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Por Agroempresario.com
La reciente aprobación de una “tasa solidaria” en Necochea desató una fuerte polémica entre el municipio y el sector agropecuario. La medida, impulsada por Unión por la Patria (PJ) y avalada por el Concejo Deliberante, obliga a los camiones que ingresen o salgan de Puerto Quequén con mercadería a abonar una tasa equivalente al valor de medio litro de gasoil grado 3 por tonelada transportada. Según cálculos de fuentes de la agroexportación, esto representa $750 por tonelada. Para un camión promedio de 30 toneladas, el costo asciende a $22,500.
El productor agropecuario y dirigente de la Sociedad Rural de Necochea, Pablo González, criticó duramente la iniciativa. En una carta pública, aseguró que "el intendente Arturo Rojas y la claque que lo secunda en el Concejo Deliberante han dado una vez más la nota negativa por su irresponsabilidad, indolencia y voracidad fiscal" (La Nación).
González denunció que los fondos recaudados por esta tasa, presentada con el fin de reparar accesos al puerto, terminan desviados a otros usos municipales. Argumentó que, históricamente, menos del 50% de lo recaudado por tasas rurales se destina a su fin específico. Además, señaló que la administración actual suspendió un régimen previo que aseguraba la afectación directa de los recursos, debilitando la infraestructura vial rural.
"Debemos retornar la afectación de fondos porque los caminos son imprescindibles para asegurar la escolarización y salud de la población rural, el transporte de granos y haciendas, y en fin, una mejor calidad de vida", enfatizó (La Nación).
El dirigente también calculó que la nueva tasa restará aproximadamente 4 millones de dólares anuales al sector agropecuario, afectando directamente a los productores del hinterland. Asimismo, subrayó que la medida no respeta los principios constitucionales que regulan el cobro de tasas municipales. "El pago debe tener una contraprestación razonable con el servicio prestado. En este caso, la relación está completamente desdibujada", afirmó (La Nación).
La Sociedad Rural de Necochea evalúa la posibilidad de judicializar la ordenanza, al considerar que su aplicación constituye un "apoderamiento ilegítimo e injusto de los recursos de los contribuyentes". Además, González sugirió que algunos productores podrían decidir iniciar acciones legales de manera individual.
Por otro lado, las críticas al intendente Arturo Rojas no se limitan a esta medida fiscal. Recientemente, fue cuestionado por viajar a Brasil para presenciar una carrera de Fórmula 1, lo que generó malestar entre los vecinos por la aparente desconexión con las prioridades locales.
Con esta nueva controversia, Necochea se suma a la lista de municipios bonaerenses donde las tensiones entre el agro y las administraciones locales siguen escalando, en un contexto de creciente presión fiscal y desafíos económicos.
