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La presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari, reclamó este martes que las retenciones tengan un final establecido por una ley del Congreso y no vuelvan a aplicarse, durante la apertura del Congreso Anual Ordinario de la entidad en Rosario. Ante delegados de las federadas y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, la dirigente planteó además una reforma integral de la estructura tributaria, mayor acceso al financiamiento, inversiones en infraestructura y políticas específicas para pequeños y medianos productores. Sus planteos abarcaron también la futura Ley de Semillas, el funcionamiento del INTA y el Senasa, las economías regionales y el rol del IPCVA.
El discurso de Sarnari tuvo como eje las condiciones de rentabilidad de los productores de menor escala y la necesidad, según la posición de la entidad, de establecer reglas de largo plazo para la actividad agropecuaria.
La dirigente reconoció que la reducción de las alícuotas de los derechos de exportación anunciada por el Gobierno para 2027 significó un alivio parcial, pero sostuvo que las medidas transitorias no resuelven el problema de fondo.
“Las medidas transitorias sin poner fin a las retenciones no alcanzan, lo hemos dicho desde siempre”, afirmó Sarnari, según consignó Bichos de Campo, fuente de la información.
La presidenta de la FAA agregó que el objetivo de la organización es que los derechos de exportación tengan una fecha de finalización establecida por el Poder Legislativo. “Es necesario que tengan un fin, que ese fin sea por ley del Congreso y que no vuelvan nunca más”, sostuvo.
Sobre el carácter del impuesto, Sarnari expresó: “Las retenciones son el peor de los impuestos, regresivo, distorsivo y de uso discrecional”, de acuerdo con el discurso reproducido por Bichos de Campo.
La posición de la Federación Agraria no se limita a los derechos de exportación. Sarnari planteó que el sector necesita discutir el conjunto de tributos que impactan sobre la producción, incluidos los impuestos nacionales, provinciales y las tasas municipales.
“No alcanza con discutir solamente las retenciones, que son una parte del problema, grande, pero solo una parte. Tenemos que discutir toda la estructura tributaria que pesa sobre la producción”, afirmó.
Según la dirigente, la presión fiscal tiene un impacto particularmente importante sobre los productores de menor escala. En ese sentido, propuso una reforma tributaria integral que contemple además la distribución de recursos entre los distintos niveles del Estado.
El planteo se vinculó con la necesidad de sostener a los pequeños y medianos establecimientos y evitar que las diferencias de escala se traduzcan en una carga proporcionalmente mayor para quienes tienen menor capacidad productiva.
Las cooperativas también ocuparon un lugar destacado en el discurso. Sarnari anticipó que la FAA defenderá un tratamiento tributario diferencial para esas organizaciones y rechazará modificaciones que, según la entidad, puedan trasladar mayores costos a los productores asociados.
“Queremos más cooperativismo, no menos. Más productores asociados no menos”, resumió.
La dirigente vinculó la discusión impositiva con la rentabilidad de las explotaciones. Según describió, los productores enfrentan una combinación de costos de insumos, arrendamientos, carga fiscal y dificultades para acceder al crédito.
“Producir hoy es cada vez más complejo”, sostuvo Sarnari, quien afirmó que algunos productores terminan las campañas sin una rentabilidad que compense el esfuerzo realizado.
“No pedimos privilegios. Necesitamos condiciones para producir, con reglas claras y previsibles. Queremos planificar y necesitamos rentabilidad”, planteó.
Otro de los temas incluidos en el discurso fue la discusión sobre una eventual modificación de la Ley de Semillas. La presidenta de la FAA señaló que la entidad conformó una mesa de trabajo junto con otras organizaciones para definir una posición común frente a las propuestas de reforma.
La postura expresada por Sarnari contempla mantener el derecho de los productores al uso propio de semillas dentro del marco del Convenio UPOV 78 y rechazar la adhesión a UPOV 91.
“No a Upov 91, sí a la modificación de la Ley de Semillas en el marco de Upov 78 con respeto indiscutido al uso propio”, afirmó.
El planteo se produce mientras el Gobierno mantiene conversaciones con entidades de productores y representantes de la industria semillera para definir una eventual reforma. Uno de los puntos centrales de esa discusión es establecer quiénes deberían pagar regalías por el uso de determinadas tecnologías y variedades.
Sarnari sostuvo que los productores no se oponen a la incorporación de tecnología, pero planteó límites respecto del impacto económico que puede tener sobre las explotaciones.
“Queremos tecnología y las mejores”, dijo, aunque advirtió: “No podemos aceptar que la incorporación de tecnología termine convirtiéndose en una nueva carga que haga más difícil producir”.
El acceso al financiamiento fue otro de los reclamos formulados durante la apertura del Congreso. Sarnari reconoció que hubo avances en materia de crédito para algunas actividades, pero consideró que todavía no existe acceso suficiente para todos los productores.
