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En el contexto de la “agenda verde” y sus componentes como la reducción de la huella de carbono, el proteccionismo ambiental y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, se ha gestado un lucrativo negocio disfrazado de altruismo. Un creciente número de fundaciones y organizaciones “sin fines de lucro” se han erigido como defensoras del “bien común”, mientras en realidad operan como vehículos para el enriquecimiento de élites corporativas y políticas. Estas entidades, bajo el pretexto de proteger el medio ambiente, imponen regulaciones que devastan sectores productivos como la pesca industrial y comercial, o la misma pesca artesanal que dio y da sustento al desarrollo de comunidades del litoral marítimo, en beneficio de unos pocos, al tiempo que relegan a la marginalidad a millones de personas que dependen de esos recursos para su subsistencia o simplemente como medio de vida, sustento y generación de riqueza. De hecho es bueno destacar que las empresas, esos instrumentos poco valorados y muchas veces despreciados por gobiernos y propios participantes del ámbito al que nos referimos, tienen como fin el sustento propio e indirectamente el sustento de cada participante, sea trabajador o proveedor de bienes y/o servicios. Parece que hay que refrescar en la sociedad moderna argentina que sin empresarios, no hay empresas y sin ellas no hay trabajo ni desarrollo y mucho menos sustento para la evolución del conjunto poblacional.
La proliferación de fundaciones que promueven la sostenibilidad ambiental ha desviado el debate hacia un enfoque sesgado que favorece los intereses de los más poderosos. Muchas de estas organizaciones no solo son financiadas por grandes corporaciones, sino que son actores clave en la creación de políticas públicas que moldean el discurso sobre la sostenibilidad, las emisiones de carbono, la protección de los océanos y las Areas Marinas Protegidas como instrumentos de uso corriente para otros fines distintos y contrarios al espiritu de su creacion. Así, bajo una fachada filantrópica, se oculta una maquinaria empresarial que, paradójicamente, contribuye al mismo daño que dice combatir, o en el mejor de los casos generar una segmentacion de actividades con solo beneficio propio.
Las decisiones que afectan a la industria pesquera, o peor aun, a una parte de la industria pesquera, están siendo cooptadas por este entramado de fundaciones, que a menudo trabajan en estrecha colaboración con gobiernos y organismos internacionales e incluso organismos de investigacion biologica. Aunque estas organizaciones se presentan como actores clave en la preservación de los recursos marinos, sus políticas están profundamente alejadas de las realidades socioeconómicas de las comunidades pesqueras. Imponen regulaciones que dificultan o directamente impiden que las pequeñas y medianas empresas pesqueras puedan competir, beneficiando así a los grandes conglomerados que cuentan con los recursos para adaptarse a normativas cada vez más exigentes.
Bajo el manto del “proteccionismo ambiental”, se esconde un mecanismo que distorsiona el comercio internacional y concentra el poder económico en manos de los más privilegiados. Las fundaciones y ONG que lideran la cruzada contra la industria pesquera comercial, en realidad, protegen los intereses de grandes corporaciones con influencia política que buscan eliminar la competencia a nivel global. Al imponer estrictos requisitos ambientales que los pequeños productores no pueden cumplir, se establece una barrera invisible pero efectiva que favorece a las empresas con capital para invertir en la adaptación tecnológica y en campañas de marketing verde.
Este proteccionismo ambiental no solo tiene consecuencias económicas devastadoras para los países en vías de desarrollo que dependen de la pesca, sino que también genera una falsa narrativa donde se demoniza a los productores locales, catalogándolos de “insostenibles” o “irresponsables”. Mientras tanto, los grandes actores del sector pesquero, en connivencia con estas fundaciones, continúan operando con prácticas cuestionables, muchas veces en aguas internacionales o en países con poca supervisión, y son ellos quienes finalmente logran acaparar los beneficios de los mercados verdes.
