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uturos proyectos convertirían al país en líder en esta energía, pero el sector ve con incertidumbre las reversiones de las centrales hidroeléctricas al Estado al expirar las concesiones.
Según un nuevo estudio publicado por la Comisión Europea, las soluciones innovadoras de almacenamiento de energía desempeñarán un papel importante para garantizar la integración de las fuentes de energía renovables en la red en la UE al menor costo. Esto ayudará a la UE a alcanzar sus objetivos de descarbonización para 2050 en el marco del Acuerdo Verde Europeo al tiempo que garantiza la seguridad del suministro de energía en Europa.
Financiado por la Comisión, este estudio independiente, titulado ” Estudio de almacenamiento de energía: contribución a la seguridad del suministro eléctrico en Europa “, analiza las diferentes opciones de flexibilidad de almacenamiento de energía que serán necesarias para aprovechar todo el potencial de la gran parte de las fuentes de energía variable en el sistema de poder.
ntre otros hallazgos, muestra cómo el principal reservorio de almacenamiento de energía en la UE en este momento es el almacenamiento hidroeléctrico bombeado.
La investigación explora los potenciales de desarrollo y las necesidades reales de almacenamiento de energía con vistas hacia 2030 y 2050 y destaca que hay mucho trabajo en busca de baterías y electrolizadores y cómo estas tecnologías clave pueden proporcionar flexibilidad al sistema energético.
De este estudio se desprende que España podría llegar a convertirse en la gran batería de Europa por su potencial capacidad de almacenamiento de energía gracias al desarrollo de la tecnología de bombeo hidroeléctrico, a partir de las instalaciones actuales y proyectos en desarrollo de centrales hidroeléctricas.
El bombeo es el sistema considerado como más sostenible y adecuado tanto para amortiguar el precio de la electricidad en España, como para contribuir al mix de renovables en la producción energética nacional, que tiende a la descarbonización y a la minimización de la dependencia energética del exterior.
Pero además, según el informe de la Comisión Europea los nuevos proyectos de bombeo hidráulico ya aprobados o licitados y sobre todo los planes previstos y anunciados podrían convertir España el lugar con mayor potencia de bombeo hidroeléctrico instalada y capacidad para almacenar la energía generada y no consumida de fuentes renovables.
El informe de la Comisión Europea del mercado eléctrico del cuarto trimestre de 2019, señala que España cuenta con unos 4,6 GW de potencia de bombeo hidroeléctrico instalada del total de 42 GW del conjunto de la UE.
Únicamente Italia, Alemania y Austria superan a España en esta tecnología
El bombeo hidroeléctrico es un tipo de central hidráulica que cuenta con dos embalses, uno superior y otro inferior, conectados. Y el agua pasa de uno a otro en función de la demanda.
De esta manera se bombea el agua hacia el embalse superior en las horas de menor consumo eléctrico para luego hacerla caer y pasar por las turbinas para generar electricidad en los momentos de mayor demanda.
Esto permite optimizar la eficiencia económica de la explotación al conservar electricidad en forma de agua embalsada en el depósito superior y de todo el sistema eléctrico ya es que la forma más eficaz de almacenar energía.
Algo especialmente necesario con fuentes renovables como eólica y solar cuya producción no puede regularse, ni programar.
En España, ya existen varias grandes centrales hidráulicas de bombeo como Cortes-La Muela y La Muela II de Iberdrola o la Ip (Canfranc) de Acciona.
El desarrollo de esta tecnología en España se ve marcada por tres elementos fundamentales. El principal es que para 2030 caducarán casi la mitad de las concesiones de las 800 instalaciones hidroeléctricas que existen en el país.
A esto hay que unir la jurisprudencia reciente que avala la improrrogabilidad de las concesiones de explotación más allá de los 75 años previstos inicialmente y lo dispuesto en el borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, pendiente de tramitación parlamentaria, en plena ruta hacia la descarbonización, En esta coyuntura, la producción eléctrica a partir de los cauces hidrológicos se ha convertido en un goloso objeto de deseo por parte de empresas y administraciones locales, autonómicas y hasta central.
Respecto a la futura regulación que pretende la Ley de Cambio Climático en su articulado afirma que las nuevas concesiones que se otorguen para el «aprovechamiento del dominio público hidráulico no fluyente para la generación de energía eléctrica» tendrá como prioridad «el apoyo a la integración de las tecnologías renovables no gestionables en el sistema eléctrico», promoviendo, en particular, las centrales hidroeléctricas reversibles.
También señala que esta tecnología «está llamada a desempeñar un papel fundamental» en el sistema eléctrico, «debido a que su rápida respuesta y gestionabilidad permiten maximizar la penetración de las tecnologías, garantizando el suministro en todo momento».
Así, se propone poner en marcha «los mecanismos que permitan aplicar a las nuevas concesiones que se otorguen» sean compatibles con aplicar «una estrategia de bombeo, almacenamiento, y turbinado para maximizar la integración de energías renovables, condicionado al cumplimiento de los objetivos ambientales en los planes de cuenca».
