Tombolini inició a una “caza de brujas” para intentar encontrar a los culpables del estrepitoso fracaso del “fideicomiso aceitero”

El gobierno de Alberto Fernández reeditó el “fideicomiso aceitero”, implementado durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, por medio del cual se aplica una suerte de “retención encubierta” a las exportaciones de productos oleaginosos para subsidiar el precio interno del aceite de girasol comercializado en el mercado mayorista.

La cuestión es que la teoría está bastante lejos de los hechos, porque los propios datos oficiales del Indec muestran que en el último año el precio mayorista del aceite de girasol aumentó un 158,5% en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, mientras que en ese mismo período la canasta de alimentos básicos ajustó un 118,6%.

Es decir: el “fideicomiso aceitero” es un completo fracaso porque el subsidio –que al final del día pagan los productores agrícolas porque la “retención encubierta” se descuenta de los precios de los granos– se termina quedando en las manos de los intermediarios.

Frente a semejante fracaso, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, organizó una “caza de brujas” en los supermercados mayoristas Yaguar, Maxiconsumo, Vital, Makro y Diarco para verificar si los precios mayoristas del aceite de girasol eran los correspondientes.

¿Y qué pasó? Los agentes de Comercio detectaron sobreprecios en aceites de girasol y mezcla en presentaciones de 1,50 litros y 900 mililitros que van desde un 41% a un 101% respecto de los precios mayoristas que deberían tener en función del subsidio recibido.

“A partir de estos operativos se detectaron incumplimientos que constituyen presunto fraude en los precios de venta por parte de los mayoristas ya que comercializan el aceite del fideicomiso (que compran a un precio subsidiado 45% inferior al de mercado) a los comercios minoristas a un precio mucho mayor a los valores acordados en Precios Justos”, indicó Comercio en un comunicado.

En ese marco, Tombolini aseguró que enviará un requerimiento de subsanación del desvío detectado para exigirle a los mayoristas que “arbitren los medios necesarios para resarcir a los consumidores afectados por las sumas indebidamente cobradas”. Se trata de una tarea por demás difícil, a menos, claro, que los consumidores hayan guardado las facturas de las compras de aceite de girasol realizadas en el último año.

En su cuenta de Twitter Tombolini definió la maniobra como un presunto “fraude”, aunque legalmente no cabe esa figura, porque no existe ninguna norma que obligue a los mayoristas a vender aceite de girasol a un determinado precio. Se trata solamente de un acuerdo voluntario.

El febrero pasado, luego de quedarse sin fondos, el gobierno nacional extendió la vigencia del “fideicomiso aceitero” hasta el 31 de octubre de 2023, una fecha no es casual, porque se trata del mes en el cual se realizan las elecciones presidenciales en la Argentina. Qué ocurrirá a partir de noviembre con el “fideicomiso aceitero” seguramente dependerá del resultado electoral.

Bichos de Campo