Debido al manejo desmedido de los recursos medioambientales, se podría afirmar que la humanidad vive en estado permanente de alerta. La Argentina no es ajena a los problemas globales que perjudican el ecosistema, ya que las principales actividades económicas dependen de las bondades de la madre naturaleza, los bosques, mares y montañas. En mayor o menor medida, cada una de estas áreas exhibe huellas de sobreexplotación, por lo que muchos especialistas aseguran que hay que poner manos a la obra para que en un futuro las problemáticas no sean aún mayores.
Los seis puntos más candentes son: la gestión de los residuos urbanos, la degradación de los suelos, la deforestación, la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo, la minería de alta montaña en San Juan y el descarte de la pesca en el Mar Argentino. Para Manuel Jaramillo, director de la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA), existen dos preocupaciones fundamentales vinculadas con la conversión de los ambientes naturales y la producción y el consumo de energía.
“Un estudio realizado en 2017 sobre la salud de los ecosistemas terrestres puso en evidencia una fuerte tendencia a la disminución de este tipo de servicios. Percibimos la presión sobre nuestros recursos a través de los cambios en: inundaciones, sequías, olas de calor, desplazamientos de poblaciones y la contaminación del aire y del agua. Estos síntomas no afectarán solamente a las generaciones futuras, sino que las proyecciones demostraron que, a medida que pase el tiempo, toda la situación va a empeorar”, advirtió.
El director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Napoli, coincidió con su postura, aunque agrega que si bien la conciencia ambiental está en alza –sobre todo por parte de los más jóvenes–, las crisis económicas profundizan los modelos existentes para la producción de divisas.
“Los temas ambientales maduran en el largo plazo y lo que termina mandando son las ganancias de las empresas. Para avanzar en casos como el del Riachuelo, hay que hacer un juicio en la Corte Suprema. Además, los daños de la minería a cielo abierto no son únicamente para los trabajadores de la zona, sino que afectan a todos los que viven en las cercanías. Es difícil avanzar con el cumplimiento de las regulaciones, porque el Estado es el principal socio de estos emprendimientos. No es que actúa como alguien independiente: está involucrado en el proceso”, retrucó.
Antonio Brailovsky, docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad de Belgrano, sostuvo que el Riachuelo es la cuenca que en peores situaciones se encuentra actualmente a nivel global, ya que es un río altamente contaminado que está próximo a muchas personas. “Las normas de vertidos industriales son iguales que antes de la sentencia de la Corte: se sigue tirando lo mismo que hace 15 años. Por otra parte, en la zona seca del país, al oeste, vamos camino a una emergencia hídrica. San Juan lleva tres años de una sequía continuada. Necesitamos contabilizar bien el agua para saber cuántos centímetros cúbicos hay en cada lugar y estudiar cómo los vamos a usar. Tiene que haber una previsión que estime con precisión cuánta agua le estamos dando a los cultivos, las ciudades y el fracking. Hay que sincerar que debemos racionar el agua”, resaltó.
El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, se negó a hablar sobre asuntos pendientes, pero destacó los logros de la gestión actual en materia medioambiental. “Transformamos una Argentina que no tenía políticas ambientales en una que sí las tiene. Haber ‘vuelto al mundo’ nos exige cumplir estándares internacionales dentro de una agenda de desarrollo sostenible y reportar los avances a las Naciones Unidas. Creo que es muy positiva la creación del Gabinete Nacional de Cambio Climático; y haber planteado planes de mitigación; promover el desarrollo de energías renovables y la Plataforma Forestal 2030; y disminuir el uso de combustibles fósiles”, sentenció.
La Facultad de Agronomía de la UBA remarcó que en el ranking de países de la región, la Argentina, con un 2,3% de territorio dentro de áreas protegidas, está tercera dentro de las que efectuaron las peores políticas, por detrás de Guayana y Uruguay. Quienes mejor se colocan son Chile (18,3%), Venezuela (15,2%), Colombia (11,8%) y Brasil (5,6%).
Problemas que necesitan atención urgente
1) Riachuelo: es una cuenca de 64 kilómetros de largo que abarca una zona de 2.240 kilómetros cuadrados, donde conviven alrededor de 12.700 industrias. Según la FARN, su contaminación es uno de los temas de mayor relevancia socioambiental del país. Si bien hubo algunos avances, como la creación de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), que impulsó planes de saneamiento y limpieza de más de 1.400 toneladas de residuos sólidos, los niveles de implementación son muy bajos.
Tampoco mejoraron las condiciones de las aguas, ni la calidad del aire de la cuenca baja. “No existen políticas eficientes para controlar las descargas de las industrias. Las normativas no son adecuadas para el Riachuelo, ya que se permite tirar todo lo que deseen las empresas si lo difunden en el agua”, precisó Brailovsky.
2) Minería a cielo abierto: es una práctica muy desarrollada en la Cordillera de los Andes, que consiste en remover una buena cantidad de roca para extraer recursos no renovables. Especialistas opinan que el mayor problema que presenta es que utiliza grandes cantidades de agua y cianuro cerca de nuestros tan apreciados glaciares.
Las minas de Veladero y Pascua Lama fueron testigo de la falta de regulación: durante los derrames que hubo se volcaron más de un millón de litros de solución cianurada en varios ríos de la zona.
“La Argentina es el único país de Latinoamérica que no tiene leyes de impacto ambiental: las situaciones se rigen por las normas de las provincias o algunos sectores. La Ley General del Ambiente tiene principios al respecto que no cumple nadie”, afirmó Napoli.
Por su parte, Jaramillo reparó en que existen fallas continuas dentro de los sistemas de control y fiscalización, y que es imposible pensar en una minería sustentable, aunque sí en una más responsable, “con mejores prácticas, que reinvierta parte de los beneficios económicos en proteger los recursos naturales”.