Sin embargo, no alude a qué va a pasar con las concesiones que han ido llegando a su expiración, si bien ciertas corrientes ideológicas reclaman la renacionalización de estas centrales de generación eléctrica.
Estas demandas por parte de algunos partidos políticos se amparan en ambas sentencias judiciales del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional respecto de la prórroga de las concesiones para la explotación de los saltos de agua para generación hidroeléctrica que vayan concluyendo.
La sentencia de la Audiencia Nacional, de febrero 2020, avala la reversión al Estado de la central hidroeléctrica oscense de Lafortunada-Cinqueta, una de las más grandes de los Pirineos, tras haber llegado a lo que considera “un plazo máximo improrrogable” de 75 años para su explotación.
La sentencia se suma a la dictada en 2018 por el mismo tribunal, al apoyar la reversión al Estado de la concesión de la central auxiliar de Campo (Huesca), hasta entonces gestionada por Acciona, por la misma razón.
Ambos dictámenes señalan un límite máximo de 75 años para su explotación mediante concesión por parte de compañías privadas, un periodo que puede ser recortado pero en ningún caso ampliable.
Además, la Audiencia indica que, de haberse superado ese plazo, las empresas que hayan explotado el servicio deberán indemnizar al Estado por el rendimiento económico obtenido al traspasarse el umbral de los 75 años.
En esta linea dictó el Tribunal Supremo cerrando la puerta a que los municipios donde hay saltos hidroeléctricos puedan beneficiarse de los rendimientos de la producción de energía, a través de planes de restitución económica y social que servirían para compensar las afecciones por la presencia de presas, tendidos o tuberías y la explotación de sus recursos naturales.
Lo hizo en marzo del 2019 en una sentencia que desestima el recurso interpuesto por la Diputación Provincial de Huesca y los ayuntamientos de Benabarre, Bielsa, Graus, Laspuña, Panticosa, Plan, San Juan de Plan y Tella-Sin contra los acuerdos del Gobierno central de 2016 de revisión de los planes hidrológicos de varias demarcaciones, incluida la del Ebro.
Según un informe del Observatorio de la Sostenibilidad alrededor del 7% de las concesiones medidas en volumen de agua ya han expirado y hasta el año 2030 otro 8% de las concesiones irá caducando, incluyendo los grandes embalses de el Tranco de Beas en el Guadalquivir, en 2019, el de Reinosa en el Ebro, en 2020, o el de Alarcón en el Tajo, en 2030.
Estado únicamente ha recuperado tres centrales, las tres en la provincia de Huesca y en procedimientos impulsados por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), que ya explota las de Pueyo de Jaca, en el río Gállego; la auxiliar de Campo, en el Ésera, y, ahora, de la Lafortunada-Cinqueta, en el Cinca.
En Cataluña ya han expirado el 24% de las concesiones, en Murcia han caducado el 21%, en Asturias y Castilla y León el 20% y en Castilla-La Mancha el 10%. Les siguen Navarra (8%), Andalucía (8%) Cantabria (4%) y Aragón y Madrid, ambas con el 3%.
La energía hidroeléctrica es una energía renovable, ya que se genera gracias al ciclo hidrológico natural, que permite un elevado nivel de eficiencia energética pudiendo alcanzar valores de rendimiento del orden del 90%, y limpia pues su producción no da lugar a contaminación alguna.
La hidroeléctrica es una energía autóctona, en el sentido de que reduce la dependencia energética del exterior. La generación de 1kWh hidroeléctrico evita la importación de 0,22/0,25 kg de fuel o, por término medio, algo más de 0.4 kg de carbón. Ello supone que, en un año medio, España ahorra la importación de unos 7 millones de toneladas equivalentes de petróleo gracias a su infraestructura de generación hidroeléctrica.
En términos generales, la producción hidroeléctrica anual en España es muy variable y depende en gran medida de la hidraulicidad. En años húmedos supera los 40.000 GWh, pero en años secos no llega a 25.000 GWh, siendo la media de los últimos años 32.500 GWh, y representando un 17% de la producción anual.
De la producción hidráulica anual, el 88% viene dado por las centrales convencionales, incluidas las de bombeo, que corresponde aproximadamente a 29.000 GWh, y el 12% por las minicentrales, que corresponde a 4.000 GWh. En la actualidad hay más de 1.350 centrales hidráulicas, siendo 1.200 minicentrales.
El 78% del total del embalse con capacidad de producir electricidad se concentra en cinco comunidades autónomas. Extremadura es la que cuenta con mayores saltos y mayor capacidad de volumen hidroeléctrica con cerca de un 30%, seguido de Castilla y León con un 17% y Andalucía con un casi 16%. Le sigue a gran distancia Castilla-La Mancha con un 10% y Aragón con un 8%.
El Ágora