La obsesión con la huella de carbono, promovida incansablemente por estas fundaciones, ha logrado convertirse en un criterio central para medir la sostenibilidad. Sin embargo, este concepto es a menudo explotado para restringir el acceso de ciertos sectores al mercado internacional. La medición de la huella de carbono se ha transformado en una herramienta de control que impone costos prohibitivos sobre los productores pesqueros que no tienen los recursos financieros para transformar sus operaciones a la normativa exigida.
Irónicamente, muchas de las organizaciones que impulsan la reducción de la huella de carbono están financiadas por actores que son, históricamente, responsables de la mayor parte de las emisiones globales de carbono. Estas élites buscan desviar la atención de sus propios excesos, enfocando la culpa en sectores más vulnerables, como la pesca. Mientras tanto, las multinacionales, a menudo ligadas a las mismas fundaciones, continúan operando sin cambios sustanciales en su impacto ambiental, utilizando sus fondos para limpiar su imagen pública sin hacer frente a las consecuencias reales de sus acciones.
Además, la obsesión con la huella de carbono oculta problemas mucho más graves en el ámbito de la pesca, como la destrucción de hábitats marinos, la contaminación plástica y la sobreexplotación de especies. Los certificados de sostenibilidad ambiental que emiten estas fundaciones se convierten en simples herramientas de mercadeo, mientras la degradación de los ecosistemas continúan. Así, el discurso de la huella de carbono actúa como una cortina de humo o gatillo que distrae la atención de los verdaderos impactos negativos que no son solo de la industria pesquera, sino del sector industrial como la industria de detergentes, que llega a napas y estas, a ríos y océanos; o como la industria petroquímica y de generación de energía por quema de combustibles sólidos y altamente contaminantes. Es el instrumento por el que se mide cuando hay que pagar en bonos verdes en el mercado secundario por seguir ensuciando. No se ataca al problema, solo se mide para determinar cuánto se debe pagar.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 se han convertido en la nueva biblia de las fundaciones y organizaciones que promueven la sostenibilidad ambiental, pero su aplicación real dista mucho de los ideales que promulgan. El ODS 14, que se centra en la conservación de los océanos, es un ejemplo claro de cómo estas metas, aunque bien intencionadas, son a menudo implementadas sin una comprensión profunda de las realidades socioeconómicas de las comunidades afectadas. Para las grandes fundaciones, la Agenda 2030 es un vehículo perfecto para legitimar sus acciones, mientras las comunidades locales son forzadas a acatar regulaciones diseñadas por tecnócratas y burócratas que no comprenden sus necesidades.
El resultado es una agenda internacional que, aunque aparentemente busca proteger los recursos naturales y asegurar la sostenibilidad a largo plazo, termina imponiendo medidas que generan desigualdad, desempleo y pobreza en regiones pesqueras vulnerables. La implementación de estas políticas empuja a muchos países en desarrollo a una dependencia cada vez mayor de ayudas internacionales, muchas veces canalizadas a través de las mismas fundaciones que imponen las regulaciones. En lugar de promover la autosuficiencia y la prosperidad, la Agenda 2030 se convierte en una trampa que perpetúa la desigualdad y el control externo sobre las economías locales.
Un aspecto aún más preocupante es la captura regulatoria, donde las fundaciones y las grandes corporaciones pesqueras influyen en las políticas públicas y las regulaciones, modelándolas para servir a sus intereses. Estas entidades se presentan como defensoras del bien común, pero, en realidad, manipulan las normas en su propio beneficio, excluyendo a los pequeños actores del mercado. La financiación de estudios, la participación en comités de expertos y la presión sobre los gobiernos permiten que estas organizaciones se aseguren de que las leyes se adapten a sus agendas económicas.
Mientras tanto, el público en general es bombardeado con campañas que promueven una falsa imagen de sostenibilidad y responsabilidad. Los consumidores son manipulados para creer que al elegir productos con etiquetas de sostenibilidad certificadas por estas fundaciones están contribuyendo al bienestar del planeta, cuando en realidad están apoyando a las mismas corporaciones que contribuyen a la degradación ambiental.
