El presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, Juan José Szychowski, anunció que “se defenderá la plena vigencia de la Resolución 170/21 del INYM y de la Resolución 152/21” del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, instrumento que ratifica la validación de la primera; y advirtió que si el comportamiento de la empresa La Cachuera S. A., al solicitar la nulidad de dicha resolución, infringe la Ley de Competencia, afectando el interés general, queda abierta otra instancia de ilegalidad a ser atendida.
“Vamos a defender la plena vigencia de la Resolución 170/21 del INYM y de la Resolución 152/21, y de ser necesario llegaremos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación; la Ley, la moral y nuestras convicciones de proteger a los miles de pequeños productores y trabajadores, son nuestras banderas”, dijo Szychowski, al tiempo que informó sobre la decisión de “evaluar el accionar de la empresa, entendiendo que si incurre en el incumplimiento de la Ley de Defensa de la Competencia, de ser necesario, se formalizará una denuncia ante El Tribunal de Defensa de la Competencia”.
En ese marco, Szychowski consideró que “la resolución judicial tomada en Paso de los Libres, muy lejos de los miles de trabajadores y de las plantaciones de yerba mate, afecta a la sociedad en su conjunto, porque si la Resolución 170 no puede implementarse, vamos camino a un sobre oferta de hoja verde, vamos camino a la caída de precios, a una crisis en el sector yerbatero y cuando eso ocurre, hay crisis en la sociedad porque es la yerba la que mueve la economía en cada una de las localidades, en la región”.
Szychowski, junto al vicepresidente del INYM, Ricardo Maciel; al síndico Emilio Jouliá y a la apoderada Graciela Canteli, brindaron hoy una conferencia en el marco de la medida del juez federal de Paso de los Libres, Gustavo del Corazón Fresneda, quien dio lugar a la medida cautelar de no innovar que había sido solicitada por la empresa La Cachuera y que ya fue apelada por el INYM dentro de los plazos legales establecidos.
Modelo inclusivo
Maciel consideró que “en el escenario hay la modelos en pugna: el que defiende el INYM, que busca el desarrollo económico con inclusión social, permitiendo que cada productor plante 5 hectáreas de yerba mate y haya trabajo para todos, evitando la concentración de los grandes grupos económicos, y otro que busca maximizar las ganancias fomentando la concentración económica en manos de unos pocos, que es el caso de la empresa que nos ocupa, que al hacer el planteo judicial busca profundizar una absoluta integración vertical”.
“Con tranquilidad y firmeza vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que la Resolución 170 se implemente”, enfatizó. “Queremos evitar la hiper concentración de la actividad. No estamos en contra de, estamos a favor de un modelo con yerba suficiente para ofrecer al país y al mundo, pero con agricultores cultivándola, y queremos evitar las crisis que ya tuvimos, como la del 2000, 2001 y 2002 cuando los productores tuvieron que salir a las rutas, con el tractorazo, agobiados por la situación económica”, expresó.
Vinculado al tractorazo que dio origen al INYM y a la actual Resolución 170, Maciel recordó que “el mismo sector industrial que entonces señalaba que los bajos precios existentes tenían que ver con una sobre oferta de hoja verde, ahora se opone a evitar esa sobre oferta”; señaló que “la construcción del precio de la materia prima no se da solamente fijando lo que marca la Ley, con una estructura de costos, sino generando condiciones donde el productor tenga mejores condiciones de negociar y también se da con lo que hace dos años estamos viendo, que es la importación”, al tiempo que advirtió que “casualmente son las mismas empresas que hoy están atacando esta Resolución las que mayormente importaron yerba y lo hacen no porque falte yerba, sino por una pequeña diferencia de precio que tienen a su favor y para tener stock suficiente para presionar a sus proveedores y lograr una baja del precio”.
Con la Resolución 170, “queremos una producción distribuida en pequeñas unidades, que los agricultores se dediquen a producir la materia prima, y que las industrias inviertan ese dinero en ampliar y lograr nuevos mercados”, continuó Maciel. “En la zona productora tenemos industrias que tienen otro comportamiento social y a la par, tenemos estos actores que nos están presionando constantemente y que buscan aliados judiciales que están a favor del capital”, agregó.
Aspectos legales
Por su parte, el síndico Jouliá fue enfático al asegurar que con la medida dispuesta por el juez de Paso de los Libres “está en juego la institucionalidad del INYM”, e informó que la ley 25.564 de creación del Instituto, “ordena, obliga a intervenir cuando hay un exceso en oferta y demanda; no es un opción, el Instituto está obligado a intervenir y a dictar medidas que ordenen el crecimiento regulado de producción y de toda la cadena yerbatera”.
También manifestó que “acá hay casi un conflicto de poderes porque resulta que se está cuestionando desde el Poder Judicial de una provincia que no es el juez natural de esta empresa, ni del Instituto”, y resaltó que “tenemos una Constitución Nacional que está por arriba de todo: el artículo 75, incisos 17 y 19, ha puesto la cláusula de progreso social y este progreso social indica que no hay posibilidad de crecer mientras no hay inclusión social, mientras no se piense en la cultura y el trabajo agrario desde ese punto de vista”.
Sobre la Ley de Competencia, Jouliá explicó que “esa norma castiga y pena el abuso de posición dominante”, y específicamente sobre La Cachuera, la segunda empresa más importante del sector y exportadora de yerba mate, contó que “plantea que en 2, 3 o 4 años, quiere plantar 1.000 hectáreas de yerba; esa cantidad, dividido 5, que es la cantidad de hectáreas que establece la Resolución 170 por productor, deja afuera automáticamente a 200 productores, o sea la empresa le resta 5 hectáreas de yerba mate a 200 familias”. Entonces, prosiguió, “hay una clara intención de abusar de ese poder dominante”.
La Resolución 170 del INYM “está ratificada por la Resolución 152/21 del Ministerio del Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación; entonces acá se está juzgando y se está demandado el Poder Ejecutivo nacional”, concluyó.
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