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Por Agroempresario.com
Con la aprobación unánime del Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) y un fuerte respaldo político por parte de figuras clave del entorno de Donald Trump, el gobierno de Javier Milei inaugura desde este lunes un nuevo régimen cambiario que implicará la libre flotación del dólar dentro de una banda entre los $1000 y $1400. La medida forma parte del programa de Facilidades Extendidas (EFF, por sus siglas en inglés) que fue diseñado en conjunto con el organismo internacional, tras seis meses de negociaciones técnicas y políticas.
La medida fue bien recibida por los mercados, que anticipan un impacto inmediato en la cotización del dólar, que se moverá desde un valor inicial cercano a los $1370 hacia el centro o incluso el piso de la banda, impulsando la liquidación de divisas por parte de los exportadores. Este esquema busca acelerar la acumulación de reservas por parte del Banco Central (BCRA), bajo una estricta política de control monetario y equilibrio fiscal, dos de los pilares del nuevo modelo económico.
Una de las señales más contundentes del nuevo escenario político y económico será la llegada al país de Scott Bessent, secretario del Tesoro durante la gestión Trump y figura central del ala económica republicana. Bessent se reunirá con el presidente Milei y los principales funcionarios del área económica, entre ellos el ministro Luis Caputo y el titular del BCRA, Santiago Bausili. La visita, cargada de simbolismo geopolítico, no solo refuerza el lazo bilateral con Estados Unidos, sino que también marca una alineación clara con la estrategia internacional del nuevo gobierno.
El desembolso inicial del FMI será de US$12.000 millones —el 60% del total acordado de US$20.000 millones— y se complementará con otros US$1500 millones provenientes del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), además de un préstamo privado (repo) de US$2000 millones. En total, la Argentina recibirá este año US$23.100 millones en financiamiento, lo que brinda un colchón financiero clave para estabilizar el frente cambiario y atender obligaciones externas.
El esquema anunciado implica el fin del “crawling peg” que se venía aplicando con una devaluación mensual del 1% y la implementación de una banda de flotación que, si bien no es completamente libre, permite mayor flexibilidad. Dentro de este rango, el BCRA intervendrá solo si el dólar supera el techo o perfora el piso, vendiendo o comprando divisas respectivamente. Esta estrategia busca reducir la volatilidad sin perder el control del proceso de acumulación de reservas, cuyo objetivo para este año es de US$4000 millones netos.
Además, se elimina el dólar blend, por lo que el tipo de cambio tenderá a unificarse, excepto en el caso de gastos con tarjeta y turismo, que seguirán incluyendo una percepción del 30% a cuenta del impuesto a las ganancias. El cepo cambiario comenzará a desmontarse, primero para personas físicas, mientras que para empresas la repatriación de dividendos recién será habilitada desde 2025, a través de un nuevo bono Bopreal que administrará los pasivos heredados.
El segundo pilar del acuerdo con el FMI es el compromiso de equilibrio fiscal. El gobierno ya anunció que buscará alcanzar un superávit primario del 1,6% del PBI, por encima del 1,3% previsto inicialmente en el acuerdo. Para ello, se implementarán nuevos recortes en partidas del Estado, eliminación de subsidios y mejoras en la eficiencia del gasto público.
Esta política fiscal contractiva se complementa con una base monetaria rígida, que hoy representa la mitad de su valor histórico en relación al PBI. Según explicó Felipe Núñez, asesor del Ministerio de Economía, “nunca antes se vio una conjunción de superávit fiscal, cantidad de dinero fija y tipo de cambio libre”. De esta manera, se espera que el nuevo esquema no solo permita estabilizar el tipo de cambio, sino también acelerar la baja de la inflación, que aunque sufrirá un rebote en el corto plazo, mostraría una tendencia descendente en el mediano plazo.
Desde la Casa Rosada aseguran que estas condiciones —ancla monetaria, superávit fiscal y respaldo financiero— permitirán absorber mejor cualquier shock externo, como la actual guerra comercial y monetaria entre Estados Unidos y China. Incluso, el programa contempla herramientas de contingencia, como suba de tasas de interés en caso de necesidad de absorción monetaria.
Para el sector agroexportador, el nuevo régimen implica un incentivo directo a la liquidación de divisas, clave para alimentar las reservas y estabilizar el mercado. La posibilidad de operar dentro de un rango amplio genera previsibilidad para los exportadores, que podrán planificar sus ventas sin temor a desfasajes abruptos entre el tipo de cambio oficial y los paralelos.
Además, la eliminación del dólar blend y la casi total unificación del tipo de cambio reducen las distorsiones en los precios relativos. El campo, tradicional generador de divisas, se convierte así en un actor central en la estrategia del gobierno para robustecer el frente externo. Se estima que durante los primeros meses de implementación, el ingreso de divisas por liquidaciones podría aumentar entre un 20% y 30%.
En este sentido, la confianza será un factor clave. La llegada de Bessent, los desembolsos inmediatos del FMI y organismos multilaterales, y la implementación de un régimen cambiario con reglas claras, son señales que podrían consolidar esa confianza tanto en los mercados como en los productores. “El nuevo esquema no es solo técnico; es una apuesta a la credibilidad”, afirman en el entorno de Caputo.
El tercer pilar del programa con el FMI contempla una serie de reformas estructurales, que incluyen cambios en el régimen laboral, tributario y jubilatorio. Estas reformas no serán inmediatas, sino que se implementarán tras las elecciones legislativas previstas para fin de año, cuando el gobierno espera contar con un mayor respaldo político en el Congreso.
Entre las medidas que se estudian figuran una nueva ley laboral que flexibilice contrataciones, una simplificación del sistema impositivo y una reforma previsional que tienda a la sustentabilidad del sistema. Estas transformaciones son vistas como esenciales por el FMI para garantizar la viabilidad de largo plazo del programa económico y sentar las bases de un nuevo ciclo de crecimiento.
Desde el organismo internacional destacan la solidez técnica del programa argentino, pero advierten que su éxito dependerá en gran parte del apoyo político y social que logre construir el gobierno. Como lo expresó recientemente Kristalina Georgieva, directora del Fondo: “Un buen programa requiere no solo buenos fundamentos económicos, sino también legitimidad democrática”.
En ese sentido, el gobierno de Javier Milei enfrenta el desafío de compatibilizar el ajuste fiscal con la contención social. Los próximos meses serán determinantes para evaluar si el nuevo rumbo económico logra consolidar resultados concretos: baja de la inflación, estabilización del dólar, crecimiento del crédito y reactivación de sectores productivos.