Como ejemplo, mencionó la situación de los productores arroceros, que, según su planteo, tuvieron dificultades para obtener financiamiento durante el año pese a necesitarlo para sostener la actividad.
La dirigente también vinculó el acceso al crédito con el recambio generacional en el campo. En su visión, la permanencia de los jóvenes en las explotaciones requiere herramientas que les permitan acceder a la tierra y desarrollar proyectos productivos.
La cuestión forma parte de una preocupación más amplia de la Federación Agraria: sostener la presencia de productores de menor escala en las distintas regiones del país y evitar una concentración creciente de la actividad.
La infraestructura ocupó otro tramo importante del discurso. Sarnari sostuvo que existen establecimientos que tienen dificultades para sacar su producción cuando se producen lluvias y reclamó mejoras en los caminos rurales.
También pidió que las tasas municipales vinculadas con infraestructura sean destinadas a los objetivos para los cuales fueron recaudadas.
En cuanto a las rutas nacionales, la titular de la FAA cuestionó el estado de la infraestructura y reclamó mayor inversión pública.
“Años de desidia en materia de infraestructura y abandono de la obra pública por parte del Estado Nacional nos ponen en situación de emergencia y alerta”, sostuvo.
La dirigente planteó que el objetivo de alcanzar mayores volúmenes de producción requiere una infraestructura acorde. En ese sentido, mencionó puertos, rutas, ferrocarriles, caminos rurales y capacidad de almacenamiento como componentes necesarios para la actividad agropecuaria.
También incorporó la seguridad rural entre las prioridades y reclamó que los delitos cometidos en ámbitos rurales tengan sanciones efectivas.
Las dificultades de las economías regionales también formaron parte de la agenda presentada por la FAA. Sarnari identificó entre los principales problemas los costos, las distancias, la infraestructura y, en determinados casos, el impacto de la apertura de importaciones.
La dirigente destacó además el efecto que tiene la desaparición de un establecimiento productivo sobre las comunidades en las que se encuentra. Según su planteo, el cierre de un productor regional no afecta únicamente a una explotación, sino también a las actividades económicas vinculadas.
Ante la posibilidad de enfrentar un período con dificultades climáticas, Sarnari planteó la necesidad de avanzar con un seguro multirriesgo que permita cubrir diferentes eventos que pueden afectar a la producción.
La FAA buscará impulsar una legislación nacional que establezca herramientas de cobertura frente a los riesgos climáticos, según anticipó su presidenta.
El funcionamiento de los organismos vinculados con la actividad agropecuaria también estuvo presente en el discurso.
Respecto del INTA, Sarnari expresó preocupación por el proyecto de Presupuesto y por el esquema de financiamiento previsto para el organismo. La dirigente cuestionó que los recursos que anteriormente tenían una asignación específica puedan pasar a depender de partidas generales.
“El propio Instituto conserve su autonomía no solo funcional sino económica para definir sus estrategias en el marco de una política agropecuaria de investigación, desarrollo y extensión”, planteó.
Y agregó: “No se trata de destruir herramientas, se trata de fortalecerlas”.
Sobre el Senasa, la presidenta de la FAA defendió su función sanitaria y de control de calidad, tanto para el mercado interno como para las exportaciones.
La dirigente sostuvo que cualquier proceso de simplificación de trámites o regulaciones debería considerar las distintas realidades productivas del país y las condiciones en las que trabajan los productores en regiones diversas.
El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) también fue mencionado durante el discurso. Sarnari defendió el esquema de articulación entre el sector público y el privado y destacó su función en la promoción de la carne argentina en los mercados internacionales.
“El IPCVA es un instituto donde se articula lo público y lo privado, buscando la apertura y consolidación de mercados internacionales, que mejoran los precios de nuestras vacas”, sostuvo.
La dirigente también se refirió al consumo interno de carne vacuna y señaló que atraviesa un escenario de menor demanda, al que vinculó tanto con los costos como con cambios en los hábitos alimentarios.
Desde su perspectiva, la promoción del producto dentro y fuera del país requiere recursos. “Todo eso y mucho más cuesta dinero, sin recursos el IPCVA desaparece”, afirmó.
El planteo se inscribió dentro de una definición más amplia sobre las reformas que atraviesan a distintos organismos y políticas agropecuarias. Sarnari sostuvo que los cambios regulatorios pueden ser necesarios, pero advirtió que deben evaluarse sus consecuencias sobre la producción.
“Los cambios no son malos por sí mismos, pero cuando pensamos en modificar, desregular, transformar, necesariamente hay que pensar en los efectos”, expresó.
Con ese enfoque, la apertura del Congreso de la Federación Agraria dejó planteada una agenda que excede el reclamo por las retenciones. La entidad buscará intervenir en el debate sobre impuestos, semillas, financiamiento, infraestructura, organismos técnicos, seguros y economías regionales, con especial atención sobre los pequeños y medianos productores.
