucionales.
La referencia no es menor: durante el conflicto por las pasteras, las tensiones llegaron a afectar el vínculo político, comercial y social entre las dos orillas del río Uruguay.
Lubetkin también evocó el clima de época de aquellos años y aseguró que existían sectores que alimentaban posiciones extremas. Con tono crítico, señaló que algunos escenarios que llegaron a imaginarse hoy parecen completamente ajenos a la realidad regional actual.
Nuevas alternativas bajo estudio
En paralelo a las conversaciones diplomáticas, el gobierno uruguayo confirmó que ya analiza nuevas áreas para el emplazamiento del proyecto.
Aunque no trascendieron ubicaciones específicas, las autoridades señalaron que existen "un par de zonas" en evaluación y que el proceso todavía se encuentra en etapa preliminar.
La relocalización no implica un freno definitivo a la inversión ni un cuestionamiento estructural al proyecto, sino una búsqueda de consensos que permita disminuir tensiones y ofrecer mayores garantías a las comunidades involucradas.
La instalación de plantas vinculadas a hidrógeno verde se transformó en una prioridad para varios países de la región debido al crecimiento esperado de este mercado en los próximos años. Uruguay aparece entre las economías que buscan atraer capitales y convertirse en plataforma exportadora de combustibles de bajas emisiones.
En ese contexto, la decisión de revisar el lugar elegido representa un movimiento político y diplomático que busca equilibrar inversión, desarrollo y convivencia regional.
Una relación bilateral puesta a prueba
El canciller uruguayo destacó además el nivel de diálogo existente entre ambos gobiernos y consideró que este tipo de situaciones permiten medir la fortaleza de los vínculos institucionales.
En los encuentros mantenidos participaron ministros, funcionarios ambientales e incluso autoridades locales de distintos espacios políticos, algo que para el gobierno uruguayo constituye una muestra de que el proyecto es abordado como una política de Estado.
También afirmó que existe una fuerte voluntad de mantener una agenda positiva entre los dos países y evitar que las diferencias puntuales escalen hacia conflictos mayores.
Mientras tanto, el futuro de la planta continúa bajo análisis y las próximas definiciones podrían convertirse en un caso testigo sobre cómo abordar grandes inversiones energéticas en regiones fronterizas.
La evolución del proyecto será observada con atención tanto por actores políticos como empresariales, ya que podría marcar un nuevo modelo de negociación regional. En el último tramo del seguimiento periodístico, distintos medios —entre ellos La Nación, que reflejó el debate bilateral— señalaron que el caso ya excede la discusión local y abre interrogantes sobre el desarrollo energético y ambiental en el Cono Sur.
