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Por Agroempresario.com
En una medida que impactará de lleno en la actividad agroindustrial, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el fin del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), una exigencia que regía desde 1994 y trabaja el ingreso de maquinaria agrícola y equipamiento de segunda mano al país. La decisión, que será oficializada mediante un decreto en las próximas horas, forma parte de un paquete más amplio de desregulaciones orientadas a flexibilizar el comercio exterior y dar respuesta a reclamos históricos de productores, contratistas y socios internacionales.
La eliminación del CIBU beneficiará especialmente al agro, donde los altos costos de la maquinaria nueva habían puesto un freno a la incorporación de tecnología. Según indicó Caputo a través de su cuenta de X, a partir de ahora la importación de maquinaria usada se realizará de manera automática, sin necesidad de trámites burocráticos ni autorizaciones adicionales. “Esta norma beneficiará a los sectores que, al no tener la posibilidad de acceder a bienes de capital nuevos, podrán optar por bienes usados, para producir de manera más competitiva”, expresó.
Si bien el CIBU alcanzaba a múltiples sectores, en el campo era particularmente resistido. Productores y contratistas venían reclamando desde hace años la posibilidad de acceder a maquinaria usada —principalmente tractores, cosechadoras, sembradoras y pulverizadoras— a precios más accesibles que los del mercado local. En muchos casos, los mismos modelos se ofrecían en países vecinos a valores notablemente inferiores.
Pero la presión para levantar esta restricción también llegó desde afuera. Según pudo confirmar Agroempresario.com, el gobierno de los Estados Unidos había manifestado su malestar por las trabas impuestas por la Argentina al ingreso de productos “remanufacturados”, especialmente en sectores clave como el agrícola. En un documento oficial, la administración de Donald Trump señaló que medidas como el CIBU “limitan el acceso al mercado de exportadores estadounidenses y desincentivan la sostenibilidad al frenar el comercio de productos más eficientes en el uso de recursos”.
La queja norteamericana no era aislada: también Brasil, Ecuador y Vietnam fueron mencionados en el mismo informe como países con políticas restrictivas. Sin embargo, fue la Argentina la que finalmente dio el paso, tras años de idas y vueltas con el sector privado.
Además del agro, la eliminación del CIBU impactará en otras actividades clave como la minería, el sector energético y el hidrocarburífero, que también podrán incorporar equipamiento usado de forma más ágil y sin intervención estatal. “Es un beneficio para sectores estratégicos, porque les permite importar sin que el Estado limite sus decisiones empresariales”, afirmó Caputo.
El funcionario detalló que, solo en 2023, el sistema de CIBU implicó la tramitación de 1500 expedientes, en muchos casos demorando proyectos productivos por meses. La norma, creada por la resolución 909/1994 del entonces ministro Domingo Cavallo, establecía un complejo circuito de validaciones entre la Secretaría de Comercio, la industria nacional y los importadores.
Si bien Caputo no mencionó explícitamente a la maquinaria agrícola en su mensaje, fuentes oficiales confirmaron que el sector está incluido en la derogación del CIBU. El anuncio fue recibido con expectativa por parte de las empresas importadoras y los productores, que ahora esperan conocer el texto completo del decreto para evaluar el alcance preciso de la medida.
Desde el sector, advierten que la posibilidad de incorporar equipos usados permitirá mejorar la eficiencia en momentos donde el acceso al crédito y los costos de renovación de flota siguen siendo una barrera. “Para muchos contratistas es la única forma viable de acceder a tecnología moderna”, expresó un referente del rubro.
Con esta decisión, el gobierno busca enviar una señal de apertura comercial y alineamiento con los reclamos de sus principales socios internacionales, al tiempo que descomprime tensiones con sectores productivos clave. Ahora, el desafío será garantizar que esta flexibilización no derive en el ingreso de equipamiento en malas condiciones o con riesgos fitosanitarios, una de las principales objeciones históricas a la importación de maquinaria usada.
