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La Argentina podría cerrar 2026 con un superávit comercial de US$20.000 millones y un crecimiento económico del 3,5%, según estimó el economista Ricardo Arriazu durante el Tax & Legal Leadership Summit 2026, organizado por KPMG Argentina. El especialista, considerado una de las voces económicas más influyentes del entorno del presidente Javier Milei, sostuvo que el principal motor de ingreso de divisas será el desempeño de las exportaciones vinculadas a la agroindustria y al sector energético, factores que considera clave para consolidar la estabilidad macroeconómica del país.
Durante su exposición ante más de 150 ejecutivos y especialistas tributarios de empresas que operan en la Argentina, Arriazu presentó un análisis de las principales variables económicas y revisó al alza sus proyecciones para este año. Según explicó, la evolución reciente de la balanza comercial superó las estimaciones que había realizado meses atrás.
El economista indicó que inicialmente proyectaba un saldo positivo de US$13.500 millones, pero que la dinámica observada en el comercio exterior lo llevó a elevar esa previsión hasta los US$20.000 millones, acompañada además por un resultado favorable en la cuenta corriente.
La mejora de las perspectivas se sustenta, principalmente, en el desempeño esperado de las exportaciones. Arriazu señaló que el país cuenta con condiciones favorables para incrementar significativamente la generación de divisas en los próximos años, especialmente a partir del crecimiento de las actividades ligadas al campo y a la producción energética.
Además de la revisión sobre el comercio exterior, el economista sostuvo que la economía argentina podría expandirse un 3,5% durante este año en un escenario base. Sin embargo, aclaró que el resultado final dependerá de diversos factores vinculados al comportamiento de los ahorristas y al nivel de confianza en la economía.
En ese sentido, destacó la importancia de que los beneficios de la estabilización macroeconómica comiencen a reflejarse en la economía real, impulsando la actividad productiva y el consumo. Consideró que, de consolidarse esa tendencia, el país podría aprovechar una oportunidad de crecimiento sostenido.
Uno de los aspectos que Arriazu destacó durante su presentación fue el potencial exportador de la Argentina hacia el final de la década. Según sus estimaciones, para 2030 las ventas externas de energía podrían superar los US$30.000 millones, impulsadas por el desarrollo de proyectos vinculados al petróleo y al gas.
El economista consideró que el país atraviesa una coyuntura especialmente favorable debido a la combinación de recursos naturales, mejoras macroeconómicas y oportunidades en los mercados internacionales. No obstante, advirtió que el aprovechamiento de ese escenario dependerá de la capacidad de sostener reglas estables y políticas que favorezcan la inversión.
Arriazu sostuvo que la Argentina enfrenta una oportunidad excepcional para fortalecer su inserción internacional y consolidar nuevas fuentes de generación de divisas, aunque recordó que experiencias anteriores demuestran la importancia de mantener condiciones que permitan transformar ese potencial en resultados concretos.
El encuentro también sirvió para analizar el futuro del sistema impositivo argentino. Entre los expositores estuvieron Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos de la Nación, y Juan José Imirizaldu, director Nacional de Impuestos, ambos funcionarios del Ministerio de Economía.
Balestrini sostuvo que el Gobierno trabaja en una revisión integral de la estructura tributaria con el objetivo de promover inversiones y mejorar la competitividad. La funcionaria destacó las recientes reducciones de derechos de exportación y aranceles de importación, medidas que buscan disminuir costos para los sectores productivos.
Asimismo, señaló que la futura reforma apunta a reducir gradualmente la carga de los impuestos considerados distorsivos, manteniendo al mismo tiempo el compromiso con el equilibrio fiscal.
Por su parte, Fernando Quiroga Lafargue, socio de Tax & Legal de KPMG Argentina, presentó los resultados de una encuesta realizada entre especialistas tributarios de empresas medianas y grandes. Según explicó, el impuesto sobre los Ingresos Brutos continúa siendo señalado por el sector privado como uno de los principales factores que encarecen los precios de bienes y servicios. El especialista consideró que cualquier reforma tributaria orientada a mejorar la productividad y fomentar el desarrollo económico deberá incluir una revisión de ese tributo y de los distintos mecanismos de recaudación provinciales que impactan sobre la actividad empresarial, según información difundida por La Nación.
