Por Agroempresario.com
El Gobierno nacional oficializó una reestructuración clave dentro del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger. A través del Decreto 302/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, se redefinieron funciones y estructuras internas de la cartera, al tiempo que se incorporó una nueva responsabilidad: intervenir en el cumplimiento de la normativa que regula el acceso a la información pública.
El texto, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del propio Sturzenegger, consolida un nuevo esquema institucional para el ministerio encargado de ejecutar buena parte del plan de “achicamiento del Estado”. Según lo especificado en el documento, se aprobó el primer y segundo nivel operativo del organismo, lo que implica validar nuevos organigramas, tareas y jerarquías, además de homologar cargos conforme al sistema del empleo público nacional (SINEP).
Uno de los cambios más destacados es la incorporación de la supervisión sobre la Ley N° 27.275, que regula el acceso a la información pública. Esta tarea será asumida por la Subsecretaría de Gestión Administrativa del ministerio, con el objetivo declarado de fortalecer los mecanismos institucionales de transparencia en la administración pública. De este modo, el área de Desregulación se posiciona también como actor en el control de la rendición de cuentas estatal.
“La medida busca reforzar la institucionalidad en materia de acceso a la información, clave para garantizar una gestión abierta y responsable”, señalaron fuentes oficiales. No obstante, desde sectores de la oposición ya se manifestaron alertas respecto a que esta función recaiga en una cartera cuyo eje ha sido la eliminación o simplificación de normativas existentes.
A nivel organizativo, el decreto también habilita al titular del ministerio a realizar cambios adicionales en el segundo nivel de estructura, siempre que no se altere la cantidad de unidades ni el presupuesto asignado. Para ello, cada modificación deberá contar con el visto bueno previo de la Dirección Nacional de Diseño Organizacional del mismo ministerio. Mientras tanto, se mantendrán vigentes las estructuras actuales hasta que se complete el proceso de transición.
El financiamiento de todas estas reformas será cubierto con partidas correspondientes a la Jurisdicción 89, que identifica presupuestariamente al Ministerio de Desregulación. Según se informó, los costos no implicarán un gasto adicional sino una reasignación interna de los recursos existentes.
En paralelo con los cambios estructurales, Federico Sturzenegger participó recientemente de un evento en la Universidad de Harvard, donde delineó ante un auditorio académico los fundamentos ideológicos y económicos detrás del plan de reformas en marcha. Allí reafirmó que el camino hacia el superávit fiscal no pasa por aumentar impuestos, sino por una fuerte reducción del tamaño del Estado y la eliminación de barreras regulatorias que, a su entender, frenan la competitividad de la economía argentina.
“El gasto público debe recortarse de forma decisiva. No hay otra vía sostenible hacia el equilibrio fiscal”, sostuvo durante su exposición en el JFK Jr. Forum. También anticipó que se avecina un nuevo paquete de reformas estructurales, centradas en el mercado laboral, el sistema tributario y la apertura comercial. “La Argentina necesita ajustar su sistema impositivo y profundizar la apertura exportadora, especialmente en sectores con alto potencial como la energía y la minería”, explicó.
Según el ministro, el aumento reciente en las exportaciones podría favorecer una mayor disponibilidad de divisas y eventualmente una apreciación del peso, lo cual consolidar la estabilidad macroeconómica. De todas formas, Sturzenegger advirtió que no todo el camino será fácil: “Los grupos que se benefician del status quo van a resistir. No van a quedarse de brazos cruzados mientras desarmamos los privilegios”.
En esa línea, destacó que su cartera ha recibido más de 12.000 presentaciones ciudadanas vinculadas a trabas y normativas absurdas, lo cual, aseguró, ha ayudado a definir prioridades en la agenda de desregulación. “La sociedad quiere un Estado más eficiente y menos intrusivo. Nuestra misión es atender ese reclamo”, concluyó.
Con el Ministerio de Desregulación tomando cada vez mayor protagonismo tanto en lo técnico como en lo simbólico, el Gobierno parece decidido a consolidar una nueva lógica de gestión estatal: menos estructura, menos intervención, pero también, según aseguran, más control sobre el acceso a la información y los resultados.