En los últimos años, la creación de Áreas Marinas Protegidas (AMP) ha ganado popularidad, impulsada por una aparente necesidad de proteger la biodiversidad marina. Sin embargo, bajo el noble discurso de la preservación del medio ambiente, se ocultan intereses que poco tienen que ver con el bienestar de los ecosistemas marinos y mucho con la manipulación de la economía pesquera y la distribución de poder sobre los recursos marítimos.
Uno de los motivos menos discutidos detrás de la proliferación de las AMP es el control económico sobre la actividad pesquera. Estas áreas, al prohibir o restringir severamente la pesca, terminan por desviar a grandes segmentos de la flota pesquera hacia zonas menos productivas o más alejadas, eliminando competidores y concentrando el acceso a los recursos marinos en manos de unos pocos actores privilegiados. De este modo, las AMP no solo logran su cometido aparente de «proteger» el mar, sino que también provocan un desequilibrio en el mercado al dejar fuera de juego a pequeñas y medianas empresas pesqueras que no pueden afrontar el costo de operar en áreas más remotas.
Otro aspecto crucial es la distancia impuesta entre las zonas de pesca y los puertos. Al obligar a las embarcaciones a desplazarse más lejos de la costa, la ecuación costo-beneficio comienza a volverse insostenible para muchos pescadores. El aumento en los costos de combustible, el tiempo de viaje y la mayor exposición a riesgos climáticos, entre otros factores, eleva el umbral económico para que la actividad sea rentable. Esto no solo afecta a los pequeños pescadores, sino también a toda la cadena productiva, desde los procesadores hasta los distribuidores locales.
En consecuencia, mientras que la narrativa oficial defiende las AMP como una herramienta de conservación, el impacto real en el sector pesquero es un mecanismo de exclusión. Los grandes actores de la industria, generalmente mejor equipados para soportar los elevados costos operativos, se benefician indirectamente de la expulsión de pequeños competidores. Las AMP, entonces, no solo sirven como áreas de preservación ambiental, sino también como territorios de control económico y exclusión estratégica, favoreciendo la concentración de poder en manos de unos pocos.
Además, no se puede ignorar el papel de las organizaciones internacionales y los gobiernos en la promoción de estas áreas protegidas. Con frecuencia, la presión por establecer nuevas AMP proviene de actores externos que tienen intereses económicos y políticos ajenos a la sostenibilidad real de las comunidades locales. Muchas veces, estas decisiones se toman sin consultar adecuadamente a las poblaciones costeras que dependen de la pesca para su subsistencia, lo que genera tensiones sociales y económicas significativas.
En resumen, detrás de la creación de las Áreas Marinas Protegidas se ocultan intereses que poco tienen que ver con la conservación y mucho con el control económico y la eliminación de competencia. La implementación de estas áreas sin un análisis profundo de sus consecuencias reales, tanto en el ecosistema como en la actividad pesquera, genera un escenario donde los grandes actores salen beneficiados a costa de las comunidades pesqueras más vulnerables. ¿Estamos realmente protegiendo el océano o simplemente concentrando mayor poder?
Las fundaciones, organizaciones y estudios ambientales que promueven la agenda verde, bajo el pretexto del bien común, no son más que actores clave en un sistema diseñado para perpetuar las desigualdades económicas y proteger los intereses de las élites corporativas. Mientras las pequeñas y medianas empresas del sector pesquero luchan por sobrevivir y sostener al ser humano como parte de la cadena trófica donde la garantía alimentaria de ingesta de proteínas naturales de origen marino debe ser la premisa para la razón de una vida saludable, estas entidades lucran con la sostenibilidad, utilizando el miedo al cambio climático y la protección ambiental como herramientas de control económico y político. Lo que se necesita es un enfoque verdaderamente inclusivo y equitativo, donde las políticas ambientales sean diseñadas en colaboración con las comunidades afectadas y no impuestas por aquellos que, bajo el manto de la filantropía, lucran con el sufrimiento y la marginación de miles de personas, incluso desde instituciones biológicas que se usan para enmascarar lucrativos ingresos tras asesoramiento y certificaciones condicionadas por su función.
Pescare
