Por Agroempresario.com
Este lunes se cumplen cinco años desde que Vicentin, una de las agroexportadoras más importantes del país, solicitó la apertura de su concurso de acreedores. A pesar del tiempo transcurrido, la incertidumbre sigue latente y ahora la definición está en manos de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. La decisión que tome el tribunal será crucial: si homologa el acuerdo con los acreedores, la compañía podrá continuar operando; de lo contrario, el proceso se encaminaría hacia la quiebra definitiva.
La empresa, que en diciembre de 2019 entró en cesación de pagos con una deuda de más de 1500 millones de dólares, se encuentra en un punto crítico. Desde la firma insisten en que si la justicia no aprueba el acuerdo, Vicentin quebrará y se dejarán de pagar salarios. “No hay soluciones mágicas. Si la justicia sigue dilatando los tiempos, la situación llevará a la catástrofe de Vicentin”, advirtió Estanislao Bougain, director independiente de la compañía.
Un proceso judicial sin resolución y el temor a la quiebra
El camino de Vicentin ha estado plagado de obstáculos desde su crisis financiera. En junio de 2020, el entonces presidente Alberto Fernández intentó expropiar la firma, pero la resistencia del sector agropecuario y las protestas masivas hicieron que desistiera de la medida. Luego, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, propuso un esquema de “gerenciamiento” con participación estatal, de los acreedores y de los accionistas de la empresa, pero la iniciativa tampoco prosperó.
Mientras tanto, la actividad productiva de Vicentin sigue parcialmente operativa gracias a la figura del fasón, que permite el procesamiento de granos por cuenta de terceros. Actualmente, ingresan a sus plantas del Gran Rosario unos 250 camiones de girasol por día, una cifra inferior a los 400 camiones diarios en tiempos normales. Sin embargo, desde la empresa advierten que la situación es insostenible: “Vicentin necesita cuatro millones de dólares para continuar. Con este nivel de obligaciones y sin actividad plena, la administración no resiste”, señalaron fuentes internas.
El papel de los acreedores y el avance de Cima SA
Uno de los puntos clave en el desenlace del caso es la reciente intervención del grupo inversor Cima SA, que adquirió la deuda de casi 450 millones de dólares que Vicentin mantenía con bancos internacionales. Esta compra posiciona a Cima como el principal acreedor de la empresa y le otorga un peso determinante en la negociación. Sin embargo, la posibilidad de aplicar un cramdown, un mecanismo de salvataje que permitiría a un tercero tomar el control de la compañía, genera dudas dentro de la misma Vicentin.
“Si la justicia no resuelve la homologación del concurso, el paso siguiente será la quiebra. ¿Quién sostendrá el pago de los salarios si la empresa no trabaja? Un cramdown debe contar con la conformidad de los acreedores, pero mientras tanto, ¿quién financia la operación diaria?”, cuestionó Bougain.
Dos escenarios posibles: homologación o default
La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe tiene dos caminos posibles en este caso:
- Homologación del concurso: si el tribunal avala el acuerdo con los acreedores, Vicentin podrá seguir operando bajo las condiciones actuales, manteniendo el esquema de fasón y asegurando el pago de los salarios. Esto daría margen a la empresa para reestructurar su deuda y buscar soluciones a largo plazo.
- Apertura del camino hacia la quiebra: en caso de que la justicia rechace el acuerdo, la compañía entraría en cesación definitiva de pagos, lo que derivaría en el cierre de plantas, despidos masivos y un fuerte impacto en el sector agroexportador.
La cuenta regresiva para una definición clave
Desde el ámbito judicial se especula que la Corte Suprema santafecina ya tendría definidos sus votos y que la resolución podría conocerse antes del próximo viernes. La expectativa es alta, ya que lo que está en juego no es solo el destino de Vicentin, sino también el de miles de trabajadores y el impacto que su quiebra podría generar en la economía regional.
El futuro de una de las mayores agroexportadoras de Argentina pende de un hilo y la decisión final de la justicia marcará el desenlace de una de las crisis empresariales más grandes de la historia del país.
