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Los yerbateros misioneros y el DNU 70/2023 quedaron en el centro de un nuevo reclamo político del sector, luego de que 82 productores y referentes de la actividad presentaran un documento ante la Cámara de Diputados de la Nación el 6 de octubre de 2026. El escrito solicita el rechazo del decreto y cuestiona tanto los cambios en las atribuciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) como la derogación de la Ley de Tierras Rurales, según publicó Bichos de Campo.
La presentación está dirigida a todos los diputados nacionales, con especial énfasis en los representantes de Misiones. Los firmantes sostienen que las modificaciones impulsadas por el decreto afectaron las herramientas de regulación de la cadena yerbatera y la protección de los productores primarios.
El reclamo se produjo antes de una sesión especial de la Cámara baja convocada para el 15 de octubre de 2026, en la que la oposición buscaría avanzar con el rechazo del DNU. Al 13 de octubre, esa sesión todavía estaba pendiente: no corresponde anticipar su resultado.
El documento pone el foco en dos aspectos del DNU 70/2023: la modificación de las facultades del INYM y la derogación de la Ley de Tierras Rurales, establecida en la Ley 26.737.
En relación con el instituto, los firmantes cuestionan los cambios introducidos por los artículos 164 y 165 del decreto, que modificaron el objetivo del organismo y eliminaron determinadas atribuciones. Según los productores, esa modificación redujo la capacidad de intervención sobre la cadena y debilitó la posición de quienes venden hoja verde.
El documento sostiene que la desregulación favoreció a los actores de mayor tamaño en la cadena comercial. Se trata de la posición de los firmantes, no de una conclusión judicial sobre responsabilidades individuales.
En cuanto a la Ley de Tierras, los productores relacionan su derogación con la posibilidad de que aumente la participación extranjera en la propiedad de tierras rurales. El planteo se apoya también en una decisión de la Corte Suprema que rechazó una acción judicial contra el artículo 154 del decreto por una cuestión formal de legitimación, sin resolver la constitucionalidad de fondo de la norma.
El reclamo se vincula con la discusión por el precio que reciben los productores de yerba mate. El documento afirma que la pérdida de facultades regulatorias del INYM debilitó la posición de los productores frente a los compradores de materia prima.
Como antecedente, la nota de Bichos de Campo recuerda que el INYM había señalado en 2024 que el precio de la hoja verde había comenzado la cosecha en $380 por kilo y luego descendido a un promedio de $180, por debajo del último precio mínimo de $250 fijado por el organismo en ese contexto.
En abril de 2026, productores también habían planteado ante autoridades de Misiones que la rentabilidad del sector atravesaba una situación crítica. Según la información citada por el medio, los productores denunciaban que el valor recibido por la hoja verde representaba menos de la mitad del costo de la materia prima.
Estos antecedentes explican por qué el reclamo por el DNU se combina con la discusión sobre la capacidad del INYM para intervenir en el mercado y equilibrar la relación entre productores y compradores.
El documento está dirigido especialmente a los representantes de Misiones en la Cámara baja. Entre los legisladores mencionados por los firmantes se encuentran Oscar Herrera Ahuad, Alberto Arrúa, Daniel Vancsik y Yamila Ruiz, de Innovación Federal; Diego Hartfield y Maura Gruber, de La Libertad Avanza; y Emmanuel Bianchetti, del PRO.
Los productores les reclaman que acompañen el rechazo del DNU 70/2023. Para fundamentar su posición, vinculan la producción yerbatera con la historia de las familias rurales, el trabajo de los tareferos y la propiedad de la tierra.
El texto expresa una advertencia política contundente: “Los diputados que decidan sostener el DNU 70/2023 serán, desde nuestra perspectiva, infames traidores a la patria, y más temprano que tarde serán juzgados por ello”.
La frase forma parte del documento presentado por los productores y refleja la dureza de su posicionamiento. No constituye una calificación jurídica ni una decisión de la Justicia.
La presentación también recuerda que asociaciones del sector recurrieron a la Justicia Federal de Misiones para cuestionar la constitucionalidad del capítulo yerbatero del decreto. Según los firmantes, el objetivo es recuperar las herramientas regulatorias que consideran necesarias para proteger la producción primaria.
El debate excede la discusión sobre el precio de la hoja verde: incluye el papel del Estado en la cadena, las atribuciones del INYM y el alcance de las normas sobre tierras rurales.
El próximo hito mencionado por la fuente es la sesión especial convocada para el 15 de octubre de 2026. Hasta que se conozca su resultado, el reclamo debe describirse como una presentación de los productores y una solicitud de rechazo, sin atribuirle a la Cámara una decisión que todavía no se había producido al momento de esta nota.
