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El Gobierno nacional dispuso la eliminación definitiva del marco regulatorio que aún permanecía vigente en torno al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), mediante la publicación de la Resolución 12/2026 en el Boletín Oficial. La decisión fue formalizada este 9 de junio por la Secretaría de Industria y Comercio, a través del secretario de Coordinación de Producción, Pablo Agustín Lavigne, y representa el cierre administrativo final de un instrumento creado en 2022 para subsidiar el precio de la harina y amortiguar el impacto de la suba internacional del trigo sobre los consumidores argentinos.
La medida adquiere relevancia porque pone fin a uno de los mecanismos de intervención más emblemáticos implementados durante la gestión anterior para regular el mercado interno de alimentos. Aunque el fideicomiso que sostenía el fondo había sido liquidado en 2024, todavía permanecían vigentes diversas resoluciones y disposiciones complementarias que regulaban aspectos operativos y administrativos del esquema, informo Agrolink.
Con la nueva resolución, el Ejecutivo considera concluido de manera definitiva el proceso de desactivación del FETA, en línea con la política de simplificación normativa y reducción de regulaciones impulsada por el Ministerio de Economía.
En los fundamentos de la resolución, el Gobierno sostuvo que las disposiciones vinculadas al fondo habían perdido sentido jurídico tras la liquidación del fideicomiso que lo financiaba.
El texto oficial recordó que el mecanismo fue disuelto mediante la Resolución 142/2024 del Ministerio de Economía, que revocó el contrato fiduciario que daba sustento legal al programa.
En ese contexto, la resolución señala que: "Habida cuenta de la revocación del contrato y la consecuente liquidación del fideicomiso del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, toda la normativa complementaria y reglamentaria dictada para su implementación y operatividad ha quedado carente de objeto y de sustento legal", según consta en el documento publicado en el Boletín Oficial.
Desde la administración nacional consideran que mantener vigentes regulaciones asociadas a instrumentos ya inexistentes genera complejidad administrativa y dificulta la claridad del ordenamiento normativo.
La derogación forma parte de un proceso más amplio orientado a revisar regulaciones que, según la visión oficial, perdieron vigencia o dejaron de cumplir una función efectiva dentro de la estructura regulatoria del Estado.
El FETA fue creado en marzo de 2022 en un contexto marcado por fuertes tensiones en los mercados internacionales de granos.
La invasión de Rusia a Ucrania provocó una importante suba de los precios internacionales del trigo, generando preocupación en numerosos países por el impacto que podía tener sobre el costo de los alimentos básicos.
Frente a ese escenario, el entonces Gobierno argentino implementó el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino con el objetivo de desacoplar parcialmente los precios internos de las cotizaciones internacionales.
El mecanismo funcionaba a través de subsidios dirigidos a los molinos harineros. La intención era compensar parte del costo de la materia prima para evitar que los aumentos internacionales se trasladaran plenamente al precio de la harina destinada al mercado interno.
A partir de esa intervención, se buscaba contener el valor de productos de consumo masivo como pan, fideos y otros derivados elaborados a base de trigo.
Para financiar el esquema, el Estado incrementó temporalmente los derechos de exportación aplicados al aceite y la harina de soja, utilizando esos recursos para alimentar el fideicomiso.
Desde su creación, el fondo fue objeto de intensos debates dentro de la cadena agroindustrial.
Entidades rurales, exportadores, analistas económicos y algunos sectores de la industria expresaron cuestionamientos sobre el funcionamiento del mecanismo y su efectividad para cumplir los objetivos propuestos.
Entre las críticas más frecuentes aparecieron observaciones relacionadas con la transparencia en la asignación de recursos, dificultades administrativas para acceder a las compensaciones y dudas respecto del impacto real sobre los precios finales al consumidor.
Los sectores críticos sostenían que el esquema generaba distorsiones en el mercado y que los subsidios no lograban evitar plenamente las subas de precios derivadas del contexto macroeconómico y de la evolución de los mercados internacionales.
Por otro lado, quienes defendían la herramienta argumentaban que el fondo permitía amortiguar parcialmente el impacto de las variaciones externas sobre alimentos esenciales para la población.
El debate acompañó prácticamente toda la existencia del programa y se mantuvo hasta su posterior eliminación.
El proceso de cierre comenzó formalmente durante 2024, cuando el Ministerio de Economía dispuso la revocación del contrato fiduciario que sostenía el funcionamiento del FETA.
Esa decisión implicó la liquidación del fondo y la interrupción definitiva de las compensaciones que se otorgaban a los molinos harineros.
Sin embargo, diversas normas complementarias continuaron vigentes desde el punto de vista formal, aun cuando el mecanismo ya no operaba.
La Resolución 12/2026 viene a completar ese proceso mediante la derogación de las disposiciones que todavía integraban el entramado regulatorio asociado al programa.
Desde la óptica oficial, la medida busca evitar superposiciones normativas y brindar mayor seguridad jurídica a los actores económicos.
La eliminación definitiva de las normas vinculadas al FETA se inscribe dentro del proceso de reforma regulatoria impulsado por el Gobierno nacional desde la sanción de la Ley Bases y la entrada en vigencia del Decreto 70/2023.
La estrategia oficial apunta a reducir la intervención estatal en distintos mercados, simplificar procedimientos administrativos y eliminar regulaciones consideradas obsoletas o innecesarias.
Dentro de ese marco, el Ministerio de Economía viene avanzando en la revisión de programas, fideicomisos y mecanismos de intervención heredados de administraciones anteriores.
La depuración normativa forma parte de una agenda más amplia que busca modificar la relación entre el Estado y los distintos sectores productivos.
Funcionarios del área económica sostienen que un esquema regulatorio más simple favorece la previsibilidad y reduce costos administrativos tanto para las empresas como para el propio sector público.
La eliminación de las últimas normas vinculadas al fondo no implica cambios operativos inmediatos para la actividad, dado que el fideicomiso había dejado de funcionar hace más de dos años.
No obstante, representa una señal política y regulatoria para los actores de la cadena triguera, que desde hace tiempo operan sin la existencia de este instrumento.
El mercado del trigo continuará funcionando bajo las condiciones vigentes, sin mecanismos específicos de compensación financiados por el Estado para la industria molinera.
Para los productores, exportadores e industriales, la resolución confirma la decisión oficial de avanzar hacia un esquema con menor intervención pública y mayor protagonismo de las variables de mercado.
De esta manera, el FETA queda definitivamente incorporado a la lista de políticas cerradas por la actual administración, poniendo fin a una herramienta que durante más de dos años ocupó un lugar central en el debate sobre el funcionamiento del mercado de alimentos en Argentina.
