Privatizaciones en marcha: el Gobierno define el futuro de ocho empresas públicas estratégicas

Por Agroempresario.com

El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, ha definido un plan de acción para privatizar ocho empresas públicas que quedaron habilitadas para ese fin tras la reciente sanción de la Ley Bases. Enarsa, Nucleoeléctrica Argentina, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Intercargo, AySA, Trenes Argentinos (SOFSE), Belgrano Cargas y Corredores Viales integran la lista de compañías que pasarán, total o parcialmente, a manos privadas mediante distintos mecanismos: concursos públicos, Ofertas Públicas de Venta (OPV) y concesiones.

La estrategia está a cargo de Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Desde el Ejecutivo aseguran que no se trata de una privatización acelerada, sino de un proceso diseñado para garantizar "el mejor precio posible" y evitar cuestionamientos futuros. Los tiempos están marcados por un objetivo clave: tener una hoja de ruta detallada para presentar al Fondo Monetario Internacional (FMI) antes de noviembre.

El proceso requiere varios pasos: la habilitación legal a través de la Ley Bases, un decreto presidencial que autorice la venta, informes técnicos detallados, elaboración de pliegos y, finalmente, la venta o concesión de las empresas. Hasta el momento, Enarsa, Intercargo, Corredores Viales y Belgrano Cargas son las que han avanzado hasta la segunda etapa.

Los tres modelos previstos para avanzar con las privatizaciones son:

• Concursos públicos: venta de acciones a oferentes locales e internacionales, en esquemas similares a fusiones y adquisiciones.
   
• Oferta Pública de Venta (OPV): colocación de acciones en la Bolsa, permitiendo el ingreso de capitales privados a través del mercado de valores.
   
• Concesiones: cesión de la operación de servicios, seguida eventualmente del cierre formal de la empresa.

En palabras de un funcionario cercano al proceso, “con Milei, el mundo ha vuelto a interesarse en Argentina. Si la macroeconomía sigue ordenada y se logran buenos resultados electorales, las inversiones van a llegar”. La visión del Gobierno es que la venta de estas empresas permitirá mejorar la eficiencia, atraer capital privado y reducir el déficit del Estado, sin que eso implique un desmantelamiento abrupto de estructuras estratégicas ni afectación inmediata del empleo.

El caso de IMPSA, la primera empresa privatizada bajo esta administración, es utilizado como ejemplo: fue adquirida por una compañía estadounidense que asumió las deudas y comprometió futuras inversiones.

Según fuentes oficiales, el plan para cada empresa es el siguiente:

• Enarsa: será dividida en 15 unidades de negocio. La venta de las acciones de Citelec (controlante de Transener) será el primer paso, mediante concurso público nacional e internacional.
   
• Intercargo: se abrirá un concurso público con participación de oferentes locales y extranjeros.
   
• AySA: la mayoría accionaria será vendida por concurso, mientras que una porción menor se colocará en la Bolsa.
   
• Belgrano Cargas: se licitará operación y mantenimiento de las vías, con un sistema de peajes. También se venderán los rodados, y luego se dará de baja el CUIT para cerrar la empresa.
   
• SOFSE (Trenes Argentinos): se licitarán los servicios que presta, manteniendo cierto nivel de supervisión estatal.
   
• Corredores Viales: concesión de los tramos viales operados por la empresa y cierre posterior de su estructura administrativa.
   
• Nucleoeléctrica Argentina: se planea vender hasta el 49% de sus acciones mediante concurso público.
   
• Yacimientos Carboníferos Río Turbio: el caso más complejo. Se buscará venderla mediante concurso, procurando atraer a un operador que se haga cargo de su gestión integral.
   

Aunque la Ley Bases excluyó del proceso a Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina (RTA) y Correo Argentino, Milei reafirmó que su intención es privatizarlas más adelante, junto con el Banco Nación, al que ya le quitó el monopolio de la gestión de sueldos públicos.

En términos fiscales, la carga que representan estas empresas es significativa. Solo en 2024, el Tesoro Nacional destinó más de 4 billones de pesos para cubrir sus déficits operativos.

Desde la Casa Rosada admiten que el calendario electoral y el contexto económico juegan un rol decisivo. Por eso, se prioriza avanzar con los procesos técnicos en 2024 y dejar para después de las elecciones los tramos más sensibles de las privatizaciones, en un clima más estable y favorable para la inversión.

No obstante, los datos del Banco Central muestran una realidad desafiante: la Inversión Extranjera Directa (IED) viene en baja. En los últimos tres meses, la salida neta alcanzó niveles récord: USD 811 millones en diciembre, USD 270 millones en enero y USD 1.119 millones en febrero, totalizando USD 2.200 millones. Con este panorama, el Gobierno apuesta a que el orden macroeconómico y la claridad legal puedan revertir la tendencia.