La nueva Ley de Biocombustibles volvió a ocupar la agenda agroindustrial luego de que el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) reclamara a la Cámara de Diputados que avance con el proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado. La entidad pidió emitir dictamen y aprobar la iniciativa para impulsar inversiones, ampliar el agregado de valor de las cadenas agrícolas y fortalecer la matriz energética argentina.
El planteo fue difundido el 17 de noviembre de 2026 mediante un comunicado institucional. El CAA reúne a 63 cámaras y entidades representativas de 36 cadenas de valor agroindustriales, que participan del 58 % de las exportaciones argentinas.
La reforma propone elevar los porcentajes de mezcla obligatoria de biocombustibles con combustibles fósiles: el bioetanol pasaría al 15 % y el biodiésel al 10 %. También contempla que las provincias puedan establecer porcentajes superiores para aprovechar la producción local y la capacidad industrial instalada.
El proyecto busca modificar el régimen regulatorio vigente y ampliar la participación de los biocombustibles en el mercado energético.
Entre sus principales lineamientos se encuentran:
Bioetanol: elevar el corte del 12 % al 15 % en las naftas.
Biodiésel: aumentar el corte del 7 % al 10 % en el gasoil.
Participación provincial: permitir que las provincias establezcan porcentajes superiores de mezcla.
Nuevos desarrollos: habilitar oportunidades para producir biocombustibles destinados a la aviación civil y al transporte marítimo.
Para el Consejo Agroindustrial, estos cambios permitirían generar nuevas oportunidades comerciales para las cadenas del maíz, la soja y la caña de azúcar, además de promover inversiones en plantas industriales y proyectos de segunda generación.
El presidente del CAA, Gustavo Idígoras, advirtió sobre la necesidad de avanzar con el tratamiento legislativo y cuestionó el funcionamiento del régimen actual.
En declaraciones a Chacra TV, sostuvo: “Nos quedan tres o cuatro sesiones para que se vayan de vacaciones los diputados. Y queremos que trabajen en este tema”.
También calificó al marco regulatorio vigente como “nefasta, la peor del mundo”, en referencia a la intervención estatal en la asignación de cupos, precios y condiciones de comercialización.
Idígoras señaló que la reforma podría mejorar la competitividad agroindustrial y generar condiciones para ampliar la industrialización de materias primas agrícolas. Según explicó, existen inversiones condicionadas a la aprobación del proyecto, entre ellas nuevas plantas de bioetanol y ampliaciones destinadas a producir biocombustibles de segunda generación.
Otro argumento del dirigente apunta a reducir la dependencia de las importaciones de gasoil mediante una mayor producción nacional de biodiésel. En ese sentido, afirmó: “No hace falta importar gasoil porque podemos sustituirlo con biodiesel”.
La iniciativa también enfrenta cuestionamientos dentro del sector de los biocombustibles, especialmente en el segmento del biodiésel.
La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) manifestó su rechazo a determinados aspectos del proyecto. Su director ejecutivo, Federico Martelli, advirtió que la reducción progresiva de la participación reservada a las pequeñas y medianas empresas podría afectar la continuidad de plantas regionales.
Según explicó a NewsDigitales, el esquema propuesto reduciría del 7,5 % al 4 % la participación de las pymes en el mercado de biodiésel, lo que, de acuerdo con sus estimaciones, comprometería a 14 de las 25 plantas existentes.
La posición de las pymes contrasta con la del CAA, que impulsa la aprobación del proyecto por sus posibles efectos sobre las inversiones y el desarrollo agroindustrial. La discusión muestra que, aunque existe coincidencia en la necesidad de actualizar el régimen, no todos los participantes de la cadena comparten el diseño de la reforma.
Para las cadenas productivas, la discusión sobre la nueva ley excede el porcentaje de mezcla de combustibles. También involucra la posibilidad de transformar materias primas agrícolas en energía y generar actividad industrial en las regiones productoras.
El bioetanol elaborado a partir de maíz y caña de azúcar y el biodiésel producido con derivados de la soja representan oportunidades para ampliar el procesamiento local de esos productos.
El CAA sostiene que un marco regulatorio actualizado permitiría mejorar la previsibilidad de las inversiones, fortalecer la soberanía energética y reducir la exposición del país a las variaciones del mercado internacional de combustibles.
Al 18 de noviembre de 2026, el proyecto todavía necesitaba avanzar en la Cámara de Diputados. La discusión legislativa también debía resolver las diferencias sobre la distribución del mercado de biodiésel y las condiciones de participación de las empresas. Por eso, el resultado de las negociaciones será determinante para definir el alcance final de la reforma.