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Estados Unidos comenzó a aplicar este viernes un nuevo esquema de aranceles de entre el 10% y el 12,5% sobre productos importados desde 60 países, tras el vencimiento del régimen temporal que había implementado la administración de Donald Trump. Según informó Infobae, las nuevas tarifas buscan incentivar a los socios comerciales a fortalecer los controles contra la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.
La medida fue oficializada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que sostuvo que los países alcanzados concentran cerca del 99,4% de las importaciones estadounidenses y que las nuevas tarifas responden a investigaciones sobre la aplicación insuficiente de normas para impedir el ingreso de productos fabricados bajo explotación laboral.
El organismo explicó que la tarifa del 10% corresponde a los países que cuentan con prohibiciones para importar bienes producidos con trabajo forzoso o que asumieron compromisos para reforzar esos controles mediante acuerdos comerciales. Entre ellos figuran Argentina, Canadá, México, India, Indonesia, Malasia, Bangladesh, Ecuador, Guatemala, Honduras, El Salvador, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y Reino Unido, entre otros.
En el caso de algunos productos provenientes de la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Suiza, las tarifas oscilan entre el 10% y el 12,5%, mientras que otras economías investigadas quedaron sujetas al arancel máximo previsto por la normativa.
China no forma parte de este esquema porque mantiene un régimen comercial específico con Estados Unidos, sujeto a otras disposiciones arancelarias vigentes.
Según informó Infobae, la administración estadounidense recurrió a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 para implementar las nuevas medidas. Esa legislación autoriza al Gobierno a imponer restricciones comerciales cuando considera que determinados países desarrollan prácticas comerciales injustificadas, irrazonables o discriminatorias.
El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, defendió la decisión y sostuvo que el objetivo es impulsar estándares internacionales más exigentes para combatir la explotación laboral.
“Estados Unidos ha tenido una prohibición de importación de trabajo forzoso durante casi un siglo y la aplica rigurosamente; ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”, afirmó el funcionario.
El nuevo esquema reemplaza los aranceles generales del 10% que la Casa Blanca había aplicado de manera provisoria mientras buscaba una alternativa legal luego de un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que limitó la capacidad del Poder Ejecutivo para imponer determinados gravámenes sin intervención del Congreso.
La medida contempla algunas excepciones. Quedaron excluidos productos como petróleo, gas y fertilizantes, además de los bienes que ingresan bajo las condiciones de libre comercio previstas en el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA).
Los aranceles serán abonados inicialmente por las empresas estadounidenses que importan esos productos. En muchos casos, parte de ese costo puede trasladarse al precio final que pagan los consumidores, aunque la administración Trump sostiene que el objetivo principal es modificar las políticas comerciales y laborales de los países alcanzados.
La USTR también confirmó que algunos gobiernos modificaron su legislación durante el proceso de evaluación y consiguieron reducir el impacto de las nuevas tarifas. Uno de los casos mencionados fue India, que inicialmente enfrentaba un arancel del 12,5%, pero finalmente quedó comprendida dentro del grupo que abonará el 10%.
En paralelo, Estados Unidos mantiene abiertas otras investigaciones comerciales para determinar si 16 países incurrieron en prácticas de sobreproducción que podrían perjudicar a empresas estadounidenses mediante una caída artificial de los precios internacionales.
El debate sobre esta política también involucra a organismos internacionales y entidades especializadas en derechos laborales. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que 27,6 millones de personas se encontraban en situación de trabajo forzoso en 2021 y considera que las restricciones comerciales pueden convertirse en una herramienta para combatir esa práctica, siempre que estén acompañadas por mecanismos efectivos de control y cumplimiento.
