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Por Agroempresario.com
En abril, el Gobierno nacional dio un paso más en su estrategia de ajuste fiscal, intensificando la poda del gasto público en áreas clave como los subsidios económicos, la obra pública y los salarios estatales. El objetivo: alcanzar los 6 billones de pesos de superávit primario necesarios para cumplir con la primera meta pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Según datos preliminares estimados por consultoras privadas y la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el gasto primario cayó un 5,6% en términos reales respecto al mismo mes del año anterior, lo que convierte a abril en el primer mes de 2025 con una reducción efectiva del gasto público.
Uno de los recortes más significativos se registró en el área de subsidios a la energía. Según la consultora Analytica, el gasto en este rubro cayó cerca de un 70% interanual, como resultado del esquema de quita progresiva que el Gobierno viene implementando desde el año pasado.
“La reducción es efecto de la eliminación escalonada de subsidios a las tarifas, que está prevista que continúe a lo largo del año”, detallaron desde Analytica. Este ajuste no solo impacta en la distribución energética, sino también en sectores industriales y residenciales, alterando el esquema de costos para empresas y familias.
El ajuste también alcanzó fuertemente a los gastos de capital, con una contracción del 63% respecto de abril de 2024. La obra pública, como en anteriores ciclos de ajuste fiscal, vuelve a ser uno de los componentes más vulnerables ante la necesidad de achicar el déficit.
Según la OPC, los proyectos de infraestructura se vieron prácticamente paralizados, afectando no solo a grandes obras federales sino también a proyectos provinciales y municipales, muchos de los cuales dependían de la financiación nacional.
El gasto en remuneraciones del sector público tuvo una baja de 12,8% en términos reales, impactando en el poder adquisitivo de los empleados públicos nacionales. A esta contracción se suma la disminución de partidas para programas sociales como Potenciar Trabajo, becas Progresar y políticas alimentarias, con una caída del 20,2%.
También se recortaron fuertemente los subsidios al transporte (-23,9%), afectando el sostenimiento de tarifas subsidiadas en colectivos y trenes, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En contraste con la tendencia general, hubo algunas partidas que aumentaron en términos reales:
La explicación principal para el aumento en jubilaciones radica en la fórmula de movilidad previsional, que ajusta los haberes en función del índice de inflación.
Hasta marzo, el superávit primario acumulado fue de 4,5 billones de pesos. El Gobierno necesita alcanzar los 6 billones al cierre de mayo para no incumplir el primer objetivo fiscal establecido con el FMI.
Según la OPC, el superávit acumulado hasta abril habría sido de 5,9 billones, mientras que ASAP lo estimó en 5,8 billones, incluyendo un superávit financiero de $3,6 billones, ya incorporando intereses de deuda.
La diferencia entre las estimaciones privadas y los datos oficiales radica en la metodología utilizada: los informes como el de OPC se basan en gasto devengado (comprometido), mientras que el Ministerio de Economía pública datos en base a caja (efectivamente pagado).
A diferencia de 2024, este año el Gobierno no contará con ingresos fiscales extraordinarios como el impuesto PAIS o los ingresos por el paquete fiscal de la Ley de Bases.
Esto implica que el aumento del superávit primario del 1,3% al 1,6% del PBI deberá lograrse casi exclusivamente por la vía del recorte del gasto, algo que ya fue anticipado por voceros del equipo económico de Luis Caputo.
Este tipo de consolidación fiscal, si bien efectiva para cumplir metas con el FMI, plantea desafíos importantes desde lo social y lo productivo, especialmente en sectores como la construcción y el transporte, tradicionalmente dinamizadores del empleo.
Con el resultado fiscal de abril que se publicará el próximo viernes por parte de la Secretaría de Hacienda, el Gobierno buscará mostrar al Fondo y a los mercados que sigue comprometido con la meta de equilibrio fiscal, incluso si eso significa sostener un ajuste severo con alto costo político.
