El oficialismo en el Senado avanzó en las últimas horas en negociaciones con sectores aliados y buscará obtener este miércoles el dictamen de una nueva ley orientada a fortalecer la protección de la propiedad privada, una iniciativa promovida por La Libertad Avanza que apunta a reformular aspectos vinculados con desalojos, ocupaciones ilegales y venta de tierras rurales. El objetivo político del Gobierno es alcanzar un acuerdo legislativo que permita tratar el proyecto en el recinto durante la próxima semana, junto con otro expediente considerado prioritario: el convenio con dos acreedores internacionales por US$171 millones.
Según informó el diario Ámbito, las conversaciones entre el oficialismo y sectores de la oposición dialoguista permitieron acercar posiciones sobre algunos de los puntos más sensibles de la iniciativa. Entre ellos aparecen los mecanismos de desalojos rápidos, el régimen de acceso a tierras por parte de extranjeros y la situación del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
La estrategia parlamentaria comenzó a consolidarse a principios de mayo, durante una reunión encabezada por la ministra de Seguridad y jefa del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, junto a representantes de la UCR, el PRO y legisladores provinciales. Allí se produjo uno de los movimientos políticos más relevantes del debate: la eliminación total del capítulo referido al ReNaBaP.
La decisión representó un revés para el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien había defendido una reorganización del sistema y proponía trasladar competencias a las provincias. Detrás del esquema del registro, sostienen distintos sectores políticos, existe además un importante volumen de recursos y programas de financiamiento vinculados a la urbanización de barrios populares.
Cambios en desalojos y tierras rurales
Uno de los temas centrales de la negociación se concentró en los llamados desalojos exprés, un mecanismo impulsado por el oficialismo para acelerar procesos judiciales frente a ocupaciones ilegales. Durante las conversaciones surgieron observaciones sobre las garantías procesales y la protección de sectores vulnerables.
El texto que buscará avanzar en comisión mantendría herramientas judiciales rápidas para actuar frente a intrusiones, aunque incorporaría modificaciones en la redacción vinculada a procedimientos sumarísimos. También se prevé incluir una instancia de protección especial cuando los casos involucren a menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de vulnerabilidad, con participación de organismos locales y del Ministerio Público Tutelar.
Otro eje de discusión gira en torno a la compra de tierras rurales por extranjeros. Las modificaciones en análisis contemplan eliminar los límites generales establecidos anteriormente por porcentaje de superficie, nacionalidad o cantidad de hectáreas. A cambio, cada provincia conservaría mayor autonomía sobre su territorio.
Sin embargo, el proyecto establecería restricciones específicas para adquisiciones realizadas por Estados extranjeros o estructuras empresariales controladas por gobiernos de otros países. Además, en zonas fronterizas se mantendría un esquema de autorización especial con participación provincial y aprobación nacional.
La reformulación de ese apartado generó respaldo entre mandatarios provinciales, que reclaman preservar facultades sobre la administración territorial y evitar mecanismos uniformes de alcance nacional.
El otro expediente clave: acuerdo con holdouts
En paralelo a la discusión por propiedad privada, el Gobierno también acelera el tratamiento legislativo de un acuerdo financiero con los fondos Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP, dos acreedores externos con litigios pendientes contra el Estado argentino.
La iniciativa ya había obtenido despacho en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión, aunque una modificación enviada desde el Poder Ejecutivo obligó a devolver el expediente a comisión y reiniciar el proceso parlamentario.
El convenio contempla una reducción superior al 30% sobre los montos reclamados y establece un pago de US$67 millones para Bainbridge y US$104 millones para Attestor. Además incorpora el mecanismo internacional Entrega contra Pago (DVP), mediante el cual la cancelación de obligaciones y la liberación de fondos se ejecutan simultáneamente.
Entre los puntos considerados estratégicos aparece una cláusula de standstill, destinada a impedir nuevas acciones judiciales o interferencias sobre futuras operaciones financieras argentinas mientras se completa el proceso. También se incluye el cierre de investigaciones vinculadas a activos y bienes del Estado en el exterior.
Para la exposición prevista en el Senado participarán el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, junto a funcionarios de áreas jurídicas y económicas del Gobierno, en una instancia considerada determinante para destrabar la negociación y acelerar el calendario legislativo.
