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Por Agroempresario.com
El Gobierno nacional avanza con un nuevo paquete desregulador que promete tener un impacto directo en el funcionamiento de empresas públicas y su posible privatización. Este conjunto de medidas, impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, está alineado con la "Ley Hojarasca", que tiene como objetivo la derogación de 75 leyes consideradas obsoletas por el equipo económico.
Según fuentes oficiales, la iniciativa será presentada esta semana ante el Congreso, destacando que, aunque las normas a derogar no afectarán significativamente a los sectores productivos, la eliminación de estas regulaciones facilitará futuros procesos de privatización de empresas en manos del Estado.
La Comisión Nacional de Valores (CNV), en línea con el plan del Gobierno, también está ajustando normativas para simplificar el proceso de privatización de compañías estatales. Roberto Silva, presidente de la CNV, anticipó que la flexibilización de ciertos requerimientos, como la presentación de balances y las Ofertas Públicas de Adquisición (OPA), será central en este plan.
Silva subrayó que actualmente las sociedades públicas no cumplen con los mismos estándares de presentación de balances que las empresas privadas. Esta medida busca nivelar las condiciones y abrir el camino para la participación de las compañías en el mercado de capitales. Además, se eliminará la obligatoriedad de realizar OPA por la totalidad del paquete accionario, lo que facilitará la compra de acciones parciales sin requerir una oferta completa.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, remarcó en la apertura de la Semana Mundial del Inversor la necesidad de continuar avanzando en la eliminación de regulaciones que frenan la libertad económica. En su discurso, resaltó que la excesiva regulación puede dañar la productividad y el crecimiento del país.
Entre las próximas medidas que impulsa el ministerio se encuentran la flexibilización en el uso de pagarés, que permitirá su emisión en mercancías como soja o en función de indicadores como la tasa Badlar. Este cambio favorecerá a las empresas agrícolas y agroindustriales, brindándoles nuevas herramientas para financiarse en un contexto de volatilidad económica.
El paquete desregulador forma parte de una estrategia gubernamental más amplia que busca promover la inversión y mejorar la competitividad en distintos sectores. Las reformas propuestas por la Ley Hojarasca y la CNV apuntan a reducir la burocracia y facilitar la entrada de capitales privados en áreas donde el Estado aún mantiene una fuerte presencia.
Para los sectores productivos, como el agrícola, estas reformas podrían representar una oportunidad de financiamiento más accesible y una mayor integración en los mercados internacionales. Sin embargo, los críticos advierten sobre los riesgos de un proceso de desregulación acelerado sin los debidos controles.
El Gobierno, por su parte, ha asegurado que estas medidas permitirán corregir cualquier desequilibrio que se presente durante su implementación, manteniendo el foco en la promoción de la libertad económica y el crecimiento empresarial.
Con estas nuevas normativas, la administración busca posicionar a Argentina en un sendero de mayor apertura y competitividad, en un contexto de transformación estructural del Estado y las empresas públicas.
