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La gestión del arbolado público urbano es un tema complejo que involucra la intervención y participación de profesionales del sector agroindustrial. También es un tema que suele generar consultas, tanto entre los propios profesionales como entre los ciudadanos, especialmente durante las temporadas de poda o ante otras intervenciones sobre ejemplares del espacio público.
Desde la Comisión Técnica de Infraestructura Verde del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA), junto con miembros integrantes del equipo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), se comparte una síntesis del esquema actual de gestión del arbolado público en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con el objetivo de aportar información técnica que facilite la comprensión de la organización institucional y de los criterios que orientan las principales intervenciones.
Actualmente, la gestión del arbolado público en CABA se encuentra descentralizada bajo un esquema institucional cuyos antecedentes se detallan a continuación.
La descentralización del mantenimiento del arbolado público hacia las Comunas se rige principalmente por la Ley N.º 1.777 (Ley Orgánica de Comunas).
Sancionada en septiembre de 2005, esta ley estableció las competencias exclusivas de las Comunas. En su artículo 10, inciso b), les otorga la competencia exclusiva sobre la «planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento de los espacios verdes y el arbolado público vial».
Si bien la ley fue sancionada en 2005, la transferencia efectiva de facultades y presupuesto fue un proceso gradual. La gestión comunal comenzó formalmente en diciembre de 2011 y, a partir de entonces, se avanzó progresivamente en la transferencia de funciones.
El Decreto N.º 251/14 constituyó una pieza fundamental en este proceso. A través de dicho decreto y de resoluciones complementarias de la entonces Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, se oficializó la transferencia de las funciones de mantenimiento de los espacios verdes y del arbolado público a las jurisdicciones comunales.
Para el año 2015, las Comunas ya ejercían plenamente la gestión operativa. Cada una administraba los servicios de poda, extracción y plantación bajo la supervisión técnico-administrativa de la Dirección General de Arbolado, organismo que mantiene el rol de ente rector para la definición y unificación de criterios técnicos.
Actualmente, las Comunas planifican, ejecutan y controlan el mantenimiento cotidiano del arbolado público. Entre sus responsabilidades se encuentran las tareas de poda, las extracciones, las plantaciones y la gestión de los reclamos vecinales.
Por su parte, la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano, a través de la Subsecretaría de Gestión Comunal y, específicamente, de la Dirección General de Arbolado, define las políticas generales, establece los estándares técnicos y fitosanitarios y coordina aquellas intervenciones de mayor escala o que involucran a toda la Ciudad.
El marco normativo vigente está dado por la Ley N.º 3.263 (Ley de Arbolado Público Urbano), que, si bien posee alcance para toda la Ciudad, reafirma mediante su reglamentación la operatividad descentralizada en las quince Comunas.
El mantenimiento del arbolado público requiere una planificación que permita realizar un seguimiento sostenido de cada ejemplar.
Desde el año 2018 se implementa el Plan Quinquenal de Mantenimiento del Arbolado Público, mediante el cual se procura que cada ejemplar del bosque urbano de la Ciudad reciba, como mínimo, una intervención técnica dentro de un período de cinco años.
Sin embargo, el concepto de intervención no se limita exclusivamente a la poda. Implica que cada árbol sea inspeccionado y evaluado integralmente durante ese período.
Esto no impide que determinados corredores, situaciones particulares o especies específicas requieran tratamientos con una frecuencia mayor.
Las tareas de poda responden principalmente a tres criterios técnicos:
Seguridad y gestión del riesgo: orientadas a prevenir incidentes asociados a la caída de ejemplares o al desprendimiento de ramas.
Adecuación al entorno urbano: destinadas a adaptar la estructura y dimensiones del árbol al espacio disponible, evitando interferencias con infraestructura, servicios y equipamiento urbano.
Sanidad y estabilidad estructural: intervenciones orientadas a mejorar la vitalidad de los ejemplares y aumentar su resiliencia frente a las condiciones propias del ambiente urbano.
La definición de los períodos de intervención también responde a criterios técnicos. La Dirección General de Arbolado es la autoridad encargada de establecer los períodos de veda, basados en el estado fenológico y fisiológico de las especies, así como de determinar el inicio de las temporadas de poda de invierno —o de reposo— y poda verde —o de verano—.
La poda para el despeje de luminarias y cámaras de seguridad constituye una situación particular. Estas tareas se coordinan y ejecutan de forma centralizada por la Dirección General de Arbolado y, por razones de seguridad ciudadana, quedan exceptuadas de las vedas temporales.
La gestión del arbolado también contempla qué sucede con el material residual generado durante las intervenciones.
Bajo un enfoque de economía circular, la totalidad del material residual producto de podas o extracciones es derivada a la Planta de Tratamiento de Residuos Forestales.
Allí, los restos orgánicos se transforman en compost o astillas (chips), que luego son reutilizados para el mantenimiento y la mejora de la infraestructura verde de la ciudad.
La gestión del arbolado urbano constituye una política pública de largo plazo. Su éxito depende de la planificación, la continuidad de los programas de mantenimiento y la participación de profesionales capacitados.
Un manejo adecuado permite maximizar los beneficios ecosistémicos que el arbolado aporta —como la regulación térmica, la captura de carbono, la mejora de la biodiversidad, la infiltración del agua de lluvia y el bienestar de las personas—, al tiempo que reduce los riesgos asociados al envejecimiento de los ejemplares y a su interacción con la infraestructura urbana.
La participación de profesionales especializados resulta indispensable para que las decisiones sobre el arbolado respondan a criterios técnicos, científicos, ambientales y de interés público.
Desde el CPIA, entendemos que generar y difundir este tipo de información contribuye a una mejor comprensión del rol profesional y favorece el desarrollo de ciudades más resilientes, saludables y sostenibles.
Fuente: CPIA
