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Por Agroempresario.com
La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechazó la homologación del concurso de acreedores de Vicentin, lo que representa un revés crítico para la firma, que enfrenta dificultades financieras desde febrero de 2020. La decisión del tribunal responde a un recurso de inconstitucionalidad presentado por Commodities, acreedor vinculado a la firma Grassi.
El fallo de la Corte anula la sentencia anterior y ordena que el caso sea enviado a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista, aunque ahora será la Cámara de Rafaela la encargada de pronunciarse nuevamente.
Tras la resolución judicial, la empresa comenzó a analizar los próximos pasos a seguir. En paralelo, la incertidumbre crece entre sus 1.200 empleados y en el sector agroindustrial, que observa con preocupación el desenlace de este proceso.
El rechazo de la homologación podría derivar en la apertura de un cramdown, una instancia donde un tercero podría hacer una oferta por la empresa. No obstante, la Corte provincial no dispuso explícitamente esta medida, lo que deja abierta la posibilidad de nuevas definiciones legales antes de una eventual quiebra.
El máximo tribunal santafesino argumentó que la propuesta de pago de Vicentin no garantizaba equidad entre los acreedores, además de carecer de un control sustancial sobre su viabilidad económica. Según el fallo de 114 páginas, los acreedores fueron agrupados en una única clase, lo que benefició a algunos en detrimento de otros. Mientras algunos recibirían el 100% de sus acreencias en plazos cortos, otros sufrirían fuertes quitas y plazos inciertos.
El abogado de Commodities, Gustavo Feldman, celebró el fallo y criticó la sentencia anterior de la Cámara de Reconquista: "Era jurídicamente insostenible porque la propuesta de Vicentin era ilegal, fraudulenta y carente de sustento jurídico".
Desde su default en 2020, Vicentin arrastra una deuda superior a los 1.500 millones de dólares. La empresa propuso pagar el 30% de las acreencias en un plazo de 12 años, con el respaldo de Bunge-Viterra y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). Sin embargo, este plan ha encontrado resistencia entre los acreedores y dificultades en los tribunales.
A lo largo de estos años, el intento de expropiación por parte del gobierno de Alberto Fernández fue rechazado por la sociedad y quedó sin efecto. Posteriormente, la administración de Omar Perotti intentó implementar una empresa mixta con participación estatal, pero la propuesta tampoco prosperó. En todo este tiempo, la cerealera continuó operando, pero con severas limitaciones financieras.
La incertidumbre sobre la continuidad operativa de Vicentin es alta. Actualmente, la empresa funciona procesando granos de terceros, pero su capacidad de trabajo depende de la resolución del concurso. La compañía advirtió que solo cuenta con fondos hasta el 28 de febrero para seguir operando.
En un escrito presentado recientemente, Guido Gabriel Ferullo, apoderado de Vicentin, afirmó que "para que la empresa pueda subsistir tiene que seguir operando, incluso sin generar ganancias, pero la grave situación financiera impide continuar si no se generan recursos para cumplir con sus obligaciones".
El fallo de la Corte santafesina no solo cuestiona la propuesta de pago, sino que también critica la postura de la Cámara de Reconquista, que homologó el acuerdo sin explorar otras alternativas. Según la Corte, "el tribunal a quo planteó un análisis binario entre homologación o quiebra, sin considerar otras opciones viables".
Diversas fuentes del sector consideran que la negativa a la homologación del acuerdo podría empujar a la empresa a la quiebra, un escenario que pondría en riesgo cientos de puestos de trabajo y la continuidad de las operaciones en los puertos del Gran Rosario.
El fallo de la Corte Suprema de Santa Fe fue firmado por el presidente del cuerpo, Roberto Falistocco, y los ministros Daniel Erbetta, Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler y María Angélica Gastaldi, aunque esta última votó en disidencia. Gastaldi dejará su cargo en abril, por lo que su posición no influirá en futuras decisiones del tribunal.
En los próximos días, la Cámara de Rafaela deberá definir un nuevo fallo que podría determinar el futuro de Vicentin. Mientras tanto, el sector agroindustrial sigue de cerca el desenlace de uno de los procesos concursales más importantes del país.
