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Por Agroempresario.com
En un encuentro en la Secretaría de Agricultura, diversas entidades del agro argentino expresaron su "profunda preocupación y firme rechazo" al Reglamento 2023/1115 de la Unión Europea (UE), que busca limitar la comercialización de productos como carne y soja provenientes de zonas deforestadas desde 2021. Aunque la norma debía entrar en vigencia este año, su implementación fue postergada hasta 2026. Los representantes del sector entregaron un documento en el que señalan que la medida "afecta nuestra soberanía nacional, desconociendo las normas de derecho local y vulnerando los derechos e intereses" de la cadena productiva.
La reunión fue encabezada por el subsecretario de Mercados, Agustín Tejeda, y contó con la presencia de funcionarios de Cancillería y la Subsecretaría de Ambiente. Durante el encuentro, las entidades pidieron que la normativa no se extienda a otros ecosistemas o productos. Asimismo, en caso de que la solicitud de "no aplicación" no prospere, propusieron modificaciones para mitigar su impacto comercial.
Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro Exportador de Cereales (Ciara-CEC), destacó la necesidad de reactivar las negociaciones con la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. "Se le solicitó al Gobierno reactivar la estrategia de diálogo y buscar una negociación para revisar y adaptar el reglamento de no deforestación a la realidad productiva de nuestros países, dado que ha sido un reglamento excesivo y unilateral", explicó. Además, mencionó que seguirán trabajando en VISEC, una plataforma de trazabilidad, para ampliar su alcance a todos los productores y operadores de soja y carne bovina.
El sector agropecuario considera que esta normativa impuesta unilateralmente desatiende las políticas nacionales de protección ambiental y afecta la producción y exportación de productos estratégicos. En el documento entregado a las autoridades, se detallaron los puntos más controvertidos del reglamento y se solicitó que no se incluyan más ecosistemas ni nuevos productos dentro de las restricciones.
Las entidades del agro advierten que la aplicación de esta normativa podría generar pérdidas en el mercado europeo y afectar la competitividad de los productores argentinos frente a otros países que ya están definiendo sus respuestas al EUDR (Regulation on Deforestation-free Products). Por ello, propusieron medidas para minimizar el impacto, como cambios en la interpretación de ciertos artículos y la implementación de esquemas de trazabilidad que permitan cumplir con las exigencias sin comprometer la producción.
"Muchas instituciones del agro seguirán avanzando en esquemas de trazabilidad para evitar la pérdida de mercados, sin que esto implique conformidad con el reglamento", indicaron fuentes del sector. Paralelamente, se acordó establecer una mesa de trabajo para dar seguimiento a las negociaciones y coordinar acciones con el Gobierno.
Las instituciones del agro encontraron receptividad en los funcionarios del Gobierno, quienes manifestaron su disposición a relanzar las negociaciones bilaterales y multilaterales con énfasis en el Parlamento Europeo. Se acordó trabajar en colaboración público-privada para fortalecer la postura argentina y preservar los intereses del sector productivo nacional.
Entre las entidades que adhirieron al documento entregado a las autoridades se encuentran: Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja), Asociación Maíz y Sorgo Argentino (Maizar), Asociación Semilleros Argentinos (ASA), Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdC), Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina-Centro Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (Consorcio ABC), Federación Agraria Argentina (FAA), Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales, Fundación Barbechando, Instituto de Negociaciones Agrícolas Internacionales (INAI), Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) y la Sociedad Rural Argentina (SRA).
