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Un proyecto de ley presentado en el Congreso busca excluir a los establecimientos dedicados exclusivamente a la cría vacuna del nuevo sistema obligatorio de identificación electrónica individual impulsado por el SENASA. La iniciativa plantea que los productores puedan continuar utilizando caravanas visuales tradicionales y registros convencionales, al considerar que la implementación obligatoria de dispositivos electrónicos representa un costo excesivo para uno de los eslabones más sensibles de la cadena ganadera.
La propuesta fue impulsada por el diputado bonaerense Pablo Juliano y apunta a modificar el alcance de las resoluciones 530/2025 y 841/2025 del SENASA, normas que establecieron el nuevo esquema nacional de trazabilidad electrónica para bovinos, bubalinos y cérvidos a partir de 2026.
Según el proyecto, los productores cuya actividad principal y exclusiva sea la cría bovina podrían quedar exceptuados de incorporar dispositivos electrónicos como caravanas RFID, microchips o bolos electrónicos, siempre que mantengan las exigencias sanitarias y de trazabilidad mínimas establecidas por el organismo sanitario, informo el medio AgriTotal.
La discusión aparece en un momento clave para la ganadería argentina, donde el sector sanitario impulsa una modernización de los sistemas de identificación animal con el objetivo de fortalecer controles, trazabilidad y estándares comerciales. Sin embargo, parte de la producción advierte sobre el impacto económico y operativo que la medida podría generar sobre establecimientos de cría extensiva.
El eje principal de la iniciativa legislativa gira en torno al costo de implementación del nuevo sistema obligatorio. En los fundamentos del proyecto se sostiene que la identificación electrónica puede resultar útil para actividades con movimientos frecuentes de hacienda o procesos comerciales más dinámicos, aunque cuestiona su obligatoriedad para establecimientos de cría donde los animales permanecen largos períodos dentro del campo.
De acuerdo con el texto presentado, cada dispositivo electrónico tendría un costo estimado de entre US$1,50 y US$1,70 por animal, sin incluir gastos vinculados a colocación, reposición, lectores electrónicos ni carga administrativa.
Aplicado sobre los más de 14 millones de terneros identificados anualmente en Argentina, el proyecto calcula que la implementación obligatoria podría representar una transferencia superior a los US$25 millones por año hacia empresas proveedoras de tecnología e insumos.
Desde la mirada de los impulsores de la iniciativa, la incorporación de esta tecnología no generaría beneficios económicos directos para el criador bovino, ya que no impactaría sobre el valor de venta del ternero ni sobre la productividad inmediata del sistema.
Además, advierten que la actividad de cría enfrenta márgenes ajustados y una fuerte exposición a riesgos climáticos, sanitarios y financieros, factores que podrían agravarse con nuevas cargas operativas.
La obligatoriedad de la identificación electrónica fue establecida por el SENASA a través de la Resolución 530/2025, que definió las condiciones técnicas y operativas para implementar el sistema en bovinos, bubalinos y cérvidos.
Posteriormente, la Resolución 841/2025 precisó los plazos y condiciones de aplicación obligatoria. Según la normativa oficial, desde el 1° de enero de 2026 todos los terneros deberán contar con una caravana visual y un dispositivo electrónico individual colocado al momento del destete o antes del primer movimiento del animal.
La medida prevé una implementación gradual que comenzará con los animales nacidos durante 2026 y avanzará progresivamente hasta abarcar la totalidad del rodeo nacional.
Además, la normativa establece que desde diciembre de 2025 quedará prohibida la comercialización de dispositivos exclusivamente visuales para bovinos, bubalinos y cérvidos por parte de proveedores habilitados. También fija requisitos obligatorios de registro dentro del Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA) y vinculación de los dispositivos con los movimientos de hacienda mediante el Documento de Tránsito electrónico (DT-e).
El incumplimiento de esas disposiciones podría derivar en sanciones administrativas para los productores alcanzados.
El proyecto impulsado por Juliano no propone eliminar los controles sanitarios ni abandonar los sistemas de trazabilidad animal, sino establecer un régimen diferencial para establecimientos de cría bovina.
En ese esquema, los productores exceptuados podrían continuar utilizando caravanas visuales tradicionales de CUIG y registros manuales o digitales, siempre que se garantice la trazabilidad sanitaria mínima requerida por el SENASA.
La iniciativa también contempla la creación de un Registro Específico de Productores de Cría Vacuna Exentos, administrado por el organismo sanitario nacional. Allí deberían inscribirse quienes quieran adherir al régimen diferencial y mantener actualizados sus datos productivos y sanitarios.
Según el proyecto, el SENASA conservaría facultades de auditoría y control sobre los establecimientos adheridos para verificar el cumplimiento de los requisitos sanitarios y registrales.
El texto legislativo establece además que, en caso de aprobarse, la ley entraría en vigencia 30 días después de su publicación oficial y debería ser revisada a los dos años por el Poder Ejecutivo y el SENASA para evaluar sus efectos sobre la sanidad animal y el comercio ganadero.
La discusión sobre la identificación electrónica refleja una tensión creciente dentro de la cadena ganadera entre modernización tecnológica y adaptación a las distintas realidades productivas del país.
Mientras organismos sanitarios y sectores exportadores sostienen que la trazabilidad electrónica representa un paso necesario para mejorar controles sanitarios y estándares comerciales internacionales, parte de la producción advierte que las exigencias no deberían aplicarse de manera uniforme sobre todos los sistemas ganaderos.
La cría vacuna extensiva, especialmente en regiones alejadas o de menor escala, aparece como uno de los segmentos que más cuestionamientos plantea respecto de costos, operatividad y beneficios concretos de la medida.
En paralelo, el avance de tecnologías de identificación individual también se vincula a tendencias globales asociadas a control sanitario, certificación de origen y exigencias de mercados internacionales.
Para el sector ganadero argentino, el debate recién comienza y pondrá en discusión cómo equilibrar modernización, competitividad y sustentabilidad económica dentro de una actividad clave para la producción agropecuaria nacional.
