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La Legislatura de Río Negro dio un paso decisivo para reformar el régimen provincial de carnes y habilitar, bajo condiciones que deberá definir la autoridad de aplicación, la eventual comercialización de productos provenientes de fauna silvestre, entre ellos jabalí y guanaco. El proyecto impulsado por el Gobierno provincial obtuvo dictamen favorable por mayoría en comisión y busca reemplazar una normativa vigente desde hace más de 35 años, con un nuevo esquema de habilitación, fiscalización, trazabilidad y control sanitario para la faena, elaboración, transporte y venta de productos de origen animal.
La iniciativa no establece de manera directa una lista de especies autorizadas para el circuito comercial. En cambio, delega en la autoridad competente la definición de los animales que podrán ser aprovechados, además de establecer temporadas, cupos de extracción y zonas habilitadas. Esa particularidad concentra buena parte del debate, ya que permitiría incorporar determinadas especies de fauna silvestre al mercado formal, pero dejaría las condiciones específicas sujetas a decisiones posteriores y a los criterios técnicos que establezca el Estado provincial.
El cambio adquiere especial relevancia en el caso del jabalí, una especie exótica que está presente en distintas zonas de la Patagonia y cuyo aprovechamiento puede vincularse con estrategias de control poblacional. Pero el proyecto también menciona al guanaco, una especie autóctona cuya eventual extracción comercial generó cuestionamientos de organizaciones vinculadas con la conservación de la fauna.
La reforma se encuentra todavía en el ámbito legislativo. El dictamen favorable permite que el proyecto avance hacia su tratamiento en el recinto, pero no implica que desde ahora exista una autorización general para cazar, faenar y comercializar jabalíes o guanacos. Si la ley es aprobada, será la autoridad correspondiente la que deberá determinar qué especies, bajo qué condiciones y en qué lugares podrán incorporarse al régimen.
La posibilidad de incluir al guanaco dentro del nuevo esquema es uno de los aspectos que más resistencia genera entre sectores ambientalistas. Desde la Fundación Guardafaunas de Río Negro cuestionaron que la reforma otorgue una facultad general para incorporar fauna silvestre al circuito de carnes sin contar, según sostienen, con información poblacional suficiente.
Su presidente, Gustavo García, planteó reparos sobre el alcance de la propuesta. “El proyecto incluye fauna autóctona, es decir cualquier animal: choique, vizcachas. La ley de carnes incorpora a la fauna exótica, el jabalí, e incorpora al guanaco. Ahí no estamos de acuerdo, es innecesario. Es una medida muy arbitraria”, afirmó, según la información difundida por Bichos de Campo.
El cuestionamiento apunta principalmente a la falta de datos que, según la organización, permitan establecer cuál es la situación actual de las poblaciones de guanacos en Río Negro y cuál sería el impacto de una eventual extracción con fines comerciales.
“No hay justificación para incorporar al guanaco. En Santa Cruz la ley se aplica, pero tiene una población de guanacos importante, más de un millón. Río Negro no tiene datos, no hay censos ni información científica que lo avale”, sostuvo García, de acuerdo con Bichos de Campo.
La comparación con Santa Cruz forma parte del argumento ambiental: mientras esa provincia cuenta con estimaciones poblacionales de guanacos que permiten establecer determinadas políticas de manejo, desde la entidad rionegrina advierten que Río Negro no tendría un relevamiento equivalente que permita evaluar una apertura del mercado.
El planteo introduce una de las cuestiones centrales que deberá resolver el debate legislativo: cómo compatibilizar el aprovechamiento económico de determinadas especies con criterios de conservación, sustentabilidad y evidencia científica.
El proyecto impulsado por el Ejecutivo provincial pretende reemplazar la actual Ley E 2534, una normativa que lleva más de tres décadas de vigencia y que, según el Gobierno, necesita ser actualizada para adaptarse a las características actuales de la producción y el consumo.
La nueva legislación propone ordenar todo el circuito vinculado con las carnes: desde la habilitación de los establecimientos y los sistemas de faena hasta el transporte, la elaboración y la comercialización.
Uno de los objetivos centrales es avanzar sobre actividades que actualmente pueden desarrollarse de manera limitada o fuera de un esquema formal, para incorporarlas a un sistema con controles sanitarios y trazabilidad.
En el caso de las carnes provenientes de fauna silvestre, la formalización permitiría establecer mecanismos para controlar el origen de los animales, las condiciones de faena, el procesamiento y la llegada del producto al consumidor.
El proyecto plantea que la autoridad competente tendrá capacidad para definir las especies autorizadas, así como los períodos de extracción, los cupos y las áreas en las que se podrá realizar el aprovechamiento.
