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Por Agroempresario.com
En un nuevo análisis difundido por el ingeniero agrónomo y exfuncionario Néstor Roulet, quedó expuesta una realidad preocupante para la campaña agrícola 2025/26: el productor sojero argentino necesita obtener un rendimiento de al menos 34 quintales por hectárea (qq/ha) para cubrir sus costos si se mantienen los derechos de exportación (DEX). Ese número no es menor: está por encima del rendimiento promedio nacional, que hoy ronda los 28 qq/ha, lo que deja a la mayoría de los productores en una situación de pérdida.
Según el informe elaborado por Roulet y compartido a través de sus redes sociales, “el productor argentino, a pesar de bajar costos y aumentar la producción en soja, no le alcanza”. La frase sintetiza el sentimiento generalizado en el campo, donde los márgenes son cada vez más estrechos y las cargas fiscales más pesadas.
En su estudio, Roulet plantea dos escenarios: uno con retenciones y otro sin ellas. En el primero, el cálculo del rinde de indiferencia (es decir, el rendimiento necesario para no perder ni ganar dinero) se ubica en 34 qq/ha. Esta cifra surge de la combinación entre el precio FAS recibido, que se calcula en US$275 por tonelada, y un costo total de US$947 por hectárea.
Este monto incluye:
Labores: 124 U$S/ha
Insumos: 238 U$S/ha
Costos indirectos (cosecha, flete, comercialización): 178 U$S/ha
Alquiler promedio: 412 U$S/ha
El panorama, según Roulet, es claro: con los valores actuales, el negocio de la soja no cierra para la mayoría de los productores, incluso cuando se busca eficiencia y se reducen los costos operativos.
El segundo escenario que plantea el informe elimina los derechos de exportación. En este caso, el precio FAS mejora sustancialmente y alcanza los US$380 por tonelada, lo que reduce el rinde de indiferencia a 29 qq/ha. Sin embargo, este número sigue por encima del promedio nacional.
El problema, subraya Roulet, es que los costos siguen siendo altos, especialmente los vinculados al alquiler, que en este escenario se calcula en US$570 por hectárea. Así, el costo total asciende a US$1.110 por hectárea, con los demás componentes (labores, insumos, cosecha y comercialización) manteniéndose estables.
Es decir, aun sin retenciones, el productor necesita rendimientos que superan los promedios actuales para salir hecho.
El informe no sólo hace foco en los números, sino que también lanza una fuerte crítica a las políticas agropecuarias vigentes. Roulet apuntó directamente contra José Luis Iraeta, actual secretario de Bioeconomía, y remarcó que, incluso eliminando las retenciones, los márgenes siguen siendo limitados.
“El sistema está diseñado para que el productor quede siempre ajustado”, señaló el exfuncionario, quien además pide una revisión profunda del esquema impositivo, especialmente en un contexto donde la sequía, la inflación, y la presión impositiva ya erosionaron la rentabilidad en campañas anteriores.
La soja, que fue durante años el motor exportador de la economía argentina, atraviesa un momento complejo. Los altos costos internos, la falta de incentivos fiscales, las dificultades para acceder a insumos clave y un tipo de cambio desfavorable están provocando una pérdida de competitividad frente a otros países productores.
A esto se suma la incertidumbre macroeconómica, que impacta tanto en las decisiones de siembra como en la comercialización. Muchos productores optan por postergar ventas o buscar alternativas, pero las restricciones externas, como los cupos y la falta de estabilidad en los precios internacionales, complican aún más la situación.
Más allá de los números fríos, el escenario que describe Roulet tiene consecuencias profundas para las economías regionales. En muchas zonas del país, especialmente en el norte de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, la soja representa una fuente clave de ingresos, empleo y dinamismo económico.
Si los márgenes se siguen estrechando y los rindes no mejoran, muchos productores podrían salir del sistema, dejando tierras improductivas o cambiando de cultivo, lo que a su vez impacta en proveedores, contratistas y el entramado agroindustrial local.
Para Roulet y otros referentes del sector, el primer paso es claro: eliminar las retenciones. Aunque esto no resolvería todos los problemas, permitiría mejorar el precio recibido por el productor y aliviaría la carga financiera.
Pero no es suficiente. También se requiere:
Un esquema impositivo más progresivo, que no penalice al que produce más.
Financiamiento accesible para inversión en tecnología y eficiencia.
Mayor estabilidad macroeconómica, que permita planificar con horizontes más largos.
Políticas de infraestructura rural, que reduzcan los costos logísticos.
Transparencia en los mercados y reglas claras para la comercialización.
El análisis de Roulet no es aislado: se inscribe en un creciente reclamo de los productores agropecuarios, que advierten sobre la necesidad de reformular la política agroindustrial de la Argentina si se quiere sostener la competitividad del campo.
Mientras el mundo demanda alimentos, energía y biomateriales, el productor argentino necesita condiciones que le permitan responder a esa demanda sin ahogarse en impuestos o quedar fuera de juego por falta de rentabilidad.
La campaña 2025/26 ya comenzó a delinearse y, si las condiciones no cambian, muchos actores temen que vuelva a repetirse un patrón de desinversión y retracción productiva que afecte la base exportadora del país.