3) Residuos urbanos: según estimaciones, un argentino produce un kilo de basura por día. Recoger los residuos y trasladarlos hacia los sitios de depósito requiere alrededor de 2.500 camiones, cargados con cerca de 18 mil toneladas de desechos. Solo el 13% de la cifra total se procesa y recicla para su reutilización, de modo que las autoridades de la Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) advirtieron que en cinco años la capacidad de los espacios donde se vierten los residuos estará colmada.
Recientemente, si bien se rehabilitó la incineración –que había sido prohibida hace más de una década–, especialistas aseguran que el problema es que la basura viene determinada más por el productor que el consumidor, de modo que si existen materiales útiles, no es necesario gastar recursos para quemarlos. También reclaman que se sancione una Ley de Residuos Peligrosos.
4) Erosión de los suelos: la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que las pérdidas económicas del país causadas por la erosión hídrica –que producen la lluvia y los anegamientos cuando no hay cubierta vegetal– ascienden a 700 millones de dólares por año.
En 2017, la Secretaría de Ambiente de la Nación calculó que la superficie sometida a estos procesos supera las cien millones de hectáreas y que cada año se suman –al menos– dos hectáreas más, lo que equivaldría a un tercio del territorio argentino.
“Hay varias zonas del país que evidencian erosión de suelos por distintas razones. Además de la que se produce por inundaciones en el sur de Santa Fe y Córdoba; y la erosión eólica, en La Pampa y San Luis, también se registra ese proceso por el exceso de monocultivos. Un ejemplo notable es lo que sucede en el Río Carcarañá”, alegó Fernando Savagiotti, técnico e investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
El ente supone que en los últimos treinta años la degradación hídrica argentina se incrementó en 250 mil hectáreas al año. A su vez, Brailovsky sostuvo que al usar 16 litros de fitosanitarios por hectárea anuales, estos productos también inciden en la problemática.
5) Deforestación: entre 1990 y 2017, en la Argentina se perdieron 7,7 millones de hectáreas de bosques, siendo el área del Gran Chaco una de las más afectadas. Greenpeace realizó un informe que determinó que cuatro provincias concentran el 80% de los desmontes: Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta. Asimismo, el 36,3% de la superficie deforestada corresponde a bosques nativos.
Estudios de la FVSA y el INTA calcularon que, de persistir la situación, para 2028 se habrá perdido una superficie equivalente a 200 veces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). A su vez, otro análisis de la FVSA mostró que si la Ley de Bosques se cumpliera a rajatabla, se podría evitar la deforestación de más de 1,81 millones de hectáreas. Asimismo, si se hicieran acuerdos públicos y privados para no deforestar, sería factible mantener un crecimiento de 2,3 millones de hectáreas de superficie agrícola y 1,7 millones de hectáreas de superficie ganadera.
6) Mar Argentino: como las poblaciones de merluza y langostino comparten el mismo espacio y con frecuencia las redes de captura las recogen al mismo tiempo, termina predominando la motivación de maximizar los beneficios económicos en el corto plazo, de modo que el langostino (de mayor valor) es guardado, en tanto que la merluza no.
Esta situación provocó que en 2017 los barcos de pesca vaciaran de sus bodegas 119.928 toneladas de merluza muerta, que equivaldrían a casi el 40% de la captura máxima permitida.
“El descarte es un uso irracional de nuestro patrimonio natural, que tiene impacto sobre la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas marinos”, insistió el biólogo Guillermo Cañete, quien viene realizando informes para la FVSA.
Según el Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero (Inidep), en los últimos años el descarte fue creciendo, aunque existen métodos para discriminar la captura para que eso no pase. Si bien la ley de pesca lo prohíbe, no hay un marco legal que analice la situación ni se adoptaron aún medidas concretas para mitigarlo.
Ambientalistas de la FVSA presentaron seis proyectos para desarrollar en el futuro
1) Cambio climático: consideran que es preciso sancionar e implementar una Ley de Presupuestos Mínimos de Ordenamiento Ambiental del Territorio (OAT) para hacerle frente al calentamiento global y proteger el ecosistema en sintonía con los compromisos asumidos durante el Acuerdo de París.
2) Océano: exigen impulsar antes de 2022 una planificación espacial marina en al menos un lugar piloto del Mar Argentino. La iniciativa busca generar un plan de gestión integrada, con un enfoque de manejo basado en el ecosistema que posibilite alcanzar pesquerías sustentables en coexistencia con una red de áreas marinas protegidas.
3) Energía: buscan fomentar el desarrollo de medidas que promuevan el uso racional y eficiente de la energía en todos los sectores de consumo para todas sus fuentes. Plantean que les gustaría que para 2040 la generación eléctrica proveniera en un 66% de energías renovables, un 15% de hidroeléctricas, un 3% de nucleares, y un 16% de fuentes térmicas.
4) Sistema alimentario: aseguran que es esencial frenar la deforestación ilegal para alcanzar la reforestación de al menos un millón de hectáreas de bosques nativos hacia 2025. También quieren que se acompañe la propuesta con el desarrollo de actividades agropecuarias sustentables.
5) Biodiversidad: buscan establecer 2025 como fecha límite para cumplir con las metas y planes de conservación y uso sustentable de especies nativas vigentes, tanto de alcance provincial como nacional. Sugieren la participación activa de instituciones y la sociedad civil para su monitoreo e implementación.
6) Educación ambiental: proponen sancionar una Ley Nacional de Educación Ambiental para organizar y sistematizar planes pedagógicos básicos que respeten el medioambiente en cada jurisdicción.
