Por Agroempresario.com
El Parlamento Europeo aprobó prorrogar doce meses la puesta en marcha de la normativa sobre deforestación, conocida como reglamento 1115/2023, tras las presiones de los países del Mercosur y otros grandes productores de materias primas como la carne y la soja. Esta normativa, que originalmente entraría en vigor en 2024, tiene como objetivo limitar la importación de productos que provengan de zonas recientemente deforestadas.
El retraso fue aprobado con 371 votos a favor, 240 en contra y 30 abstenciones. Además, se incluyó la creación de una nueva categoría de países que no presentan riesgo de deforestación, medida que beneficiará a las naciones con legislaciones de protección forestal avanzadas.
Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), celebró la noticia y afirmó: “Seguiremos trabajando para que nunca se implemente esta normativa que atenta contra la soberanía de nuestras decisiones productivas”. Por su parte, Carlos Castagnani, de CRA, señaló que la prórroga “reconoce nuestras demandas, pero aún hay mucho trabajo por hacer para que se considere la realidad del productor argentino”.
El plazo adicional otorgado por la UE da margen a los exportadores de productos como carne, soja y otros derivados para adaptarse a los nuevos estándares. La nueva fecha de cumplimiento para las grandes empresas será el 30 de diciembre de 2025, mientras que las pequeñas tendrán hasta el 30 de junio de 2026 para ajustar sus procesos.
¿Qué implica la normativa de la UE sobre deforestación?
La ley prohíbe la importación de productos que no estén certificados como “libres de deforestación”. Esto incluye carne, soja, cacao, café, aceite de palma, y otros derivados como cuero y muebles. La prórroga busca dar tiempo a los países exportadores para implementar medidas de rastreo y certificación que cumplan con los criterios europeos.
Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), advirtió que “esta norma genera una carga adicional para el productor y funciona como una barrera paraarancelaria”. Desde la CIARA-CEC también expresaron la necesidad de revisar los procesos de segregación de productos para evitar sanciones.
La Comisión Europea deberá desarrollar un sistema de evaluación de los países exportadores antes del 20 de junio de 2025 para garantizar que cumplan con los nuevos requisitos de sostenibilidad.
