El Gobierno nacional aprobó el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto minero Vicuña, desarrollado por las compañías BHP y Lundin Mining en el noroeste de San Juan. La iniciativa contempla una inversión inicial de US$ 9.712 millones, que podría superar los US$ 18.000 millones en distintas etapas, y se perfila como la mayor apuesta minera de la historia argentina por su escala, su potencial exportador y el volumen de empleo que promete generar.
La decisión fue comunicada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó el impacto económico que tendrá el emprendimiento y sostuvo que se trata de uno de los cinco mayores yacimientos de cobre del mundo. El proyecto integra los depósitos Josemaría y Filo del Sol, ubicados en el extremo noroeste de San Juan, sobre la cordillera de los Andes y cerca de la frontera con Chile.
Desde el Gobierno señalaron que la iniciativa podría generar exportaciones por más de US$ 2.600 millones anuales y crear más de 30.000 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos. La aprobación del RIGI constituye además uno de los pasos regulatorios más relevantes antes de la decisión final de inversión, prevista para antes de fin de año.
El proyecto Vicuña reúne dos de los descubrimientos mineros más importantes de las últimas décadas y concentra reservas de cobre, oro y plata. La primera etapa contempla el desarrollo de la mina Josemaría, situada a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar, cuya construcción podría comenzar en 2027. Según las previsiones actuales, la producción del primer concentrado de cobre se iniciaría en 2030.
En una segunda fase se avanzará sobre Filo del Sol, un yacimiento ubicado a más de 5.200 metros de altura y emplazado sobre el límite entre Argentina y Chile. La combinación de ambos activos posiciona a Vicuña como uno de los proyectos mineros más ambiciosos del planeta.
De acuerdo con las estimaciones difundidas por las empresas, el complejo tendría una producción promedio anual de 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata durante sus primeros 25 años de operación. Estas cifras explican el interés que despierta el emprendimiento tanto en el sector privado como en las autoridades nacionales y provinciales.
La aprobación del RIGI llega en un contexto de fuerte expectativa por el desarrollo de la minería metalífera en Argentina y, particularmente, por el potencial de los proyectos cupríferos de San Juan. El nuevo régimen de incentivos busca atraer inversiones de gran escala mediante beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros, una herramienta que el Gobierno considera clave para acelerar la llegada de capitales.
Sin embargo, el avance de Vicuña también abrió debates dentro del sector. En las últimas semanas surgieron cuestionamientos por la adjudicación de una parte de las obras del nuevo campamento minero a un consorcio encabezado por empresas chinas, una decisión que generó reclamos de proveedores nacionales preocupados por las condiciones que el RIGI otorga para la importación de bienes y servicios.
Otro de los puntos de discusión se produjo durante una audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), donde otras compañías mineras objetaron el acceso prioritario que tendría Vicuña a la infraestructura de transmisión eléctrica necesaria para desarrollar el proyecto.
Mientras avanza en la obtención de nuevas autorizaciones regulatorias, la empresa también trabaja en la licitación de un corredor vial en el oeste sanjuanino que permitirá mejorar la logística y reducir tiempos de traslado hacia los yacimientos.
Actualmente, Vicuña emplea a 2.615 trabajadores en todo el mundo, de los cuales 2.421 desarrollan tareas en Argentina. El plantel local está compuesto por 580 empleados directos y 1.841 trabajadores contratados a través de empresas proveedoras.
Según datos de la compañía, el 92,6% de su plantilla global está integrada por argentinos y, entre los empleados directos, más del 81% proviene de San Juan. Además, participan trabajadores de las comunidades cercanas, como Iglesia, San José de Jáchal y la localidad riojana de Guandacol.
El entramado productivo asociado al proyecto también muestra una fuerte presencia regional. Actualmente, unas 245 empresas prestan servicios vinculados a Vicuña, de las cuales 150 tienen sede en San Juan. De ese total, 20 están radicadas en Iglesia y otras 130 en distintos puntos de la provincia.
La aprobación oficial representa un nuevo impulso para la minería argentina y consolida a San Juan como uno de los polos estratégicos para el desarrollo del cobre en Sudamérica. Según publicó Clarín, el proyecto Vicuña podría convertirse en uno de los mayores motores de exportaciones e inversiones del país durante las próximas décadas.