Este esquema busca evitar que la eventual apertura comercial se transforme en una autorización indiscriminada. En términos prácticos, la aprobación de la reforma no implicaría que todas las especies silvestres puedan comercializarse, sino que crearía un marco legal para que determinadas especies sean incorporadas cuando existan condiciones técnicas y sanitarias para hacerlo.
La reforma también incluye un capítulo destinado a los establecimientos artesanales, con requisitos adaptados a emprendimientos de menor escala.
La propuesta contempla dentro de esta categoría a aquellos establecimientos que produzcan hasta 500 kilos diarios de producto terminado proveniente de la faena, o hasta 100 kilos diarios de productos elaborados.
El objetivo es facilitar la incorporación de pequeños productores al circuito formal sin eliminar los requisitos vinculados con la inocuidad de los alimentos.
La adaptación de las exigencias a la escala de cada establecimiento busca evitar que los costos y las condiciones de habilitación diseñadas para grandes plantas se conviertan en una barrera para emprendimientos pequeños.
El criterio, en este caso, combina dos objetivos: formalizar producción y mantener estándares sanitarios que permitan garantizar la seguridad de los alimentos.
Otro de los cambios previstos está relacionado con la distribución de competencias entre organismos provinciales y municipios.
La reforma contempla la intervención de distintas áreas del Estado en función de sus responsabilidades. El área de Desarrollo Económico y Productivo tendrá participación en el control de establecimientos y transportes, mientras que el sector de Salud intervendrá en los aspectos vinculados con la inocuidad y los registros sanitarios.
El esquema pretende fortalecer el seguimiento de los productos a lo largo de toda la cadena, desde la faena hasta la comercialización.
También se incorporan herramientas para el traslado de productos destinados al autoconsumo de familias rurales, un aspecto que busca contemplar las particularidades de los establecimientos y comunidades que producen alimentos para consumo propio.
La actualización del marco regulatorio responde así a una realidad productiva más diversa que la contemplada por la legislación vigente.
Entre las especies que podrían beneficiarse de un esquema de aprovechamiento formal aparece el jabalí, cuya condición de especie exótica plantea una situación diferente a la del guanaco.
Su incorporación a un régimen regulado podría permitir articular objetivos productivos con políticas de manejo de poblaciones de fauna introducida. Sin embargo, el proyecto no determina de antemano cómo será ese esquema ni establece un cupo específico.
La autoridad de aplicación deberá definir esos aspectos si la reforma se convierte en ley.
En este punto, la diferencia entre especies será clave. El tratamiento de una especie exótica como el jabalí puede responder a objetivos distintos de los que corresponden a una especie nativa como el guanaco. Por eso, el debate sobre la reforma no se limita a una cuestión comercial: también involucra criterios de manejo de fauna y conservación.
El dictamen favorable en comisión marca un avance importante, pero todavía quedan instancias legislativas antes de que el nuevo régimen pueda entrar en vigencia.
Si el proyecto obtiene aprobación, Río Negro contará con una legislación actualizada para regular la producción, circulación y comercialización de carnes y productos de origen animal. También quedará establecido el marco para que la autoridad competente determine qué especies silvestres pueden incorporarse al circuito formal.
Ese último punto será probablemente uno de los aspectos más sensibles durante el tratamiento parlamentario. La posibilidad de comercializar carne de jabalí puede encontrar argumentos productivos y de manejo de fauna, mientras que la inclusión del guanaco exige responder a las objeciones vinculadas con la disponibilidad de información científica y el estado de las poblaciones.
La discusión también pone en juego una cuestión más amplia: la posibilidad de transformar recursos de la fauna silvestre en una actividad económica regulada, con controles sanitarios y trazabilidad, sin comprometer la conservación de las especies.
El proyecto deja en manos de la autoridad de aplicación buena parte de las definiciones operativas. Es ese diseño el que permitirá establecer, eventualmente, qué especies serán autorizadas, cuáles serán los períodos de extracción, qué cantidades podrán capturarse y en qué zonas.
Por eso, el avance legislativo no significa todavía que Río Negro haya abierto de manera definitiva el mercado para la carne de guanaco o jabalí. Lo que hizo la Legislatura es avanzar sobre el marco normativo que podría permitirlo.
La decisión final determinará si la provincia actualiza una legislación con más de 35 años y abre una nueva alternativa para la producción y comercialización de carnes silvestres. El debate tendrá que resolver, al mismo tiempo, cómo equilibrar sanidad, actividad económica y conservación, especialmente en el caso de las especies autóctonas.
