El Gobierno nacional ratificó su estrategia para avanzar hacia una mayor desregulación del mercado de biocombustibles y defendió un proyecto de ley que busca incrementar los porcentajes de mezcla obligatoria, crear mecanismos de comercialización transparentes y reducir la participación estatal en la fijación de precios y cupos. La posición oficial fue expuesta por Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería, durante el congreso Maizar 2026, donde destacó la necesidad de modernizar un esquema regulatorio que, según consideró, cumplió un ciclo.
La iniciativa que actualmente se analiza en el Senado propone modificaciones sustanciales al régimen vigente establecido por la Ley 27.640. Entre los cambios más relevantes figura el aumento gradual del corte obligatorio de biodiésel en el gasoil y de bioetanol en las naftas, además de la creación de mercados a término y la habilitación de surtidores con mezclas superiores a las actuales.
Durante su exposición, González sostuvo que existe un amplio consenso sobre la necesidad de actualizar las reglas del sector. Según explicó, el objetivo central es construir un mercado más competitivo, transparente y orientado a generar inversiones de largo plazo, sin perder de vista el impacto que las decisiones regulatorias tienen sobre los consumidores.
“Hay consenso en que el régimen regulatorio actual está agotado y necesita cambios. Presentamos un proyecto que creemos moderno y equilibrado”, afirmó el funcionario durante una conversación pública con representantes de la industria del bioetanol.
Más mezcla y nuevas oportunidades para el sector
La propuesta oficial contempla que el porcentaje obligatorio de biodiésel mezclado con gasoil pase del 7,5% actual al 10% en un plazo de un año desde la eventual aprobación de la norma. En paralelo, el corte de bioetanol en las naftas aumentaría del 12% al 15%.
El esquema mantendría una distribución específica para el bioetanol de origen agrícola: un 6% proveniente de la caña de azúcar y otro 6% derivado del maíz. El porcentaje restante quedaría sujeto a la competencia entre productores, sin restricciones sobre el origen de la materia prima.
Además, la iniciativa incorpora la posibilidad de desarrollar un mercado para vehículos flex fuel, capaces de funcionar con mezclas más elevadas de combustibles renovables, y habilita la instalación de bocas de expendio que comercialicen productos con mayores porcentajes de corte.
No obstante, el Gobierno busca evitar que el aumento de las mezclas tenga un efecto negativo sobre los precios finales. González advirtió que una expansión más acelerada de los porcentajes obligatorios podría trasladar costos al surtidor, especialmente en el caso del biodiésel.
Según explicó, históricamente el biodiésel ha tenido valores superiores a los del combustible fósil, aunque la diferencia se redujo durante los últimos años debido al incremento internacional de los precios del petróleo.
“El Estado no puede asumir un mayor costo fiscal y tampoco estamos dispuestos a que ese costo recaiga sobre los consumidores”, señaló el funcionario al justificar los límites fijados en el proyecto.
Desde la visión oficial, elevar el corte obligatorio de biodiésel hasta niveles cercanos al 15%, como reclaman algunas provincias productoras, podría traducirse en incrementos significativos en el precio del gasoil, afectando tanto al transporte como al sector agropecuario.
Un mercado más transparente y competitivo
Uno de los aspectos centrales de la reforma es la creación de un mercado electrónico spot y de un mercado a término para la comercialización de biocombustibles.
La iniciativa busca replicar herramientas que ya funcionan en otros segmentos energéticos, permitiendo que productores y compradores puedan cerrar contratos de abastecimiento de mediano y largo plazo bajo condiciones transparentes y competitivas.
De acuerdo con González, el nuevo sistema apunta a reemplazar el esquema actual, en el cual la Secretaría de Energía interviene mediante la asignación de cupos y la determinación de precios de referencia.
“Queremos eliminar esta lógica donde la Secretaría de Energía fija precios y cupos”, afirmó el funcionario, quien destacó que el nuevo modelo permitirá que la oferta y la demanda definan los valores de mercado.
La propuesta también prevé que las provincias puedan avanzar en esquemas propios con porcentajes de mezcla superiores a los mínimos establecidos por la legislación nacional, siempre que exista infraestructura disponible y consumidores dispuestos a utilizar esos combustibles.
Para el Gobierno, esta flexibilidad podría impulsar nuevas inversiones industriales, especialmente en regiones vinculadas a la producción de maíz, caña de azúcar y aceites vegetales.
Energía e infraestructura para sostener el crecimiento
Más allá de los biocombustibles, González aprovechó su participación en Maizar 2026 para realizar una evaluación del panorama energético nacional y de las perspectivas que ofrece Vaca Muerta para los próximos años.
El funcionario sostuvo que la Argentina cuenta con recursos suficientes para garantizar el abastecimiento interno de gas natural durante varias décadas, aunque reconoció que aún existen desafíos vinculados a la infraestructura de transporte, especialmente en algunas regiones del centro y litoral del país.
En ese contexto, defendió la decisión oficial de promover una mayor participación privada en el financiamiento de obras energéticas, diferenciándose de modelos anteriores basados en inversiones estatales.
Según explicó, las nuevas ampliaciones de capacidad están siendo impulsadas por el sector privado, que cuenta con contratos de demanda capaces de sostener económicamente los proyectos.
También anticipó que las necesidades de importación de Gas Natural Licuado (GNL) continuarán reduciéndose durante los próximos años, a medida que aumente la producción local y se completen nuevas obras de infraestructura.
Sin embargo, aclaró que el funcionamiento del sistema energético deberá apoyarse cada vez más en señales de mercado que reflejen los costos reales de producción y abastecimiento.
En esa línea, sostuvo que tanto los consumidores residenciales como las industrias deberán tomar decisiones basadas en precios reales y no en esquemas de subsidios generalizados.
Un sector clave para la generación de divisas
Las proyecciones oficiales señalan que el sector energético podría transformarse en uno de los principales generadores de divisas de la economía argentina durante los próximos años. Según las estimaciones difundidas por el Gobierno, el crecimiento de las exportaciones de petróleo, gas y derivados permitiría alcanzar un saldo comercial positivo cercano a los US$40.000 millones anuales en un plazo de cuatro años. La expectativa oficial es que este aporte se complemente con el desempeño de la agroindustria y contribuya a reducir las restricciones externas que históricamente afectaron al país. La información fue difundida originalmente por La Nación.
